Entre 10,6 y 96,3 por ciento adicional de interés deben pagar los usuarios que solicitan créditos en bancos, según un estudio elaborado por el Sernac. El sondeo evaluó créditos de 40 instituciones por montos entre 500 mil y tres millones de pesos, en plazos de 24 y 36 meses.
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) reveló un estudio diferencias de hasta 378 por ciento en el costo anual de los créditos de consumo ofertados por las distintas empresas bancarias, incluso siendo obligatoria la publicación de la Carga Anual Equivalente (CAE), indicador que refleja el costo final del crédito.
Las cifras reveladas por el organismo constatan la usura financiera del país, con préstamos desregulados y un nula protección del Estado sobre los consumidores y sus negociaciones.
El CAE es y será insuficiente hasta que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) tenga atribuciones y un sentido social que le permita cumplir el que debiera ser su rol: “Lo único que se quiere obtener es mayor información y la mejor información no basta para los consumidores, porque tenemos una relación desequilibrada en que el proveedor coloca las condiciones y el consumidor las acepta o no obtiene el crédito. Por lo tanto, no tiene ninguna posibilidad de discutir. Tenemos una Superintendencia que para regular la tasa de interés mira las de los bancos y saca el promedio, pero no tiene fiscalización ni regulación.
Para obtener una regulación eficiente se deberían emplear políticas equitativas entre los consumidores y el mercado, utilizando variables que demuestren la real estabilidad financiera de los ciudadanos, como por ejemplo, los reajustes al Índice de Precios del Consumidor (IPC) o la tasa de política monetaria que fija el Banco Central a las empresas crediticias. Hasta que ocurra lo anterior, el Estado seguirá siendo “un experto en vulnerar y abusar de los ciudadanos”.
Se deben crear nuevas atribuciones para crear las tasas de riesgo. Que los bancos tengan una utilidad razonable y no el 30 por ciento como están obteniendo hoy sobre el capital invertido. Que la Superintendencia juegue un rol que hoy no está jugando, porque todo lo regula el mercado. Por lo tanto, necesitamos mayor legislación, regular las tasas de interés del costo de mantención de las tarjetas de crédito. No puede haber diferencias de hasta diez veces entre una y otra. No hay control ni voluntad política para regular este mercado.
Las organizaciones de consumidores exigen a la institucionalidad reforzar los mecanismos de fiscalización y crear nuevos estándares que apliquen a los créditos. De lo contrario, instaron a los consumidores a cotizar y, en lo posible, dispensar de los préstamos desregulados.
