A un año y tres meses de que el gobierno enviara al congreso el proyecto de ley que establece penas graves al delito de colusión, el Ministerio Público solicitó a la comisión de Economía de la Cámara de Diputados modificaciones a la iniciativa legal, con el objetivo de facilitar la persecución de ilícitos económicos.
Según la futura norma, el rol de la fiscalía es clave, pues será el ente encargado de perseguir y solicitar las nuevas penas (que pueden llegar a 10 años de cárcel), si se comprueban acuerdos entre empresas para controlar los mercados, hecho que afecta directamente a la población.
A través de un oficio enviado el 8 de junio al Congreso, el fiscal nacional, Jorge Abbott, indicó que, tal como está redactado el proyecto, el Ministerio Público dependería de dos instancias para indagar los casos: una sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y, además, de una querella de la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Ello es calificado por Abbott como un “doble requisito de procesabilidad (…) lo que restringe fuertemente la posibilidad de aplicación de penas”.
Añadió que algunos puntos de iniciativa “relativizan la posibilidad de imponer una sanción penal a los responsables del diseño o implementación de un acuerdo colusorio, al condicionar la apertura de un proceso a una decisión de la autoridad administrativa”.
Además, dice que la “entrega de la facultad de iniciar el proceso criminal a la discrecionalidad de la autoridad administrativa (la FNE), se presenta como una contradicción”.
El presidente de la Corporación de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, apoyó la visión de la fiscalía: “es discutible que todo quede a criterio del fiscal nacional económico, que puede tener intereses en el caso”. También solicitó a los parlamentarios que se establezca que los usuarios puedan denunciar estos hechos, sin tener que esperar que otros tribunales lo hagan: “si tenemos pruebas, se pueden exigir que asuman su responsabilidad”.
Según la futura norma, el rol de la fiscalía es clave, pues será el ente encargado de perseguir y solicitar las nuevas penas (que pueden llegar a 10 años de cárcel), si se comprueban acuerdos entre empresas para controlar los mercados, hecho que afecta directamente a la población.
A través de un oficio enviado el 8 de junio al Congreso, el fiscal nacional, Jorge Abbott, indicó que, tal como está redactado el proyecto, el Ministerio Público dependería de dos instancias para indagar los casos: una sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y, además, de una querella de la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Ello es calificado por Abbott como un “doble requisito de procesabilidad (…) lo que restringe fuertemente la posibilidad de aplicación de penas”.
Añadió que algunos puntos de iniciativa “relativizan la posibilidad de imponer una sanción penal a los responsables del diseño o implementación de un acuerdo colusorio, al condicionar la apertura de un proceso a una decisión de la autoridad administrativa”.
Además, dice que la “entrega de la facultad de iniciar el proceso criminal a la discrecionalidad de la autoridad administrativa (la FNE), se presenta como una contradicción”.
El presidente de la Corporación de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, apoyó la visión de la fiscalía: “es discutible que todo quede a criterio del fiscal nacional económico, que puede tener intereses en el caso”. También solicitó a los parlamentarios que se establezca que los usuarios puedan denunciar estos hechos, sin tener que esperar que otros tribunales lo hagan: “si tenemos pruebas, se pueden exigir que asuman su responsabilidad”.
Fuente: LaTercera
