Casos similares en mercados internacionales. Eso miró Felipe Irarrázabal antes de iniciar, de oficio, una investigación en el mercado tissue que ayer hizo pública al demandar ante el Tribunal de Defensa de la Libre Comptencia (TDLC) a CMPC Tissue y SCA (ex PISA), por coludirse durante 10 años para fijar cuotas de mercado y manejar precios.
Irarrázabal, titular de la Fiscalía Nacional de Economía (FNE), califica dicho acuerdo como un cartel colusorio 3.0. Es decir, más sofisticado y sutil que otros que ha desbaratado anteriormente.
¿Qué tipo de antecedentes tenían para iniciar esta investigación?
Nosotros estábamos en antecedentes de que en mercados parecidos con actores parecidos había ocurrido una conducta atentatoria contra la libre competencia y gracias a las relaciones que tenemos con agencias de otros países, pensamos que podría también ocurrir, o haber ocurrido, en nuestro país.
Específicamente, ¿qué mercados extranjeros revisaron?
Son cuestiones generales, pero vimos todo el mercado del papel y, en concreto, nos concentramos en el mercado del tissue.
Cuando la fiscalía pone su ojo en el mercado local, ¿qué indicios le llamaron la atención?
Una serie de cuestiones, pero eso se va a ir viendo cuando se vaya mostrando la evidencia que va a ser parte del proceso probatorio. Como fiscalía estamos muy tranquilos en que el relato de cómo aparecen los hechos en el requerimiento, muestra que tenemos muy buena evidencia para probar que las cosas ocurrieron tal cual ahí se describen.
Ahora, esa nitidez de la imagen la podemos obtener gracias a que aquí operó una delación compensada primero; y después, una segunda delación compensada, de manera que los dos actores que participaron de este cartel nos reconocieron y describieron los hechos.
En este caso, ¿la FNE invitó a las empresas a auto delatarse?
En la guía nuestra hay una invitación a utilizar este mecanismo. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que este mecanismo sea lo más utilizado posible, porque esto permite desbaratar los carteles. La empresa tiene completa libertad y autonomía para auto denunciarse o no.
CMPC se auto denunció en marzo y SCA en octubre. ¿A qué atribuye esa distancia?
Acogimos esa primera delación y nos demoramos un tiempo en analizar esos antecedentes. Después de eso, continuamos la investigación abierta y ahí hicimos un allanamiento a SCA. Luego de ello, esa empresa hizo un análisis de su situación y llegó a la convicción de que se habían cometido infracciones y entonces nos solicitó una delación compensada.
Las medidas intrusivas jugaron un papel importante entonces…
Aquí está operando toda la reforma del 2009, en el sentido de las delaciones compensadas y las facultades intrusivas.
¿Cuánto es el impacto económico que causó esta colusión?
No es un tema que tengamos que calcular, pues este no es un juicio de indemnización de perjuicios. Hay una dificultad técnica en hacerlo cuando tienes carteles de tanta duración, ya que debes hacer bastantes supuestos. Pero en el proceso vamos a demostrar que, al menos, cada una de las compañías habrían sido acreedoras del máximo legal, es decir de las 30 mil UTA, por esta infracción. Eso de alguna forma mide el beneficio económico que ellos obtuvieron por el hecho del cartel.
El inicio de este cartel está marcado por reuniones entre Gabriel Ruiz-Tagle y Jorge Morel. ¿Qué tan relevante fue el papel que jugaron ambos en esta colusión?
Las delaciones compensadas las pueden hacer las empresas y las personas naturales. Cuando es una empresa, incluye a su actuales y ex ejecutivos. Entonces, el blindaje no es solo sobre las personas jurídicas, sino que también sobre las naturales. A esas personas se les tomó declaración y contribuyeron a la nitidez en relación a los hechos.
Usted describe en su requerimiento que la colusión se realizó a través de correos electrónicos personales, teléfonos de prepago y documentos físicos. ¿Qué le parece esa forma de actuar?
No nos extraña, porque claramente hay mucho secretismo. Pero es la forma que se da en los países que ya van teniendo cierta madurez. Entonces, estos carteles se van celebrando, monitoreando y ejecutando de una manera mucho más sutil. Este es un cartel 3.0 que ha sobrepasado las colusiones iniciales que desbarató la fiscalía hace varios años atrás. Tampoco es coincidencia la fecha en la que se desbarata, que está conectada con el cartel de pollos y, en parte, con el de las farmacias.
¿Esos casos sirvieron para desbaratar este cartel?
Tenemos una fijación en relación a los carteles, pues son un cáncer para la economía. Esta fijación se traduce en que sabemos que los mercados están viendo lo que hacemos y en la medida que vean que somos eficientes y eficaces y logramos sentencias condenatorias, provoca un nivel de disuasión mayor y hace que el cartel bajo secretismo sea difícil de administrar. Ahora, en el proyecto de ley (que está en el Congreso) hay un cambio que va hacer aún más disuasivo producir carteles. Se establece una multa con un tope muy superior a las 30 mil UTA, y que está relacionada con hasta un 30% de las ventas de la línea cartelizada.
Algunos empresarios han dicho sobre aquello que podría llevar a la quiebra a algunas compañías.
Sí, y me parece un pésimo argumento.
Fuente: LaTercera
