El ex asesor en libre competencia de la Presidenta Michelle Bachelet y ex ministro del TDLC, admitió que “no está resuelto el penalizar los carteles en Chile, pero lo que sí se dijo en el programa de Gobierno es que en el caso que se decida establecerlo es derogando el artículo 285 actual y que sea para acuerdos de competidores que confieran poder de mercado en los sectores alimentación, salud y vivienda”.
Cuando se redactó el capítulo de libre competencia del programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, hubo opiniones divididas entre los expertos, en cuanto a la pertinencia de penalizar malas prácticas como los carteles entre firmas. El ex asesor de la instancia y ex ministro del TDLC, Javier Velozo, conversó con ESTRATEGIA acerca de este proceso.
“No está resuelto entre los expertos el penalizar los carteles en Chile, pero lo que sí se dijo en el programa de Gobierno es que en el caso que se decida establecerlo es derogando el artículo 285 actual y que sea para acuerdos de competidores que confieran poder de mercado en los sectores alimentación, salud y vivienda”, indicó el también miembro del estudio de abogados Aninat Schwencke & Cia.
Lo anterior, con una pena adecuada, en función del perjuicio causado y el beneficio económico obtenido. “Sería bueno que la FNE tuviera la facultad exclusiva de querellarse por este tipo de delitos –cosa que se habló en el programa de Gobierno-, eligiendo casos de alto impacto público y de los que tiene evidencia suficiente contra las personas involucradas”, apuntó Velozo.
Otra de las reformas que se concretaría radicaría en que las multas del TDLC se aplicaran en función a entre el 10% y 20% de las ventas totales del año inmediatamente anterior de la empresa sancionada –no hasta 30.000 UTA-, “para que la sanción contra las grandes firmas sea disuasoria, y por otro lado, no hacer quebrar a las más pequeñas”.
A esto se sumaría, de acuerdo al ex ministro del Tribunal que podría llegar a tener un régimen de profesionales de dedicación exclusiva, castigos contra las personas naturales, inhabilitándolas para directorios, organismos públicos, gremiales y colegios profesionales, y contra las compañías para que no fueran parte de licitaciones del Estado.
“En Chile tenemos un sistema de consultas de concentraciones semivoluntario, y ya es un consenso entre los expertos que debe crearse algo específico. Con un test de disminución sustancial de la libre competencia, avanzando a un proceso obligatorio a partir de ciertos umbrales medidos, por ejemplo, en ventas de las empresas sumadas, decretados por un Decreto Supremo de la Presidenta de la República y no por ley, considerando que la economía cambia rápidamente”, indica.
En cuanto al sistema de consultas por concentraciones, afirmó Velozo, la idea es que pase de ser semivoluntario a obligatorio, en tres fases. La primera, donde la FNE autorizaría y archivaría el proceso, si no hay reparos. La segunda, donde si hubieran observaciones, se negociarían medidas de mitigación, en no más de 90 días de extensión. Y la tercera, si la Fiscalía rechaza la operación, el TDLC la revisaría, y su decisión no sería apelable ante la Corte Suprema.
En otro tema, el programa de Gobierno contempla la eventualidad de que los reguladores podrían estar obligados a antes que se dicten normativas, enviarlas a la FNE para que ésta revise si contienen barreras de entrada, incentivo de coordinaciones, asignación de insumos escasos, etc., a modo de un organismo asesor del Estado en temas de libre competencia.
Así, la FNE podría iniciar un proceso para recomendar cambios normativos y legales ante el TDLC, que ha subutilizado esta herramienta. Esto requeriría una coordinación de la Fiscalía con los organismos sectoriales, por medio de por ejemplo, un Consejo, para que no haya una superposición de funciones.
“He planteado además la necesidad de que ojalá la Fiscalía emprenda un programa ambicioso de análisis acerca de los impactos que tienen las regulaciones, tanto en la generación de barreras de entrada en los mercados, como en mejorar las condiciones en industrias con problemas de este tipo”, señaló quien fuera asesor del programa de Gobierno en materia de libre competencia. Cosa que se ha visto por parte la FNE, dado que destinará recursos extraordinarios a revisar los negocios de la salud y de la energía.
Estrategia.cl, 27, Marzo, 2014
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