FNE investiga a grandes empresas pesqueras por posible colusión en compra a artesanales

Hasta este viernes tienen plazo las firmas indagadas, entre ellas Landes, Alimar y Blumar, para presentar sus descargos ante la fiscalía. Gremio confía que las empresas prestarán toda la colaboración y añaden que un foco de su trabajo es la transparencia.
Mediante una investigación hasta ahora de carácter reservado, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha venido trabajando en un caso de posible colusión y abuso de posición dominante, esta vez en el sector pesquero.
La investigación surgió de una denuncia de un pescador artesanal de la región del Bío Bio, Sergio Alarcón, quien mantiene contratos desde 2004 con Alimar -controlada por el empresario Roberto Izquierdo Menéndez- en los cuales se estableció el préstamo de dinero para la adquisición de un barco, teniendo como contraprestación la entrega exclusiva y directa de pescado para la fabricación de harina o aceite sólo a dicha compañía.
Si bien la denuncia que se hiciera llegar a las oficinas de la FNE sólo refiere a Alimar, la entidad persecutoria decidió oficiar además a otras empresas como Blumar, Pesquera Landes, Lota Protein y Bahía Coronel, entre las que PULSO logró confirmar.
En el marco de ese trabajo, hace algunas semanas la FNE inició los primeros contactos de manera verbal con los máximos ejecutivos y empresarios de la pesca industrial que operan en la macro-zona de las regiones de Valparaíso y Los Lagos, lo que derivó en un oficio a las principales empresas del sector,.
La denuncia que originó la investigación, firmada por el abogado Luis Apablaza, cuestiona que Alimar ponga como garantías para los diversos contratos que mantiene con los pescadores artesanales los permisos de extracción otorgados por la autoridad. A su juicio, esto tiene directa relación con la denominada Ley de Pesca. Además, se acusa una eventual concertación de precios para la compra de la producción desde los grandes operadores a los artesanales.
“La puesta en marcha de la Ley de Pesca facultó a las pesqueras a embargar todo tipo de permisos. De hecho, hubo una modificación de los contratos que tenían celebrados, los cuales antiguamente no se ponía el permiso de pesca como garantía de cualquier cosa. Hoy los permisos de pesca incluso están en riesgo”, advirtió el profesional.
Los plazos
Una vez al tanto de la denuncia, la FNE decidió ampliar el foco hacia más compañías y es en ello en lo que está trabajando. De hecho, tras oficiar a las compañías mencionadas, dio plazo hasta el próximo viernes para que los ejecutivos de las empresas entreguen antecedentes sobre los contratos de pesca con proveedores.
PULSO accedió a uno de los oficios enviados por Gastón Palmucci, jefe subrogante de la División de Abusos Unilaterales.
En el documento, la FNE solicita acompañar la malla societaria de la compañía y las empresas relacionadas a la misma de acuerdo con la definición del Artículo 100 de la Ley N° 18.045, señalando giro social de cada una de ellas. A ello se suma una copia digital de “todo contrato, acuerdo o convenio comercial vigente que su representada haya suscrito con pescadores artesanales de la macro-zona junto con sus anexos, modificaciones y todo otro documento que se relacione con los mismos”, puntualizó.
Además la FNE busca conocer los puntos de desembarco y la periodicidad mensual desde enero de 2011 hasta diciembre de 2015 para cada una de las plantas procesadoras, indicando incluso las toneladas anuales de harina y aceite de pescado producido y exportado durante ese lapso.
Asimismo la entidad solicitó a cada una de las empresas enumerar las demandas interpuestas en el periodo comprendido entre enero de 2008 y enero de 2016, en contra de alguno de sus proveedores artesanales.
El presidente de la Sociedad Nacional de Pesca, Francisco Orrego afirmó que no cuentan con antecedentes respecto a una eventual investigación a empresas del sector por parte de la FNE, pero que como gremio han venido trabajando “en una completa y profunda agenda de trabajo para mejorar los estándares de transparencia del sector, definiendo un Código de Ética y guías de buenas prácticas y rendición de cuentas, todo ello con los más altos estándares internacionales en la materia”, aseguró.
“Esperamos terminar este año con la implementación de estas iniciativas”, añadió el representante gremial.
Por su parte, el gerente general de Blumar, Gerardo Balbontín confirmó el requerimiento de información de la FNE, a la vez que descartó que existan conductas anticompetitivas.
“No hay ningún acuerdo de concertación de precios, es competitivo  y una alianza comercial que se ha ido fortaleciendo en el tiempo”, aclaró el ejecutivo de la pesquera Blumar.
Fuentes ligadas al gobierno admiten que al generarse las denominadas “áreas de reserva”, los artesanales que no tenían lanchas para operar fueron financiados por la industria, incluso comprando las embarcaciones, y se establecieron contratos para establecer los pagos. Sin embargo, afirman que no existe certeza si dichos acuerdos son o no abusivos.
 
Fuente:  El Pulso