La medida, propuesta al gobierno para que la implemente, busca que los clientes no sean sancionados cuando pongan término a uno de dichos contratos.
Tras analizar ciertas prácticas de las compañías de telefonía móvil, la Fiscalía Nacional Económica (FNE), recomendó al gobierno adoptar una serie de medidas legales y reglamentarias para fomentar la libre competencia en esta industria.
La primera de ellas apunta a que los operadores desvinculen totalmente las cuentas de servicios de voz y datos de aquellas correspondientes a la venta de equipos, de tal modo que los clientes paguen por separado por cada uno de estos conceptos, sin que existan sanciones para el caso que el cliente ponga término a uno de dichos contratos.
Ello permitiría a los usuarios conocer los beneficios que reciben a cambio de contratar el plan y el terminal conjuntamente con la misma compañía, aseveró la FNE.
En segundo lugar, la Fiscalía estima que es necesario que se profundice las obligaciones de entrega de información establecidas en la normativa sectorial, de manera que las empresas pongan a disposición de los clientes toda la información técnica y comercial relacionada con el equipo y con el servicio, tanto en las tiendas físicas como en la web, para que puedan comparar de manera sencilla entre los distintos oferentes.
Según la FNE estas medidas permitirán eliminar las barreras artificiales a la salida, ya que los costos de cambio serán conocidos de antemano por el usuario, agregó.
La tercera recomendación apunta a la creación de un banco de clientes morosos de los aparatos en las empresas móviles, para fomentar las herramientas de recuperación de los montos de financiamiento de los equipos. Estos llegarían a 9% de los usuarios de las firmas.
A juicio de la FNE, ello reduciría los incobrables de las empresas y se traduciría en mejores opciones de financiamiento para los demás clientes. Además, darán incentivos a las compañías para efectuar atractivas ofertas de financiamiento, ya que dispondrán de herramientas para recuperar los montos impagos.
La FNE elaboró estas recomendaciones tras desarrollar una investigación sobre la adquisición de terminales móviles en conjunto con planes de servicios de telefonía móvil, a partir de una denuncia recibida.
Este análisis se centró en los efectos que tiene sobre la competencia, la modalidad de venta de equipos paquetizada con un plan de servicio de telecomunicaciones móviles utilizada por Entel, Movistar y Claro.
De acuerdo a la investigación, las compañías ofrecen contratos en los cuales el cliente pagaría por el servicio, sin cancelar el arriendo del equipo. Sin embargo, un plan de voz y datos que no trae asociado el aparato, resulta ser menos costoso.
La FNE detectó que, en el caso de Claro y Entel, las cuotas de arriendo no siempre están relacionadas al valor del equipo (a diferencia de Movistar, en que si lo están), por lo que en aquellas compañías si un cliente decide portarse antes de cumplir los 18 meses establecidos en el contrato, los pagos efectuados podrían llegar a ser superiores a los que habría realizado en caso de haber tomado un crédito con un tercero sujeto a la Tasa Máxima Convencional.
Según la Fiscalía, si bien estas prácticas generan distorsiones en la competencia, también permiten a los consumidores acceder a financiamiento. Por ello, estimó necesario regular las ventas paquetizadas, para que se eliminen, o reduzcan considerablemente, los efectos nocivos para la competencia, pero se mantengan sus beneficios.
Esta es la primera vez que la FNE hace uso de la atribución que le fue conferida en la última modificación realizada al DL 211, que establece en su artículo 39, letra q), que una de las atribuciones del Fiscal Nacional Económico es “proponer fundadamente al Presidente de la República, a través del ministro de Estado que corresponda, la modificación o derogación de los preceptos legales o reglamentarios que estime contrarios a la libre competencia, como también la dictación de preceptos legales o reglamentarios cuando sean necesarios para fomentar la competencia o regular el ejercicio de determinadas actividades económicas que se presten en condiciones no competitivas”.
En este caso, las recomendaciones van dirigidas a la Presidenta de la República, para que a través del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones adopte las medidas necesarias.
Fuente: LaTercera
