FNE requiere información a eléctricas tras estudio sobre competencia en el sector

A fines de 2013, el titular de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Felipe Irarrázabal, señaló que uno de los focos de la entidad para este año sería el análisis del mercado eléctrico. Y ya comenzó su trabajo. Fuentes de las eléctricas confirman que la FNE ya ha contactado a algunas de las principales empresas del sector para solicitar información sobre contratos, operaciones y datos de mercado.
Algunas ya han entregado información y otras están a la espera de que el organismo se los solicite.
A fines de enero, la FNE recibió de parte de los economistas Natalia Fabra (Universidad Carlos III), Juan-Pablo Montero (Pontificia Universidad Católica de Chile) y Mar Reguant (Universidad de Stanford) el estudio “La competencia en el mercado eléctrico mayorista en Chile”, encargado por el organismo. Este sugirió de manera expresa iniciar una investigación profunda en el mercado eléctrico. “La evidencia presentada justifica el que se lleve a cabo una petición de datos al sector, con el objetivo de realizar una investigación más profunda sobre los comportamientos de las empresas (especialmente en el mercado de clientes libres) y los efectos que estas prácticas tienen sobre los distintos clientes”, señala el informe.
Asimismo, los expertos estimaron que los altos precios de la energía ya están afectando la competitividad de las empresas, y que luego este fenómeno afectará a las familias, por lo que resulta “urgente” aplicar medidas para paliar esta situación. En este sentido, recomiendan la actuación pronta de las autoridades. “Las autoridades regulatorias y de competencia pueden intervenir en el mercado para mejorar su funcionamiento, sin que para ello sea necesario disponer de evidencia de colusión tácita o explícita”, dice.
Los investigadores realizaron un análisis del mercado mayorista de electricidad, detectando fallas en la competencia -principalmente, en relación con los contratos entre generadoras y grandes consumidores, o clientes libres-, aunque descartaron en un principio que exista colusión entre los principales actores.
Indicaron que la relación entre las generadoras y los clientes libres (aquellos que demandan sobre 200 MW anuales) e industrias, dado el carácter bilateral de las negociaciones, afectaría la posibilidad de las empresas demandantes de energía de lograr mejores precios. En este sentido, señalan que los precios pagados en las licitaciones de contratos para los clientes regulados son unos US$ 50 por MW más bajos que los logrados por los clientes libres o grandes consumidores. Entre los clientes libres, y dependiendo de su tamaño, esta diferencia está en torno a los US$ 22 por MW/h. “La competencia de las empresas en el mercado de clientes libres es incluso más débil que la competencia en las licitaciones”, dice el documento.
Recomendaciones
Entre las recomendaciones, se señala la necesidad de extender el sistema de subastas públicas de energía al mercado de los clientes libres -en especial aquellos de menor tamaño-, lo que agregaría mayor competencia y ayudaría a bajar los precios para las empresas. Hoy, estas licitaciones sólo están disponibles para los clientes regulados, que son abastecidos por las empresas de distribución de energía, y su mecanismo de adjudicación está regulado por la autoridad, que pone condiciones de precio máximo para ello.
Asimismo, dicen que también debería permitirse a las empresas que requieren energía participar directamente del mercado spot -donde se transa la energía a costo marginal todos los días y horas del año-, como forma de reducir las primas por riesgo que éstas pagan en los contratos que firman con las generadoras.
Otra de las posibilidades planteadas es utilizar el modelo brasileño, donde el Estado licita proyectos “llave en mano”, esto es, con todos los permisos y estudios ambientales tramitados y en regla, para fomentar la entrada de nuevos actores, en un mercado altamente concentrado como el chileno.
Hoy, la iniciativa para llevar adelante proyectos de generación eléctrica está en manos de las empresas, las que deciden inversiones, ubicación y tecnología, y en los últimos años se han encontrado con la oposición de las comunidades, dificultando su desarrollo.
La Tercera.com, 15, Febrero, 2014