FONTAINE RECONOCE FALENCIA

Fontaine reconoce vacío legal en la supervisión del retail financiero por caso La Polar
El ministro explicó que en Chile hace falta una institución que entregue más información y disponga de mejores mecanismos de defensa para los consumidores, por lo que el proyecto del Sernac Financiero tiene suma urgencia en el Senado.
El ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine reconoció que en Chile hace falta una institución que entregue más información y disponga de mejores mecanismos de defensa para los consumidores, por lo que hoy en el Senado el proyecto del Sernac Financiero tiene suma urgencia, dijo luego de reunirse con senadores Alberto Espina y José García Ruminot, quienes solicitaron urgencia al proyecto de ley que agiliza acciones colectivas en defensa de los consumidores.
“La principal falla que evidencia del caso La Polar”, aseguró, “es que existe una suerte de vacío legal por medio del cual ciertas atribuciones financieras quedan en manos de las superintendencias, y otras no. Los clientes de casas comerciales quedan más desprotegidos por lo que la aprobación del Sernac Financiero apremia en estos minutos”, indicó.
Asimismo, el ministro calificó como “grave” e “inaceptable” la información entregada por la compañía esta mañana a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), en la que dio a conocer que el número de repactaciones de deuda superaba los 400 mil casos, y dijo que esto “ilustra la gravedad del caso y lo inaceptable del procedimiento utilizado por la empresa respecto de sus clientes”.
Consultado sobre la renuncia de cinco directores de empresas públicas que a su vez son parte de la mesa directiva de La Polar, Fontaine dijo que “se ha estimado necesario aceptar las renuncias de esas personas por cuanto su acción en el directorio de La Polar está siendo objeto de cuestionamiento y en consecuencia se estimó inconveniente que se mantuvieran en los directorios de empresas públicas”.
Respecto a la presentación de los senadores García Ruminot y Espina, el secretario de Estado señaló que es un proyecto que al gobierno le parece conveniente porque “remueve una demora absolutamente innecesaria en los procesos colectivos de defensa de los intereses de los consumidores”. Por eso, se comprometió a estudiar el tema para efectos de agilizar su trámite en el Congreso.