Fortalecer el SERNAC no es lo mismo que proteger a los consumidores

“El proyecto de ley que modifica la Ley del consumidor que se debate actualmente en el Senado, así como está deja sin razón de ser a las asociaciones de consumidores”, fue la lapidaria opinión del presidente de Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios CONADECUS, Hernán Calderón en el marco del Seminario “Modificaciones a la ley del consumidores y acceso a la justicia: ¿cómo nos hacemos cargo de la demanda ciudadana? realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales –UDP- y la Fundación Fernando Fueyo.
Esto debido a que la iniciativa apunta a hacer crecer el SERNAC en cuanto a planta funcionaria y presupuesto para ejecutar las nuevas atribuciones, pero nada dice las asociaciones de consumidores y su rol representativo de los ciudadanos. Por ello y mientras el proyecto sigue su tramitación parlamentaria, Calderón propone crear un consejo nacional del consumo integrado por los organismos que realicen mediaciones, conciliaciones, atiendan de manera permanente los reclamos de los consumidores además, representen judicialmente ante los tribunales a los consumidores individuales.
Respecto de las demandas colectivas, el presidente de CONADECUS propone que esta sea una atribución exclusiva de las asociaciones de consumidores, lo que las fortalecería efectivamente a las asociaciones de consumidores y además, se elimina la contradicción en la que el SERNAC es juez y parte al mismo tiempo.
A juicio de la profesora de Derecho de la UDP Francisca Barrientos, la propuesta no alinea los intereses del consumidor con el fortalecimiento del organismo estatal, ya que las sanciones que este aplique se traducirán en multas que irían al fisco y no compensarían a los directamente afectados. “No es lo mismo fortalecer el SERNAC que proteger a los consumidores”, declaró.
Los demás profesores participantes del panel señalaron de manera coincidente desde el punto de vista procesal, que el modelo que propone la reforma hoy en trámite tendría graves inconsistencias ya que entra en conflicto con los principios de derecho administrativo.
 
Por Laura Medel