Gobierno establece "catálogo de multas" en proyecto que busca fortalecer al Sernac

El proyecto de ley que busca fortalecer al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) inicia el próximo lunes su discusión en particular en la Comisión de Economía del Senado tras el ingreso esta semana de  indicaciones de parlamentarios y del gobierno. De entre las enmiendas introducidas por el Ejecutivo destacan la creación de un nuevo catálogo de multas, y el establecimiento de un cuerpo colegiado que interpretará las normativas emanadas desde la dirección nacional del organismo.
En primer lugar, el catálogo para la aplicación de sanciones contempla la introducción de una serie de atenuantes y agravantes que fijan porcentajes máximos y mínimos para la aplicación de multas dependiendo del tipo de infracción.
Entre las atenuantes, contarán: haber reparado el daño producido al consumidor; la colaboración prestada por el infractor al Sernac, y que el proveedor sea una empresa de menor tamaño. A su vez, entre las agravantes se considerarán: haber causado un daño grave o haber puesto en grave riesgo la seguridad o integridad física de los consumidores, y la reincidencia del proveedor, por la misma infracción. De existir alguna o varias de estas situaciones, se establecen porcentajes acotados de la multa a aplicar en cada caso.
De esta forma, se determina, por ejemplo, que en aquellas infracciones respecto de las cuales concurren tres atenuantes, se aplicará hasta el 40% del máximo de la multa que corresponda.  En cambio, en aquellas infracciones respecto de las cuales concurre un agravante, se aplicará al menos el 60% del máximo de la multa, y en caso de dos agravantes, se aplicará al menos el 80% del máximo.
En el proyecto original las multas por infracciones a la  ley del consumidor aumentan significativamente. Así, la sanción máxima por publicidad engañosa, información defectuosa o productos y servicios riesgosos, sube de 750 UTM a 1.500 UTM ($ 67 millones), pudiendo llegar a 3.000 UTM($ 134 millones) en caso de reincidencia.
Las indicaciones establecen, además, que tratándose de infracciones que afecten el interés colectivo o difuso de los consumidores, se graduarán las multas de acuerdo con el número de consumidores afectados, pudiendo aplicar una multa por cada uno de ellos. Para dichas situaciones, se fijó -en todo caso- un límite máximo de sanción equivalente al 30% de las ventas del producto, línea de producto o servicio asociado a la infracción, durante el período en que ésta se haya prolongado.
Hasta ahora, el proyecto contemplaba que ese porcentaje operaba respecto del total de ventas de la firma sancionada.
El economista de la Universidad Mayor, Tomás Flores, destacó que este cambio va en línea con similar criterio aplicado en el proyecto de ley de Libre Competencia.
Adicionalmente, tratándose de pymes (pequeñas y medianas empresas), con ventas de hasta 100 mil UF, el tope de la sanción alcanzará el 10% de las ventas del producto.
Consejo normativo
Otra de las materias que incluyen las indicaciones al proyecto es la creación de un cuerpo colegiado denominado “Consejo Normativo”, que ejercerá dos de las nuevas atribuciones del Sernac: interpretar administrativamente la ley de protección de derechos de los consumidores, y dictar normas e instrucciones de carácter general en materia de protección de derechos de los consumidores.
Dicho consejo estará integrado por tres miembros expertos en materia de protección de derechos del consumidor, quienes deberán  contar con relevantes méritos profesionales o académicos, cuya idoneidad garantice el debido funcionamiento de la instancia.
Los miembros serán elegidos por el Presidente de la República con acuerdo del Senado y durarán cuatro años en sus cargos.
Para la economista de Libertad y Desarrollo, Susana  Jiménez, los cambios introducidos por el gobierno van, en general, en la dirección correcta.
“En general, se escucharon muchas cosas que se habían planteado en la tramitación, como crear un consejo normativo y hacer menos discrecional la aplicación de las multas. Eran cosas que estaban en la discusión y que fueron acogidas por el Ejecutivo”.
 
Fuente: LaTercera