El Mostrador Mercados reveló, hace unas semanas, que desde 2001 que los dueños del 56% de los derechos económicos del fondo –con sede en el paraíso fiscal Islas Vírgenes– son un enigma. Por primera vez la Superintendencia de Pensiones dio orden perentoria, vía oficio, para que la gestora entregue la información. La AFP, que ganó la última licitación de afiliados, tiene 30 días para responder. PlanVital habría ofrecido entregar a los 5 socios más grandes del fondo, pero el Gobierno se negó e insiste en contar con la lista completa. De negarse nuevamente, su riesgo reputacional está en juego. Una fuente que es parte del misterioso fondo dice que muchos de los socios tienen invertida “plata en negro” en Atacama Investment y “tener que blanquearla” es un problema no menor para muchos de ellos.
Tras 15 años de oscurantismo, la incertidumbre que existe en Chile sobre la propiedad de la AFP Planvital podría concluir. Luego que en agosto pasado este medio revelara detalles de cómo el fondo de inversión con sede en el paraíso fiscal Islas Vírgenes Británicas, Atacama Investment Limited, alcanzó el control de la propiedad de la administradora de fondos de pensiones, se prendieron las alarmas en el Gobierno.
Y es que, si bien la Superintendencia de Pensiones ha podido comprobar que el 100% de los derechos políticos del fondo que controla la sociedad Inversiones Los Olmos –a su vez controladora directa de Planvital– están en manos del holding financiero italiano Assicurazioni Generali SPA, hasta ahora desconoce la identidad del 56% de los derechos económicos –que reciben los dividendos que reparte la gestora– del mencionado fondo. El otro 44% –al igual que el 100% de los derechos políticos ya mencionados– está en manos de la sociedad Graafschap, la que a su vez es controlada por Generali, esta última listada en la bolsa de Milán y cuya propiedad está altamente diseminada.
Según las fuentes consultadas por este medio, altos personeros gubernamentales se comunicaron con la superintendencia que dirige Osvaldo Macías, para hacerle ver la necesidad de exigir a Planvital la revelación de los socios aún desconocidos. La autoridad sectorial había hecho al menos dos intentos por averiguar con la gestora la información, sin que hubiera respuesta satisfactoria. El último ocurrió en la gestión de la predecesora de Macías, Tamara Agnic, a propósito del intento de adquisición de la AFP por parte del brasileño Banco BTG Pactual en 2014, cuando decidió apostar a la banca privada al comprar la suiza BSI.
En ese contexto, fuentes bien informadas comentan que el 7 de septiembre pasado se reunieron, en las oficinas de la autoridad, Macías con tres representantes de Planvital y sus controladores: Alfredo Orelli, presidente de la gestora; Rodrigo Díaz de Valdés, abogado de Los Olmos; y el representante de Generali para América Latina, Antonio Cassio Dos Santos. Dicha reunión fue solicitada por los privados a través de la Ley de Lobby.
En dicho encuentro –afirman las fuentes–, Macías les hizo ver a sus interlocutores que no se podía sostener una situación como la actual, en que la AFP que ha ganado los dos últimos procesos de licitación de afiliados no devela la planilla completa de socios del fondo que controla indirectamente la administradora de pensiones, Atacama Investment Limited.
La oferta de PlanVital que rechazó el Gobierno
Según lo revelado por fuentes cercanas al Ejecutivo, Dos Santos habría reconocido que la solicitud es razonable, aunque la limitación está en que Generali no representa a los dueños de los derechos económicos de Atacama Investment y, en consecuencia, depende de ellos responder, aún más recordando que, por estar radicado en paraísos fiscales, están sujetos a reserva. Fuentes cercanas a Planvital señalan que sus representantes plantearon la posibilidad de entregar cinco de los principales nombres, lo cual fue rechazado de plano por Macías. Esta versión no ha sido ratificada por ninguna de las partes oficialmente.
Tras la reunión, la superintendencia tomó decisiones. El pasado 28 de septiembre fue enviado a la AFP un oficio en el cual se le instruye formalmente que revele los nombres de los socios en un plazo máximo de 30 días.
Consultada sobre el tema, la superintendencia respondió que “está constantemente fiscalizando los distintos aspectos de las administradoras de fondos de pensiones y uno de los temas que se monitorea y evalúa es la información sobre la estructura de propiedad”.
En tal sentido, confirmó que “dentro de sus facultades fiscalizadoras, con fecha 28 de septiembre de 2016, la Superintendencia de Pensiones envió un oficio a AFP Planvital donde se requiere, para asegurar el estricto cumplimiento de la normativa vigente, enviar la información sobre quienes tienen la propiedad de la sociedad Atacama Investments Ltda. dentro de un plazo de 30 días”.
Este medio requirió a la referida instancia fiscalizadora copia de dicho oficio y la autoridad accedió.
Aunque fuentes de Gobierno reconocen que la autoridad siempre ha tenido atribuciones para requerir perentoriamente la información a las AFP, en el oficio Macías utiliza un arsenal normativo nuevo, heredado de la Ley 20.789, que en octubre de 2014 creó el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF).
Dicho cuerpo normativo, en su artículo 10, agregó en el literal h del artículo 3 del DL 101 de 1980 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Estatuto Orgánico de la Superintendencia de Pensiones, un texto que permite obtener información de los socios de las AFP, como una forma de evaluar los riesgos financieros de las entidades que fiscaliza la superintendencia.
En esa línea, dicho articulado señala que “(…) la Superintendencia podrá requerir a éstas, antecedentes sobre la situación financiera de todas aquellas personas o entidades que pertenezcan a su mismo grupo empresarial, que pudieren comprometer, en forma significativa, la situación financiera de la entidad fiscalizada, así como información conducente a determinar las relaciones de propiedad o control y operaciones entre ellas”.
Pero dicho organismo, bajo administraciones anteriores, pudo haberlo hecho antes, pues armas legales tenía. Así permite deslizarlo con claridad el contenido del oficio que, en sus siguientes párrafos, detalla el contenido del artículo 24 del DL 3.500, decreto –este último– que creó el sistema de pensiones a comienzos de la década de los 80, cuando José Piñera idea el modelo de pensiones actual.
Según indica la superintendencia en el oficio, el articulado precedente “establece explícitamente las facultades de la Superintendencia de Pensiones para solicitar antecedentes a una administradora respecto de sus controladores, socios o accionistas mayoritarios, directores, administradores, gerentes y ejecutivos principales, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo artículo, en concordancia con el numeral 1° del artículo 94 del mismo decreto de ley”.
Macías le recuerda a Orelli –a quien va dirigido el oficio, junto al gerente general de la AFP– que el organismo que encabeza “ha requerido con anterioridad a las entidades que conforman el grupo empresarial al que pertenece esa administra de fondos de pensiones sobre una de las empresas que constituyen la estructura de propiedad de la misma”, aludiendo a Atacama Investment y recordándole que “dicha información no ha sido remitida a esta Superintendencia a la fecha”.
Y, aunque fuentes de Gobierno reconocen que Planvital podría negarse nuevamente a entregar la información, escudándose en la reserva que protege a las sociedades instaladas en paraísos fiscales, advierten que en el momento actual la AFP podría pagar altos costos reputacionales, no solo por el cuestionamiento actual al sistema sino, sobre todo, porque desde agosto pasado están afiliando en forma exclusiva los trabajadores que comenzarán a cotizar en el sistema hasta julio de 2018.
“Desde el punto de vista reputacional sería letal para la AFP que no entreguen los nombres”, afirma una alta fuente del Ejecutivo.
De acuerdo a las fuentes consultadas, en el Gobierno evalúan la posibilidad de incluir en las bases de la próxima licitación hacer exigible la revelación total de la cadena de control de las AFP que quieran participar, para superar este tipo de impasses.
Pero no solo eso. Si a fines de octubre próximo Planvital no entrega los antecedentes, la autoridad podría abrir un expediente sancionatorio que desemboque en multas de hasta 30 mil UF. Y dependiendo de la respuesta que dé la AFP, la fiscalía de la superintendencia estaría analizando otros escenarios legales para hacer efectivo el cumplimiento de la ley.
Al cierre de la edición de ayer, Planvital no había respondido a los requerimientos de este medio.
Fuente: ElMostrador
