Te invitamos a revivir la entrevista a Hernán Calderón, presidente de Conadecus en el programa Cadena Nacional del canal Vía X.
Conadecus ingresó una demanda en el Tribunal de Libre Competencia por el sobreprecio del gas en el país. La empresa Metrogas, a través de un artículo transitorio, creó otra empresa “en la cuál buscaba aumentar esa rentabilidad (…) tener dos pasadas de rentabilidad”.
Según se explica en la demanda, a mediados de 2016 mientras se tramitaba un proyecto de ley en materia de límites de rentabilidad, Metrogas creó la sociedad relacionada Agesa, a quien le traspasó el contrato con el que hasta la fecha se abastecía de gas natural. Acto seguido Metrogas y Agesa firmaron un nuevo contrato de venta de gas, mediante el cual Agesa pasó a revenderle a Metrogas el mismo gas natural que antes compraba directamente, pero a un precio mayor. Fruto de esta maniobra, Metrogas y Agesa lograron elevar artificialmente el costo del gas, pero desviando la rentabilidad proveniente de ese mayor costo desde Metrogas a Agesa, que no se encuentra sujeta al límite de rentabilidad, incurriendo así en un claro fraude a la ley, reportando utilidades ilícitas por una suma cerca a los 400 millones de dólares desde 2016.
A juicio de la FNE -cita la demanda- “la única ventaja clara de la división de Metrogas y Agesa, y del contrato entre ambos, es elevar los costos de Metrogas y permitir a sus accionistas (CGE Gas Natural y Copec) obtener utilidades no sujetas a regulación a través de Agesa”.
Calderón señaló que “desde el punto de vista nuestro, no tiene validez legal porque el espíritu de la ley fue primero bajarle la rentabilidad a Metrogas, eso está establecido porque incluso en dos periodos había superado el máximo de rentabilidad establecido por la Ley”.
“El espíritu de la ley era que bajaran los costos, pero en vez de bajar, subieron. Por lo tanto, este intermediario que hoy en día le compra a GNL y le vende a Metrogas es que lo único que hizo fue subir los costos. Por ello creemos que es absolutamente inválido”. Sobre los costos para los usuarios, Calderón indicó que “la investigación de la Fiscalía Nacional Económica determina y dice que los consumidores por año pagan 80 millones de dólares de más, de sobreprecio, por el margen de utilidad que le genera esta empresa intermediaria. Lógicamente, eso multiplicado desde el año 2016 al 2021 son cerca de 400 millones de dólares, que es el monto que nosotros estamos pidiendo en la demanda colectiva”.
Calderón también cuestionó el actuar de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), señalando que esta “hizo el levantamiento, la investigación, encontró que había cobros indebidos o aumento artificial de precios y que hay una empresa que se debe disolver, pero no hace la solicitud al TDLC. Nosotros creemos que se debió haber presentado el requerimiento para solicitar la disolución y hasta ahora no lo han hecho”. “Creemos que aquí tenemos una institucionalidad que hay que robustecerla, pero hay que hacerla mucho más transparente, y que no solamente vaya por los casos que son bullados o de éxito (…) Esta omisión no tiene explicación”, enfatizó.
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