Hoy se comienza a decidir el futuro de la TV Digital en nuestro país, a través del proyecto de ley que se vota en el senado, el cual hemos estudiado para mejorar con propuestas que logren garantizar la “democratización” de esta tecnología.
La preocupación ya manifestada en reiteradas ocasiones como Asociación de Consumidores, por los diversos puntos planteados en el proyecto de ley, hoy día toma su recta final y deberá ser aprobada con las modificaciones propuestas e integradas.
Nuestra preocupación por la implementación de esta importante tecnología para la ciudadanía, su difusión, capacitación, correcta comercialización y un acceso democrático a ella ha sido nuestra propuesta desde el inicio de la discusión. Otra de las grandes preocupaciones y alertas manifestados, ha sido la presencia y el interés de los grandes grupos empresariales, nacionales y extranjeros, que hoy son dueños de los canales abiertos de televisión por convertir a la Ley de Televisión Digital en un permiso para comenzar a cobrar a los usuarios por las señales que emiten.Como Asociación de Consumidores, creemos que es relevante recordar a las autoridades, a los legisladores y a la ciudadanía en general, que los actuales consorcios empresariales que hoy son propietarios de las grandes cadenas de televisión, operan sobre un espectro publico, que fue asignado de forma gratuita a Universidades y al Estado para emitir televisión de libre recepción, cuyo financiamiento no puede provenir de quienes son los propietarios de la carretera por la que estas señales transitan, es decir, todos los Chilenos.
Mas aun, considerando que el citado proyecto de Ley nada dice sobre las deficientes condiciones del servicio que prestan estos operadores. En efecto, ni la cobertura, ni la calidad de la señal en amplias zonas del territorio nacional, ni los contenidos que se emiten, están hoy a la altura de los fines que persiguió el estado al asignar las concesiones de televisión.
Habiendo entonces un bien público que cautelar, parece inaceptable que el Gobierno y algunas autoridades electas por la ciudadanía para velar por su bienestar, favorezcan desmedidamente los intereses de consorcios económicos que han tomado el control de medios televisivos, en desmedro del interés de la ciudadanía y de los pequeños productores de servicios en éste ámbito. El Estado no puede ni debe ceder a las presiones de estos consorcios altamente solventes, para obtener nuevas franquicias legales para rentabilizar aún más su negocio.
En particular, nos preocupa la insistencia de los canales privados abiertos en obtener facultades de cobro directo a los usuarios, como también los resquicios mediante los cuales buscan obtener un cobro indirecto triangulado en las cuentas de la televisión de pago o tv cable. Más nos preocupa que este cobro afecte precisamente a zonas en la que los canales no invierten adecuadamente en infraestructura y en donde la única forma de captar adecuadamente su señal es por la vía de la inversión del usuario en antenas, receptores satelitales o contratos de suscripción de cable.
Hábilmente, los canales privados han puesto al frente de sus demandas al único canal publico nacional que queda hoy en día (TVN), puesto que entregar concesiones gratuita, asignadas a dedo y con facultades legales especiales a grupos como Falabella, Time Warner y el Grupo Luksic, por ejemplo, es sin duda más difícil de explicar ante la ciudadanía que hacer lo propio con el canal de todos los chilenos.
Por lo expuesto, Conadecus hace un llamado a los legisladores a no ceder a la presión de los poderosos de siempre y a legislar pensando en los 16 millones de chilenos que sufrirán las consecuencias de una mala Ley en un bien tan sensible como es la televisión.
