Por Hernán Calderón Ruiz, Presidente de Conadecus
La ley de transparencia vigente considera solo al sector público o donde el estado tenga participación, estas últimas quedan sujetas a un régimen excepcional de transparencia activa reducida respecto de la regla general y sus decisiones ante un pedido de información no son reclamables. Claramente la ley de transparencia a pocos años de entrar en vigencia es insuficiente, son muchas las limitantes en el acceso y debe ampliarse su ámbito a la transparencia del sector privado.
Un hecho significativo ha puesto en la mira la transparencia de empresas privadas de servicios públicos concesionados. Un acuerdo secreto entre las empresas Aguas Andinas y Gener en que la primera entrega derechos de aguas a la segunda para que las utilice para el proyecto de generación eléctrica alto Maipo, un proyecto que genera legitimas dudas en las organizaciones ciudadanas y los vecinos de la zona donde se emplaza, sobre los efectos que puede provocar tanto en la seguridad de la provisión de agua potable para la región metropolitana, en los caudales del rio Maipo, el turismo, la conservación de la naturaleza y el medio ambiente, más todavía con los sucesivos cortes y fallas que han impedido un suministro normal de agua para la región metropolitana.
El acuerdo no se ha podido conocer, porque la Superintendencia de servicios sanitarios SISS considero que un acuerdo entre privados no puede darse a conocer a los ciudadanos y ha negado el acceso, esto impide a los ciudadanos que tienen interés legitimo de conocer los destinos de un elemento vital como es el agua para la vida humana, como fue la transacción económica y sus condiciones, prioridades y resguardos entre estas dos empresas de servicios públicos concesionados.
Las organizaciones ciudadanas recurrieron a todas las instancias que disponen del documento, como última instancia ante tanto secretismo recurrieron a los tribunales los cuales han dictado un fallo que obliga a darlo a conocer a fines de marzo, este fallo es un triunfo a la necesaria transparencia de los servicios públicos concesionados en manos privadas en su mayoría monopólicos.
La ley de transparencia vigente considera solo al sector público o donde el estado tenga participación, estas últimas quedan sujetas a un régimen excepcional de transparencia activa reducida respecto de la regla general y sus decisiones ante un pedido de información no son reclamables. Claramente la ley de transparencia a pocos años de entrar en vigencia es insuficiente, son muchas las limitantes en el acceso y debe ampliarse su ámbito a la transparencia del sector privado, que hoy se mantiene en la oscuridad, un mundo por el que circula la mayoría del dinero y riqueza que componen el producto interno.
La empresa privada con un poder económico cada vez mayor puede realizar mediante lobby acciones que pueden promover o impedir el desarrollo de políticas públicas, leyes o normativas que pueden perjudicar el interés general, a los ciudadanos o consumidores y/o usuarios. Asimismo se deben transparentar los aportes a fundaciones u ONG por la responsabilidad social empresarial, la transparencia en este ámbito es importante para minimizar el riesgo de actos que impliquen inhibir el ejercicio de derechos ciudadanos, acallar denuncias o competencia desleal entre empresas.
Por esto es necesario considerar fundamentalmente las empresas privadas que prestan servicios públicos y aquellas que tienen rentabilidad asegurada o tienen carácter monopólico deben someterse a la ley de transparencia, esto resulta esencial para los consumidores y los ciudadanos, considerando la gran cantidad que están en manos privadas, en donde gastos, contratos con proveedores, sueldos, sobresueldos o bonos y acuerdos secretos como el de aguas andinas-Gener pueden incidir en la seguridad y calidad del servicio o en el precio final de las tarifas pagadas por los consumidores.
La ley de transparencia ha significado un avance indesmentible, pero solo es el inicio del término de la cultura del secretismo, practica muy arraigada en nuestro país, además contar con un órgano autónomo es un adelanto importante. Sin embargo existe falta de información a los ciudadanos sobre las leyes de protección de sus derechos, desconocen qué hacer con la información y como utilizarla. Por esto un rol fundamental tienen las organizaciones ciudadanas al exigir más transparencia, ya que deben actuar como filtro entre el ciudadano común, el gobierno y las instituciones públicas, para mejorar la participación ciudadana, la democracia, el conocimiento de las políticas que los afectan, las actividades del gobierno, empresas y los intereses generales de la sociedad.
