Mientras en Estados Unidos la corrupción se castiga con hasta 40 años de cárcel por delitos cometidos en un deporte como el fútbol, en nuestro país los culpables de casos como la colusión -que afecta a bienes de primera necesidad- pueden circular con plena libertad.
Asombro ha causado entre algunos la firmeza de la justicia de Estados Unidos –y las leyes que la respaldan- para combatir la corrupción que afecta la Fifa, y que involucró directamente al ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Sergio Jadue. Y en ese sentido, resulta aún más llamativo al compararlo con la “mano blanda” local en relación a los diversos escándalos de colusión que han sacudido a la opinión pública, pues los casos chilenos han afectado directamente a los consumidores en productos de primera necesidad, tales como los fármacos, los pollos o el papel tissue, los que no tiene sustitutos. Por el contrario, el fútbol no es un bien de primera necesidad, pero aún así la justicia estadounidense podría llegar a aplicar penas de 40 años de cárcel, además de multas cuantiosas.
Es así como si bien Jadue, al recurrir a la delación compensada evitó hasta cuatro décadas de presidio efectivo por recibir al menos US$1,5 millones en sobornos por parte de la empresa Datisa, según el informe de la Fiscalía Este de Nueva York, el calerano de todas formas arriesga hasta 20 años de pena por conspiración de fraude electrónico y lavado de dinero. Actualmente, el ex dirigente del fútbol está en Miami en libertad bajo fianza tras pagar un monto de US$1 millón.
En esta dirección, cabe destacar que la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, estimó que desde 1991 dos generaciones de dirigentes del fútbol han recibido más de US$200 millones en sobornos y coimas, lo que para la justicia norteamericana es un escándalo de proporciones mundiales. Y sólo por ello ya son 16 los dirigentes (nueve sudamericanos y siete centroamericanos) los que están siendo acusados de extorsión y sobornos.
¿Y qué pasa en Chile?…es lo que muchos se preguntan al constatar que por delitos significativamente mayores en cuanto a impacto a la población y a los montos involucrados, no habrá penas de cárcel, e incluso empresas como CMPC -que se acogió a la delación compensada en la colusión del papel tissue- tampoco pagaría una multa. Al respecto, estudios señalan que desde el 2000 –año en que comenzó el cartel del tissue entre La Papelera y Pisa (hoy SCA)- habrían generado ganancias ilegales por unos US$480 millones, es decir más del doble que la corrupción detectada en el fútbol mundial, y 320 veces más que los sobornos que reconoció haber recibido Sergio Jadue.
Al respecto, un abogado experto en libre competencia, señaló que lo ocurrido con la Fifa tiene mucho que ver con las actuaciones que tienen las empresas monopólicas, “y por eso molesta de sobremanera en Estados Unidos”. Y en ese aspecto, explicó que “a través de coimas y sobornos lo que finalmente ocurrió fue que se excluyeron a competidores de contratos de TV o se dejaron fuera de la organización de mundiales a países que tenían mucho más méritos que los que finalmente se quedaron con la realización de las Copas del Mundo. Y ello es muy similar a lo que ocurrió con la colusión del papel en Chile, por cuanto a través de prácticas colusivas dejaron fuera del mercado a diversas empresas y, de paso, afectaron a los consumidores al pagar precios mucho más altos, lo que es mucho más grave”.
Libre Competencia
El abogado Mario Bravo -que junto Andrés Parra presentó una demanda colectiva en representación de Conadecus por el caso colusión de los papeles y que además trabajó por 12 años en la Fiscalía Nacional Económica- sostiene que “un primer paso para terminar con los desequilibrios en las penas es que el legislador redefina los bienes jurídicos que se quieren proteger. Como el Código Penal de Chile es de 1875, lo que se protegía –por ejemplo- eran los animales de los dueños de los fundos o las casas, con lo cual hay que hacer una profunda actualización. Y en ese sentido, hay que dar prioridad a aspectos como libre comercio, libertad de emprender o libre competencia, los que deben tener el mismo estatus o incluso mayor que el derecho de propiedad”.
Asimismo, el jurista enfatiza que hay que legislar en pro de una mayor transparencia de los agentes del Estado. “No puede ser que un político reciba financiamiento irregular para campañas políticas, y no sea sancionado con cárcel y tampoco le pase nada al empresario que lo financió. Tengo la impresión que en el caso Penta-SQM va a pasar muy poco en cuanto a sanciones”.
En relación a la desproporción de las penas que existen entre países desarrollados y Chile en materias económicas, Bravo señaló que “en Estados Unidos la legislación antimonopolio comenzó en 1890. Esto partió con el fallo de un juez en contra del único dueño del ferrocarril que unía la costa este con la oeste, pues este empresario sólo transportaba las cabezas de ganado de un amigo, y con ello no sólo tenía el monopolio ferroviario, sino que también el de la carne. Y ante esto, un juez sólo usando el sentido común, determinó la venta de la mitad de la empresa ferroviaria para poner fin a este monopolio abusivo, dando así libertad a todos los ganaderos para que utilizaran este medio de transporte”
Luego del impacto que generó esta situación de abusos, el 2 de julio de 1890 se publicó La Ley Sherman Antitrust (en inglés, Sherman Antitrust Act), que fue la primera medida del Gobierno federal estadounidense para limitar los monopolios. El acta declaró ilegales los trust, por considerarlos restrictivos para el comercio, siendo creada por el senador estadounidense de Ohio John Sherman, y aprobada por el presidente Benjamin Harrison. “Luego vinieron otra serie de legislaciones que fueron reforzando la libre competencia”, señaló Bravo.
Y en ese sentido, el abogado recordó que el presidente Theodore Roosevelt (que gobernó Estados Unidos entre 1901 y 1909) “sustentó gran parte de su campaña presidencial a la Casa Blanca persiguiendo a los grandes monopolios que operaban en el país. “En esta tarea las emprendió en contra de, por ejemplo, JP Morgan o John Davison Rockefeller, incluso este último estuvo arrancado por un año en auto, siendo perseguido por el gobierno por sus prácticas monopólicas. Entonces, desde 1900 en adelante en Estados Unidos se creó una cultura que entiende que los atentados en contra de la libre competencia o la libertad de emprender son gravísimos, incluso en algunos casos tienen penas más altas que los crímenes contra la vida. Esto ha hecho que Estados Unidos sea un país de emprendedores, en que se protege el ingreso de la mayor cantidad de competidores, lo que no ocurre en Chile”.
En esa dirección, Bravo es enfático en señalar que “los problemas de competencia se solucionan con más competencia. Y en ese aspecto, recuerdo que cuando trabajé en la Fiscalía Nacional Económica me tocó investigar la licitación de los partidos de fútbol, pero como siempre hubo un telefonazo y se frenó el tema. Este era un tema que no se podía tocar políticamente, porque la Fifa intervino y frente a eso se terminó el tema. También me acuerdo que Jorge Claro, dueño del 20% del CDF y a la vez su administrador, se enfrentó con VTR porque el Canal del Fútbol unilateralmente le subió las tarifas”.
Sin embargo, a raíz de todos los escándalos que tiene la ANFP “el poder político está más dispuesto a enfrentar el tema del fútbol. Tengo entendido que producto del proceso de venta del CDF –que podría quedar en manos de un gran operador internacional- la FNE inició una investigación, y está muy atenta al tema”.
Fuente: Estrategia
