La Cámara Baja aceptó crear una comisión investigadora por supuesto fraude tributario en la fusión de AFP Cuprum y Argentum, ambas pertenecientes a la Compañía Principal Financial Group.En 180 días de plazo para la indagación, el comité intentará dilucidar si hubo una intención de hacer una AFP “de papel” y conocer el rol que jugaron las Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros, además del Servicio de Impuestos Internos en la operación.
El diputado demócrata cristiano, Fuad Chaín, defendió la idea de que con esta fusión la nueva AFP está generando un “good will” que le permitiría obtener un beneficio tributario por 80 mil millones de pesos —130 millones de dólares—, dependiendo de los resultados de su actividad.
“¿Cuál es la ventaja para los afiliados? Si no generó mayor competencia en el sistema, tampoco externalidad positiva para los afiliados de la AFP Cuprum. La pregunta es ¿por qué la Superintendencia de Pensiones otorga la licencia y autoriza la creación de Argentum, sabiendo que ésta no tenía como objetivo administrar fondos de pensiones y entregar beneficios, que es lo que la ley le exige?”, preguntó el Parlamentario.
Por su parte el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (CONADECUS), Hérnan Calderón, comentó que este caso demuestra las artimañas para poder reducir el pago de impuestos.
“La AFP Argentum nunca compitió en el mercado, nunca tuvo oficina, nunca cumplió un plan de negocios y al final de un procedimiento exprés, hizo una elusión millonaria de impuestos que debió haberse pagada”, afirmó Calderón.
La Cámara Alta ya adelanta el trabajo. Para el próximo 14 de julio está programada la segunda cita de Tamara Agnic, titular de la Superintendencia de Pensiones, para que explique la autorización de la fusión. En la instancia, además se le solicitará el plan de negocios de la AFP Argentum.
Cabe señalar que organizaciones sociales y sindicales en contra del sistema de AFP han pedido la salida de la autoridad por esta causa.
Esta semana en un oficio dirigido a la Comisión de Economía del Senado, Tamara Agnic explicó que si la Superintendencia de Pensiones hubiese permitido la fusión de Cuprum con una sociedad que no tenía giro único para administrar fondos de pensiones, los 640 mil afiliados hubiesen sido reasignados en un día, sin consulta y aleatoriamente. Pero el organismo tomó resguardos y los fondos de los afiliados no se han visto afectados.
Asimismo, argumentó que la diferencia positiva, good will, se hubiese dado con o sin la creación de Argentum, pues la legislación tributaria lo contempla y las consideraciones tributarias no son parte del ámbito de acción en el ejercicio de las competencias del organismo contralor.
El presidente de la Comisión de Economía y senador PPD, Eugenio Tuma, afirmó que enfocarse en el cambio a la Superintendenta es distraer el fracaso en el sistema de Administradora de Fondos de Pensiones.
“Más allá de que tenga éxito o no una fusión y que esté autorizada dentro de las normas legales, el modelo está diseñado para eso. Lo que tenemos que hacer es cambiarlo, no solamente cambiar a una funcionaria que hace su trabajo de acuerdo a las reglas del juego”, explicó Tuma.
Para agosto la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones tiene un compromiso: entregar una propuesta que resuelva las deficiencias del sistema.
En este escenario, el Premio Nobel de economía del año 2001, Joseph Stiglitz, consideró que Chile es uno de los países más desiguales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y su modelo de pensiones privado incrementa esta desigualdad.
¿Es legal el good will?
El profesor de Derecho Tributario de la Universidad de Chile, Gonzalo Polanco, coincide con el legislador PPD en que los antecedentes que se han dado a conocer no permiten asegurar que ha existido un fraude o que la operación se hizo con una intención fraudulenta cuando el good will, es un efecto que se produce naturalmente.
Igualmente, el académico declaró que la diferencia positiva será considerada un “activo intangible” que podrá ser utilizado en 10 años, al momento en que la empresa se disuelve.
“Es arriesgado estar haciendo un juicio respecto de la legalidad o ilegalidad, sin que antes se haya pronunciado Servicio de Impuestos Internos que es el organismo técnico”, aseveró Polanco.
En definitiva, especialista advirtió que la comisión investigadora no es una instancia técnica, por lo que sus conclusiones serán de carácter político.
