Por Ernesto Benado
Ex Director de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus).
Aprobada la conciliación el 6 de Mayo de 2013 se pueden dar a conocer algunos detalles de este juicio que demoró 8 años y 6 meses en llegar a término. Estuvo dos veces a consideración de la Corte Suprema, varias veces en Corte de Apelaciones y con un pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
Al aprobarse la Ley 19.496 de Defensa del Consumidor en Junio de 2004, se incluyó por primera vez en Chile la posibilidad de hacer demandas colectivas. Su aprobación fue un arduo trabajo dirigido por el jefe jurídico del Sernac en aquel año, Sr. Luis Jerez, en numerosas conversaciones con diputados de derecha con quienes acordó los principales puntos de la ley. Al promulgarse la ley, el Director del Sernac, Alberto Undurraga, me manifestó en mi calidad de Presidente de Conadecus que “se había logrado aprobar una ley con muchos cambios favorables que incluían las demandas colectivas y la creación de un Fondo Concursable para las Asociaciones de Consumidores, pero que quedaban afuera las demandas por los derechos difusos”.
Nos pusimos a estudiar la ley. Conadecus, que había sido creada en Octubre de 1996, tenía una estructura muy débil. No disponíamos de recursos para tener personal, apenas lográbamos mantener un modesto local social y nos batíamos con secretarias en práctica y trabajo voluntario de socios y amigos.
El BancoEstado había iniciado un cobro de comisiones a todas las libretas de ahorro, libretas con larga tradición entre la gente más modesta y también usada por personas de más recursos para guardar dinero sin riesgo alguno, instrumentos de giro diferido que ganaban intereses y reajustes de acuerdo al IPC de cada año. Las otras libretas, llamadas “a la vista”, permitían guardar dinero y poder retirarlo algunas veces al año, sin ganar ni intereses ni reajustes. Era una forma de no tener que usar el colchón y una manifestación de confianza hacia el banco estatal que había salido incólume de la gran quiebra del sistema entre los años 1982 y 1984 bajo la dictadura.
Cuando empezaron llegar a Conadecus los reclamos de los tarjetahabientes, no contábamos con ninguna experiencia en este tipo de demandas colectivas, la ley era desordenada y había que leer distintas disposiciones que a veces se complementaban y otras veces se excluían. Nos hicimos asesorar por una firma de abogados, dirigida por don Iván Parra, quien había sido fiscal de la Corfo. Ellos aceptaron hacerse cargo del juicio y para ser sinceros no previmos que se trataba de una demanda de largo desarrollo en el tiempo.
Efectivamente, mezclando varias modalidades procesales de otros países y tratando de proteger al poderoso lobby de los proveedores, en la ley se incluyó un trámite previo, el de la “admisibilidad”, que significaba un proceso completo previo a entrar al fondo de la demanda misma.
Cuando el 14° Juzgado Civil aprobó la admisibilidad esta fue apelada por el BancoEstado y la llevó hasta la Corte Suprema. Sólo dos años después la Corte Suprema la ratificó y la declaró admisible.
Durante esos dos años, solicitamos una entrevista con el Fiscal del Banco Estado, Pablo Lagos, a la que concurrimos con don Iván Parra, llevándole una carta de intención para llegar a un arreglo y no postergar el juicio. En ella, a cambio de llegar a una rápida suspensión de las comisiones ilegales que estaban cobrando y devolverlas, Conadecus ofrecía no cobrar intereses por lo adeudado y no obligar al banco a reabrir las miles de libretas que se estaban cerrando por falta de saldo. El Fiscal nos prometió considerar la petición y consultarla con el Presidente del Directorio. Hasta hoy Conadecus está esperando la respuesta.
Pero en el intertanto un amigo común se entrevistó con el Fiscal, quien manifestó textualmente que él consideraba que el banco perdería el juicio, pero que tenía instrucciones de demorar lo suficiente como para que fuera el próximo gobierno, que se supondría también de la Concertación, el que resolviera en caso de sentencia desfavorable. Agregó además un hecho significativo en palabras de un Fiscal: “Que él no había estado de acuerdo en contratar a abogados externos, ya que bien podrían haberse hecho cargo de la demanda los propios abogados del banco”.
Sobre esa materia se conversó también con un alto funcionario del banco, que consultó al departamento a cargo por los términos del contrato con el estudio Claro y Cía., manifestándonos luego que se remuneraba en dólares por cada hora dedicada al juicio y que esos honorarios tenían una suma límite que no podía revelar. Tal vez ahora, usando la Ley de la Transparencia, se podrían conocer esos detalles que tuvieron importancia en la resolución definitiva de la demanda y en la propuesta final de conciliación del BancoEstado en Abril del 2013.
Como en la argumentación del banco se incluía una supuesta autorización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras a esas comisiones, concurrí a hablar con el Superintendente, Sr. Enrique Marshall, quien me recibió acompañado por el Fiscal de la Superintendencia. En esa conversación se aclaró que, si bien el BancoEstado había pedido autorización, no había constancia de ninguna respuesta a esa consulta. Sin embargo, a través de amigos en el banco supimos que sí había habido una respuesta verbal: “Háganlo, total quién va a ir a juicio contra ustedes”. O sea procedieron antes que se promulgara la Ley 19.496 que posibilitaba los juicios colectivos, y fueron sorprendidos porque hubiera una organización, que tenía derecho a demandarlos.
La demanda siguió todos los vericuetos legales que posibilitaban su demora y así llegó al gobierno de Bachelet, gobierno en el cual ya no quedaban en el BancoEstado ninguno de los responsables directos de la ilegalidad de los cobros. Las cartas dirigidas al Presidente, Fiscal y Directores del banco, nunca fueron contestadas.
Recurrimos entonces al Ministerio de Hacienda y gracias a la gestión de asesores y funcionarios amigos de los consumidores, el ministerio se dirigió al Presidente del Banco, Sr. Mardones, quien argumentó que ellos sólo recibían instrucciones de la Superintendencia y que las disposiciones de la Ley del Consumidor no alcanzaban a los servicios bancarios.
Una de las cosas realmente trascendentes en los fallos anteriores a la conciliación, es que las demandas colectivas y los derechos del consumidor están por encima, legalmente, de las disposiciones de leyes especiales y que los bancos deben respetar su texto o sufrir las consecuencias.
Se llegó así a una nueva gestión de conciliación en 2012 con el Vicepresidente de BancoEstado, el señor Roberto Palumbo, ya en el gobierno de Sebastián Piñera, en que la demanda había llegado a la tabla de la Corte Suprema por apelación del banco. Esta gestión conciliatoria, que estaba muy adelantada, fue desechada por el Presidente del Banco, señalando que en intervenciones en la Cámara de Diputados, se había exigido que los entes estatales llegaran hasta la Corte Suprema antes de acceder a pagos que comprometieran el erario nacional.
Esta gestión de avenimiento y un cambio en el orden en la tabla de la Corte Suprema significaron otros seis meses de espera, hasta que después de los alegatos finales en que el Sernac se había hecho parte desde el 7 de Marzo de este año, como tercero y codemandante, surgió un sorpresivo llamado de la Corte Suprema a una conciliación de las partes fijando la audiencia para el Lunes 6 de Mayo de 2013.
La propuesta conciliatoria del BancoEstado en la reunión entre sus abogados y los de Conadecus, con el Fiscal del banco y representantes de Sernac, fue sorprendente:
“Ofrecieron devolver un máximo de 3 mil millones de pesos, aplicar un descuento de 11 % a las sumas a devolver y renunciar a toda demanda individual hacia el futuro, de quienes se sintieran perjudicados”.
Conadecus rechazó de plano esa propuesta, pues la consideró impresentable para los consumidores afectados por los descuentos. Además, según la auditoría externa solicitada por el propio banco durante el proceso, sus propios datos analizados por el Tesorero de Conadecus, ingeniero Horacio Soler, daban sumas a devolver considerablemente mayores. La conciliación aparecía como fracasada.
Entonces ocurrió un hecho impactante: el gobierno se dio cuenta que podía usar políticamente la conciliación con el BancoEstado para resaltar la negligencia de los dos gobiernos anteriores de la Concertación. Sólo había pretendido ganar tiempo y dar salida del banco a los responsables de la ilegalidad.
Según la versión que llegó a conocimiento de Conadecus, el director del Sernac, Sr. Juan José Ossa, recurrió al ministro de Economía, Sr. Pablo Longueira, su superior jerárquico, quien habló con el Presidente de la República. Este habría ordenado al Presidente de BancoEstado devolver la totalidad de lo adeudado, sin descuentos. En la próxima sesión de conciliación, el banco cambió totalmente de actitud, aceptó devolver la totalidad de los cobros ilegales y se firmó un acta que fue llevada el Martes 7 de Mayo a la Corte Suprema para su ratificación.
BancoEstado puso hasta el final resistencia a pagar una modesta multa a beneficio fiscal pues significaba reconocer haber actuado abusivamente. Bastó una nueva llamada al Presidente del BancoEstado para que aceptara la multa, que en total llega a 2 millones de pesos. Lo que se va devolver a los consumidores quedó fijado en $5.600 millones de pesos, a partir de Julio próximo.
