El caso de la multienda La Polar continúa su curso siendo ahora el tema la compensación económica que recibirán los afectados por las repactaciones unilaterales ilegales cometidas por la administración.
La Polar envió un informe a la Superintendencia de Valores y Seguros con nuevos datos sobre las repactaciones, que entre otras cosas estima en no más de US$ 21 millones el monto destinado a clientes afectados, los que calcula sólo en “casi 140 mil”, y no el total de un millón que sufrieron repactaciones unilaterales.
Acusan que La Polar desinforma
En conversación con Cambio21, el presidente de la agrupación de consumidores Conadecus, Hernán Calderón, señaló que “La Polar ha jugado principalmente a desinformar y buscar blanquear su imagen y encontrar aliados para no responderle a los consumidores. Ha seguido mintiendo y tergiversando la verdad y tratando de meter cuñas para aparecer como que esto no es de la dimensión de lo que realmente es”.
“En ese contexto, a nosotros nos parece que todas las especulaciones que se hagan tienen que ser despejadas por los tribunales, quienes debieran hacer, y lo hemos solicitado reiteradamente, una auditoría independiente para saber realmente la cantidad de personas afectadas, porque todavía es una incógnita. No le podemos creer a La Polar, por lo tanto lo que ellos digan no nos parece que sea la verdad”, menciona.
Para Calderón “son los tribunales los que tienen que determinar cuántas son las personas afectadas, cuánto es el monto de las indemnizaciones que se les deben pagar a esas personas y cuánta es la compensación que debieran recibir. Por lo tanto cualquier información que entregue La Polar no se ajusta a la verdad. Esta gestión nueva está tratando de buscar aliados para poder pagar lo menos posible y que les salga lo más barato. Para nosotros los que deben fijar y decir cuántos son los afectados, son los tribunales”.
Por último afirma que “La Polar quiere minimizar el daño que causó. Nosotros creemos que el millón de personas afectadas por repactaciones automáticas son un número aproximado y por lo tanto, cuando La Polar dice que tiene 140 mil, miente porque el daño fue al menos a un millón”, concluyó.
Superintendencia de Pensiones
Por su parte, la Superintendenta de Pensiones, Solange Bernstein señaló a La Segunda que “no tenemos cosas que resolver con la información que se analizó hasta ahora”, dando así por cerradas las investigaciones que realizó a las compras y ventas de las AFP de instrumentos ligados a La Polar.
“Investigamos todas las operaciones que hicieron todas las administradoras con La Polar. Hubo 3 que se hicieron con mayor profundidad: a Cuprum, a quien se le cursó una multa cercana a $33 millones por excederse en límites de inversión y se le obligó a pagar indemnizaciones por $3.762 millones a sus cotizantes del fondo E; a Provida, tras una consulta de la Cámara de Diputados respecto de una eventual triangulación de fondos entre Provida, La Polar y BBVA, no hubo evidencia al respecto; y la AFP Capital, que derivó en una formulación de cargos.
Fueron los 3 casos que durante todo este período concentraron los mayores focos de atención, pero se analizó todo”, dijo.
Al ser consultada sobre la AFP Habitat, que es la única que no ha vendido sus acciones de la Polar, y si arriesgan alguna sanción, Bernstein señaló que “es bien difícil ir cuestionando las decisiones de inversión de una u otra naturaleza. En el caso de AFP Capital, la compra del día 9 y 10 de noviembre de 2011 fue muy puntual, donde efectivamente se consideró que los elementos que tuvimos a la vista, nos permitieron hacernos de la convicción de que la forma en que se actuó no tuvo el debido cuidado. El hecho esencial emitido por La Polar el 9 de noviembre demostraba que había alta incertidumbre respecto de la situación financiera y dada esa situación y otros elementos, nos dejaron convencidos de que la decisión había sido tomada sin el debido cuidado”, señaló.
Cuprum pidió embargo
AFP Cuprum presentó una solicitud de embargo en contra de los principales ex ejecutivos de La Polar ante el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, en consideración a que las decisiones de inversión realizadas por los agentes como de la propia AFP se basaron en información supuestamente falseada por dicha compañía.
Según fuentes ligadas a la investigación, ésta sería la primera vez que una administradora arremete con una medida similar contra los ex directivos de la empresa.
Los datos entregados por estos directivos significaron pérdidas por cerca de 600 millones de dólares (unos 292.680 millones de pesos) al sistema de fondos de pensiones y, en el caso particular de Cuprum, un total de 48 millones de dólares (23.414 millones de pesos) en acciones de La Polar.
Esta nueva medida precautoria busca recuperar un total de 70 mil millones de pesos y se suma a las ya solicitadas por el nuevo directorio de La Polar, y apuntan a los bienes y participaciones sociales de Pablo Alcalde, Julián Moreno, María Isabel Farah, Nicolás Ramírez y Santiago Grage.
