Cruz Verde, Salcobrand y Fasa, que concentran el 95% de la industria nacional, ¿han cambiado las malas prácticas a tres años del caso colusión, que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia resolverá en los próximos días? Consumidores y autoridades afirman que aún no es transparente la exhibición de las listas de precios, y que los incentivos a los dependientes por vender los fármacos más caros siguen a pie firme.
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) dará a conocer entre ésta y la próxima semana su resolución respecto a uno de los casos más bullados del país: el de la eventual colusión de las farmacias Cruz Verde, Salcobrand y Ahumada. Desde ya, adelantan que será un fallo “contundente”, que a diferencia de otros explicará en detalle cada uno de los puntos.
Pero, tras haber estallado el caso colusión en el año 2009, las tres cadenas farmacéuticas mencionadas, que concentran el 95% de la industria a nivel nacional, ¿han cambiado las prácticas que la llevaron a estar bajo la lupa de las autoridades antimonopolio? Y las respuestas no se hacen esperar.
¿HA MEJORADO?
Parlamentarios integrantes de las comisiones de Salud, identifican una lista de prácticas que se han mantenido en las farmacias y que siguen afectando a los consumidores. A modo de ejemplo, la poca transparencia en la exhibición de las listas de precios de los medicamentos.
Aunque algunas farmacias han implementado pantallas táctiles al ingreso del local, para que la gente verifique los valores de los remedios, la mayoría las tiene en papel, y muchas veces fuera del alcance de la vista de los clientes.
“Todavía falta por avanzar hacia una total transparencia, de manera que los consumidores puedan conocer por sí mismos los precios y puedan elegir libremente”, admite el director nacional del Sernac, Juan Antonio Peribonio.
En tanto, prácticas como la “Canela”, donde el vendedor obtiene comisiones por entregar productos de cierta marca, y los “Ofertones en el Mesón”, siguen fuera de todo control sanitario, impidiendo al cliente de las farmacias el conocimiento de alternativas más económicas, pese a que las Seremis de Salud del país debieran fiscalizarlas.
Similar situación ocurre con la nula disposición de las farmacias de expender medicamentos genéricos en las góndolas, según parlamentarios de las comisiones de Salud. “El caso colusión no fue un aliciente para que las cadenas cambiaran sus malas prácticas. No han transformado su conducta comercial, y sólo han tratado de defender su posición en los juicios que tienen pendientes”, apuntan.
SIN RECETA
Justamente, considerando la nebulosa que persiste en el mercado farmacéutico, dos proyectos corren en paralelo en el Congreso para intentar mejorar la competencia en esa industria. Uno de ellos es el que permitiría vender medicamentos sin receta en todo el comercio, y que se aprobaría durante el primer semestre del actual ejercicio. Cosa a la cual reaccionaron rápidamente firmas como Cruz Verde, que adquirió a Maicao, y Salcobrand, que está en pleno proceso de fusión con PreUnic. Las dos empresas compradas se alistaban para alcanzar una torta relevante del mercado de remedios de venta directa.
En esa línea, hay que precisar que las farmacias mueven en torno a los US$1.400 millones anuales por concepto de venta de medicamentos, de los cuales US$300 millones son los remedios de expendio directo. El mercado público aporta casi US$700 millones más a la industria general.
Según datos del gobierno, en el país existen unas 1.700 farmacias, equivalentes a una tienda por cada 9.500 habitantes. Con dicha ley, ingresarían nuevos actores a este concentrado sector, tales como los supermercados y las tiendas de conveniencia, duplicando las ventas de los remedios OTC y bajando, de paso, los precios en torno a un 30%.
Pero varios aseguran que las grandes superficies supermercadistas se convertirían en reguladores de precios de las farmacias, en las ventas de medicamentos sin receta, lo que daría espacio a las cadenas para elevar los valores de los remedios que sí requieren de la autorización médica y que ocupan gran parte de la torta en montos.
Este es un peligro latente, pues aunque se habla de un costo promedio de entre US$3 y US$4 de los medicamentos en Chile –uno de los más bajos en la región–, estos valores se refieren a los genéricos, es decir, las alternativas económicas, que se venden a los hospitales o municipalidades.
El valor real promedio, al que compran los consumidores finales, es de unos US$8, siendo que en los países desarrollados es hasta un 30% menor, casi US$5. ¿La explicación? En Chile existe libertad de precios –y terminan siendo altos–, mientras que en Europa están controlados por el Estado, ya que los medicamentos son un bien que se entrega a las personas junto con la atención médica, de manera gratuita.
Incluso, algunos mencionan que una solución concreta sería la entrada a operación de una farmacia estatal, proyecto que ha estado en varias ocasiones en el debate.
MAS FISCALIZACION DESDE 2012
La otra iniciativa, que sería ley desde abril de 2012, busca obligar a que las cadenas muestren sus listas de precios, que terminen con la “Canela”, y que acaben con su integración vertical, tomando en cuenta que son dueñas de laboratorios. Igualmente establece las farmacias móviles que llegarán a 60 comunas sin estos locales, y sanciona las prácticas de incentivo tanto de los laboratorios a los médicos para que receten determinados fármacos, como de las propias firmas a los dependientes para que vendan ciertos productos.
A su vez, el proyecto tiene como objetivo institucionalizar el concepto de bioequivalencia, vale decir, la sustitución de medicamentos de probada eficacia de menor costo por uno de marca, que es más caro, y da atribuciones al Instituto de Salud Pública respecto a áreas que estaban poco reguladas, como es el uso de cosméticos, medicamentos e insumos médicos.
La Arista del Ministerio Público
Luego de que en noviembre del año pasado, se le concedió al Ministerio Público la ampliación del plazo de investigación en 120 días sobre el caso farmacias, pues el fiscal Luis Inostroza se encuentra recopilando diversas pruebas y peritajes adicionales para asestar un golpe contundente, el proceso penal también entró a su etapa final.
En marzo próximo se dará por cerrada la indagación, y como máximo en 20 días, la Fiscalía Centro Norte tendrá que acusar –si es que así lo decide–, lo cual sucedería, según fuentes que conocen de cerca el caso.
Después de la acusación, se pasará a un período intermedio, que son las audiencias de preparación del juicio oral, donde se revelan las pruebas que se pretenden rendir y los testigos, entre otros.
Cabe recordar que en marzo de 2011, 17 ejecutivos de farmacias y laboratorios fueron formalizados por el Ministerio Público, pues habrían sido parte de adulteraciones fraudulentas de precios de medicamentos, en el “caso farmacias” que detonó a fines del 2008. Los imputados arriesgan penas de 61 días hasta tres años, y multas de entre seis a 10 sueldos vitales, unos $150.000 a $250.000.
Ello, dado que después de la guerra de precios, en noviembre del 2007, los ejecutivos de laboratorios se habrían ofrecido a las farmacias como intermediarios para mejorar los precios, y desde esa fecha hasta abril del 2008, estos les habrían hecho llegar los nuevos precios de las alzas concertadas y el orden en que debían ser implementados, según la Fiscalía.
* US$1.400 millones anuales mueven las farmacias por venta de medicamentos.
* 95% de la industria farmacéutica concentran Cruz Verde, Salcobrand y Fasa.
* US$8 es el precio promedio de los medicamentos que adquieren los consumidores en Chile. En Europa es de US$5.
