A partir de octubre próximo, el proceso de quiebras experimentará importantes modificaciones en su estructura con el objetivo de no afectar negativamente a las partes involucradas y facilitar a las empresas la opción de reemprender.
Que los deudores puedan encontrar un alivio y una solución más rápida a su situación de insolvencia, y que a su vez, los acreedores también salgan beneficiados es, en términos generales, el espíritu de la Ley 20.720 de Insolvencia y Reemprendimiento, que en octubre de 2014 viene a modificar al actual proceso de quiebra. El objetivo es lograr la reorganización efectiva de aquellas empresas que son viables y la liquidación rápida y eficiente de aquellas que no lo son mediante procedimientos neutros y equilibrados.
Según explica Ricardo Ibáñez, abogado especialista en asesoramiento financiero y socio del staff jurídico Defensa Deudores, “la legislación anterior data de la década del 80, y quedó obsoleta ya que tendía más bien a ‘liquidar´ al deudor, refiriéndose solo al despojo de sus bienes. La nueva Ley, en cambio, tiene como objeto reorganizar, y en aquellos casos que el negocio o la pyme sean viables, reemprender”.
En este sentido, señala Ibáñez, este es un nuevo marco legal y de protección, tanto para las empresas como las personas naturales con dificultades económicas, que reduce los tiempos de procedimiento y erradica del vocabulario la palabra “quiebra”, que por mucho tiempo perseguía a pymes, emprendedores y deudores, coartándoles la posibilidad de empezar nuevos negocios.
¿Cómo funciona?
La nueva norma establece un modo para las empresas y otra forma exclusiva para las personasnaturales. Para estas últimas, se realizan dos procedimientos: uno que le permite al deudor renegociar sus obligaciones con sus acreedores, y el otro, que le da la posibilidad al individuo de liquidar sus bienes, pagando a sus acreedores acorde a las normas legales establecidas.
Para que una persona pueda renegociar sus deudas, es necesario que tenga dos o más obligaciones vencidas por más de 90 días corridos, provenientes de distintas obligaciones, y cuyo monto sea superior a 80 UF (cerca de $1.870.000).
En el caso de las empresas, el nuevo marco legal entrega herramientas para que éstas logren la reorganización con sus acreedores, estableciendo normas que protegen al deudor mientras se llevan a efecto estas negociaciones. En caso de que la empresa no sea viable, la nueva ley fija un procedimiento más ágil para la liquidación de los activos, estableciendo además una plataforma de información y de acceso gratuito donde se publicarán los procesos y los remates de bienes.
Terra.cl, 17, Febrero, 2014
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