Pulso La Tercera

En una de las audiencias más esperadas del año ante el TDLC, Conadecus acusó inacción institucional y pidió regular a los grandes conglomerados; mientras la FNE defendió la solidez del sistema actual, aunque propuso mayor transparencia.

Fuente: Pulso La Tercera

A las 9:40 horas se dio inicio a una de las audiencias más relevantes del año ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus) solicitó en 2023, mediante un Expediente de Recomendación Normativa (ERN), que el TDLC proponga al Presidente de la República medidas concretas para abordar la concentración económica estructural en el país. A ella llegaron representantes de esa organización, de la Fiscalía Nacional Económica y de los principales grupos económicos del país.

La audiencia fue abierta esta mañana por el abogado Mario Bravo, representante de Conadecus, quien tomó la palabra tras una extensa exposición del profesor Francisco Agüero, quien intervino en respaldo de la posición de la organización.

Luego vino el turno del fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, quien destacó el rol activo de la FNE en la fiscalización de conglomerados empresariales y defendió la solidez de la institucionalidad vigente para abordar riesgos a la libre competencia. En su exposición, el fiscal abordó tanto los desafíos actuales como eventuales propuestas de mejora.

Grunberg explicó que, en el marco de este proceso, la FNE llevó a cabo una investigación que incluyó solicitudes de información a organismos clave como el Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero, así como contactos con entidades internacionales como la Autoridad de Competencia de Israel y la OCDE. En base a esos antecedentes, la Fiscalía elaboró una “radiografía de la situación actual de los conglomerados empresariales en Chile”, identificando 241 grupos, de los cuales un 35% participa simultáneamente en los sectores financiero y real.

El fiscal reconoció que existen riesgos asociados a estructuras piramidales y a la participación cruzada en actividades financieras y productivas, pero aclaró que muchas de las medidas adoptadas en otras jurisdicciones —como Israel— han respondido a criterios prudenciales más que a preocupaciones netamente competitivas. En este sentido, la FNE propone avanzar hacia una separación societaria de actividades dentro de los conglomerados, en línea con los “Lineamientos para una Ley de Conglomerados Financieros” emitidos por la CMF. Esta medida permitiría, según Grunberg, reducir riesgos de uso indebido de información estratégica, subsidios cruzados y apalancamiento de poder de mercado.

Como cierre, el fiscal enfatizó que la institucionalidad chilena es sólida y cuenta con herramientas efectivas para investigar y sancionar conductas anticompetitivas, incluyendo las de grandes conglomerados. Sin embargo, advirtió que es urgente contar con un registro completo y actualizado de grupos empresariales y sus beneficiarios finales, para mejorar la fiscalización y prevenir conductas colusorias. “Con mayor transparencia —dijo— se podrá fomentar de forma más eficaz la competencia en los mercados”

En su presentación, el abogado Mario Bravo -representante de Conadecus- señaló que el TDLC “ha desechado ese impulso inicial y su obligación de llevar adelante este ERN (Expediente de Recomendación Normativa) con la consistencia y profundidad que el tema amerita”. La acusación central del alegato es que el TDLC, tras haber dado curso al procedimiento, se replegó y “negó permanentemente las diligencias insistentemente solicitadas” por Conadecus.

El jurista apuntó directamente a lo que calificó como una conducta institucional preocupante: “Este Tribunal ha incurrido en un ‘notable abandono de sus deberes’”, y agregó que “no resulta conforme a derecho dejar en manos de la consultante el peso del ERN, toda vez que no estamos en un juicio contencioso ni Conadecus está imputando conductas alguna”.

En la audiencia, Mario Bravo cuestionó que no se hayan recabado datos básicos sobre los conglomerados involucrados. “Los grupos económicos intervinientes ni siquiera se identifican plenamente, incluso algunos comparecen con dos representantes diferentes (Banco Chile y grupo Luksic)”, subrayó. “Nada de eso interesó a este Tribunal”, lamentó el abogado, acusando una falta absoluta de voluntad investigativa.

“Esta conclusión es absurda, incoherente, inconsistente y no se condice con el desarrollo ni contenido del informe, pues carece de secuencia lógica con la conclusión”, sostiene una minuta que acompañó el alegato del abogado. Bravo insistió en que, si la FNE reconoce los problemas, entonces no se entiende por qué no recomienda cambios regulatorios: “Si existe legislación para resguardar todos los riesgos y distorsiones a la competencia que según el informe de la FNE provocan los grupos económicos, no se entiende por qué este Tribunal dio lugar a este ERN”.

Emprendedores

Pulso también tuvo acceso a la presentación que la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) dará a conocer en su alegato ante el TDLC el abogado Cristián Reyes, socio de Aninat Abogados. Aunque respaldan la existencia de grupos económicos, Asech advierte que la concentración en el mercado financiero afecta directamente a los emprendedores, quienes enfrentan barreras de acceso al crédito y condiciones desiguales de competencia. “La preocupación de Asech recae en un ámbito concreto: el mercado bancario, financiero y de capitales”, señala el documento.

Además, acusan falta de criterios públicos y estandarización en los procesos de financiamiento. “Es necesario un marco estándar, público y previo respecto de los requisitos mínimos para acceder a los créditos”, proponen, criticando la opacidad con que operan muchos bancos. También alertan sobre el acceso restringido al mercado de capitales, lo que dificulta el crecimiento de nuevos actores.

Asech sostiene que no abordar estas distorsiones termina por “obstaculizar el ingreso de un nuevo actor al mercado; retrasar su entrada; imposibilitar su sostenibilidad en el tiempo; y, en el peor de los casos, gatillar su salida”. Por ello, llaman a implementar reformas que aseguren competencia justa y transparente para las pymes.