Los Focos de la FNE Para Desbaratar Carteles en 2012
La Fiscalía Nacional Económica el próximo año estará centrada en mirar de cerca a sectores de “alto impacto” para los consumidores, como la industria supermercadista, la distribución de combustibles, el sector salud y el agrícola. También la investigación a las licitaciones de servicios públicos podría detonar denuncias por presuntas cartelizaciones.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) los remeció a todos con la denuncia de eventual colusión entre los productores avícolas en coordinación con su gremio, y la investigación a la industria supermercadista, por una posible cartelización en los productos cárnicos y en los detergentes.
De hecho, a causa de lo anterior, surgieron voces contrarias a la irrupción de la FNE en las empresas. Pero, pese a todo, este modus operandi está lejos de llegar a su fin. Es que el ente antimonopolio tiene clara cuál será su línea de acción para el año 2012, en su labor de desbaratar carteles en el país y velar por la competencia en los mercados.
Y la FNE ha avisado que continuará muy activa, al incorporar en sus tareas las nuevas atribuciones que le dio la ley, como el allanamiento y las escuchas telefónicas. Esto ha aumentado la carga de trabajo en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), con lo que su presidente Tomás Menchaca advierte que si no se les entregan más recursos “el riesgo es que haya una mayor demora en las resoluciones”.
Alto Impacto
La FNE estará centrada en los sectores que ha denominado como de “alto impacto” en términos de precios hacia los consumidores, que son sensibles para la población en general. Ya hay varios siendo investigados.
Fuera de los supermercados, donde podría surgir una denuncia al TDLC, la FNE tiene hace rato bajo la lupa a la distribución de combustibles, al sector salud y al agrícola, específicamente el lácteo. En estos surgirían sorpresas durante el próximo ejercicio.
La idea de la FNE es centrar las indagaciones de oficio en los mercados más grandes y relevantes para el consumidor, y luego hacer un barrido hasta llegar a los más chicos, los denominados subsectores económicos.
Asimismo, dado que el Sernac ha cobrado mucha más notoriedad luego del caso La Polar, la FNE fijará su mirada en las denuncias que lleguen al Servicio, al considerar que los mercados reciben demandas de los consumidores “porque algo raro puede estar pasando”.
Sin embargo, los carteles en el área privada no serán los únicos perseguidos por la FNE. Al interior del organismo liderado por el fiscal Felipe Irarrázabal prima un especial interés en el sector público, en el cual hay una serie de malas prácticas que se producen a través de la colusión en las licitaciones.
Esta investigación de la FNE en el área pública se efectúa a través de una alianza con ChileCompra, que dispuso sus base de datos para que fueran revisadas. En el mundo, se han encontrado grandes carteles que han estado ocultos por años en este sector, cosa que también sucedería a nivel local. La experiencia internacional ha servido para afinar los mecanismos de dónde y cómo detectarlos.
La indagación a los organismos públicos se encuentra en la fase de detección de eventuales carteles en este tipo de licitaciones, y a este ritmo de labores podría conocerse una denuncia durante el 2012.
Lo que Falta
Si se habla de desafíos en la detección y desbaratamiento de carteles, la Comisión de Libre Competencia formada por el gobierno, es la instancia que se encargará de abordarlos y entregar propuestas de solución. En esa línea, los expertos en libre competencia concuerdan con que las facultades que se le han proporcionado a la FNE son las óptimas, pero que las multas en Chile son demasiado bajas en casos que atentan contra las buenas prácticas, pues el máximo aplicable por el TDLC es de 30.000 UTA, unos US$27 millones. Más todavía si las firmas involucradas pueden apelar a la justicia.
Y que las multas tengan un tope, según los expertos, provoca un desequilibrio. La primera propuesta es que estas sean equivalentes al beneficio por la probabilidad de “pillar” al implicado; la segunda, es cobrar un monto de las ventas del año pasado a la empresa y a los ejecutivos responsables según la gravedad de la conducta, mientras que la tercera apunta a la reincidencia, tal como ocurre en la legislación anti-carteles en EE.UU. y en la Unión Europea.
Para Menchaca, “es discutible cambiar el sistema de multas, pues hay que recordar que además el TDLC puede disolver personas jurídicas, modificar actos de contrato, y las personas que se ven perjudicadas tienen la posibilidad de alegar la indemnización de los perjuicios”. No obstante, “para ciertos casos, pueden ser bajas”, admitió.
Mientras, el sistema de delación compensada de carteles, que da inmunidad a la primera persona que confiesa y reducción de multas a las que vienen, podría ser aún más debilitado –en el país sólo se ha conocido un caso formal– si es que se opta por penalizar la colusión, afirmó Menchaca.
“Los acusados podrían acogerse a su derecho de no autoinculparse ante el peligro de ser encarcelados”, dijo Menchaca, agregando que “tuvimos sanciones penales por más de 30 años y no se metió a la cárcel a nadie”.
El director del Centro de Regulación y Competencia de la Universidad de Chile, Francisco Agüero, tiene otra visión, ya que “se establecería un incentivo para no coludirse el fijar pena de cárcel efectiva”. Es más, recalcó que la delación compensada en Chile debe llevarse a estándares de EE.UU., Corea o Inglaterra, donde premian económicamente a los confesores y los protegen.
Además, los expertos en libre competencia expresaron que la FNE debe revisar sus índices de concentración, y amoldarlos al tamaño pequeño de la economía local. Sólo así se investigarían las causas más relevantes. Lo mismo respecto a las consultas por compras o fusiones entre compañías, señalando que no debiera permitir que las empresas concreten una operación antes de preguntar si realmente lo pueden hacer, apuntó Menchaca.
