“Los ricos no pagan impuestos y el Estado no paga las deudas a los pobres” por Alicia Gariazzo, directora de Conadecus
Poco se ha hablado en estas movilizaciones de las Deudas Históricas; esas que, aunque reconocidas por el Estado, aún no se pagan. Las que los Ministros de Hacienda rechazan pagar, con la misma pasión que perdonan el pago de impuestos a grandes empresas, como el “perdonazo” a Johnson’s y otros por el estilo. La Ley del Embudo, preferida por los gobernantes chilenos.
La Cámara de Diputados, en 2008, acordó la creación de una Comisión Especial para analizarlas. Hay varias, pero se destacan: la de los deudores habitacionales, los ex-ANAP, PET o de la banca privada; el 10.6% de los jubilados afectados por el Daño Previsional por el traspaso del sector público al sistema previsional de capitalización individual; los quinquenios de Gendarmería al derogarse y reemplazarse por la Escala Única de Sueldos, lo que es ilegal; los trabajadores de las cooperativas que al venderse quedaron sin tierra y sin trabajo, como en Ñuble-Rupanco, los parceleros afectados por el Decreto 208. La deuda del magisterio también es una deuda histórica que, junto a otras reivindicaciones, ha producido las actuales movilizaciones de los maestros.
La situación se genera en 1981 por el traspaso de los docentes a las municipalidades. Se suponía que la nueva dependencia los haría regirse por las normas laborales, de remuneraciones y previsión del sector privado, pero los municipios lo desconocieron y también una asignación no imponible otorgada en el artículo 40 del DL Nº3.551 de 1980 y que debía pagárseles entre 1981 y 1984. Se les privó de ser funcionarios públicos lo que significó perder la estabilidad de sus empleos, la disminución de sus haberes, antes de la Escala Única de Sueldos, la extinción de la asignación profesional, la supresión de su carrera funcionaria previa, las horas de cátedra y se les obligó a traspasarse masivamente a las municipalidades y al nuevo sistema previsional administrado por las AFP.
El Ministerio de Educación de la época planteó que los Tribunales de Justicia deberían liquidar definitivamente esta situación de manera que las presentaciones de los profesores no quedaran abiertas, pero el Consejo de Defensa de Estado declaró inadmisible la deuda y así lo expuso frente a la Comisión un Dirigente del Colegio de Profesores de Colchagua.
Según la legislación, la Contraloría opinó en 2008 que esta deuda estaba prescrita. La Cámara de Diputados y el Senado nunca fueron escuchados por el Ejecutivo de formar una mesa de diálogo con el Colegio de Profesores. Debido a ello se creó la Comisión Especial antes señalada que trabajó con los análisis de La Biblioteca del Congreso Nacional, BCN.
Número de Profesores Afectados
La BCN, con datos del Ministerio de Educación, identificó un número de 84.548 docentes traspasados a las 322 Municipalidades entre 1981 y 1987. A ese número hay que restar 2.934 profesores traspasados a la administración municipal en diciembre de 1980, los que no estaban afectados por haber sido traspasados antes de la vigencia del DL3551, de enero de 1981, que daba origen a la obligación del Estado.
Según el Colegio de Profesores habría 93.089 afectados, 61.353 docentes de enseñanza básica y 31.736 de enseñanza media.
Deuda Total
Según análisis presentados por la BCN la deuda total alcanzaría a $6.574.767 billones, basándose en liquidaciones de sueldo de enero 2008 de profesores que percibían una asignación DL3551 equivalente a $248.948 y el número de profesores afectados.
Según el Colegio de Profesores los docentes han dejado de percibir un promedio de $231.000 mensuales lo que multiplicado por los meses desde 1981 a 2008 resultó que cada maestro dejara de percibir $74.844.000.
Si se multiplica esta cifra individual por 93.089 profesores y se reduce a dólares, se concluye que el daño patrimonial infligido a los maestros y sus familias se acerca a los 14.000 millones de dólares.
La BCN realizó una segunda simulación con la cifra de 66.878 afectados, obtenida aplicando el corte, a la luz de los dictámenes de la Contraloría, del 29 de diciembre de 1982. El número de afectados no se reduce sustancialmente, ya que casi el 80% se concentró 1981 y 1982, pero reduce de modo significativo el monto, porque el conteo se limita a los 21 meses entre marzo de 1981 y diciembre de 1982. La cifra entregada por la BCN que considera los meses comprendidos entre marzo de 1981 y diciembre de 2008, asciende a US$11.700 millones de dólares, es decir a $6,6 billones.
El segundo escenario, con corte de la Contraloría en diciembre de 1982, limita los afectados a 66.878. Las cifras totales llegan a unos US$556 millones con el incremento del 20% y, aproximadamente, a 2.198 millones de dólares con el incremento del 79%.
El Presidente de la Comisión expresó solicitar al Poder Ejecutivo que asigne un bono mensual a las personas durante cinco años, por ejemplo, 50 mil pesos mensuales por cada pago durante cinco años, con lo cual se daba por pagado. Eso suma 3 millones por persona, es decir un total de $253.644.000.000 por los cinco años.
El Colegio de Profesores propuso 4 medidas[1] para avanzar hacia un Convenio extrajudicial con el Ministerio de Educación:
Entregar una bonificación a cada profesor afectado activo o pasivo de $10.000.000.
- Aumento de 10% de remuneraciones al personal docente afectado en actividad.
- Establecer una pensión mínima nivelando las actuales pensiones hasta los $400.000.
- Crear un fondo solidario para la construcción de una Casa de acogida.
La BCN analizó la propuesta y sus costos eran los siguientes:
Estimación preliminar de la medida 1.
Cuesta $845.480.000.000, lo que corresponde al 23.67% del presupuesto del Ministerio de Educación de 2008. El bono se pagaría a los profesores afectados por su traspaso a la educación municipalizada, estén o no retirados.
Estimación preliminar de la medida 2.[2]
Se estimó que el número de profesores con estas características alcanzaba a 42.274 con un ingreso promedio de $636.693 pesos[3]. El costo total de esta medida ascendía a $2.691.555.988,2[4] al mes y a $32.298.671.858.4 al año. El costo iría disminuyendo cada año, al ir saliendo del sistema los profesionales en edad de jubilar[5].
Hubo unanimidad entre los miembros de la Comisión en torno a saldar todas las deudas históricas, pero el Ministro de Hacienda de la época, Andrés Velasco, amenazó con su renuncia si se le obligaba a hacer este pago.
Están todos coludidos.
[1] En septiembre de 2008, esta propuesta fue enviada por la Comisión Deuda Histórica del Colegio de Profesores de Chile al Senador Adolfo Zaldívar, Presidente del Senado. En el mismo mes, en una sesión de la Comisión de Educación, de la H. Cámara de Diputados, fue expuesta por la Directiva Nacional del Colegio de Profesores. Posteriormente, el 23 de octubre la Directiva señalada en pleno le envió a la Presidenta de la República una carta con una propuesta de reparación más flexible, que pone énfasis más bien en los criterios que en los montos solicitados.
[2] Fuente: Colegio de Profesores. A su vez, debe considerarse que todas estimaciones realizadas en este análisis están hechas en pesos, septiembre 2008.
[3] Fuente: Colegio de Profesores. Los cálculos fueron efectuados por el economista Manuel Riesco, con datos de diciembre 2005.
[4] La cifra es producto de la multiplicación del número de profesores afectados por la remuneración estimada y por el reajuste del 10%. Es decir, 47.774 x $636.693 x 0,1.
[5] Para poder determinar el costo total de esta propuesta, es necesario conocer la distribución de las edades de todos los profesores afectados que aún están en ejercicio. De esa forma, se podría calcular año a año, la cantidad de profesores que están en edad de jubilar y hasta que año habría que pagar este aumento de sueldo. Es por esta razón que sólo se calculó un año.
