El miércoles de la semana pasada la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento en contra de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y la firma sueca SCA, a causa de que éstas se habrían concertado para fijar los precios de una serie de productos derivados del papel, como servilletas, pañuelos y papel higiénico, entre otros.
La FNE solicitó ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) una multa en contra de SCA -antes llamada PISA- de cerca de 15 millones de dólares, en tanto que no se pidió multa en contra de CMPC, ya que en la investigación de la entidad que dirige el fiscal nacional económico Felipe Irarrázaval fueron quienes colaboraron en primera instancia.
En la legislación actual de Chile, la FNE no puede solicitar penas de presidio en contra de los ejecutivos involucrados. No obstante, el Ministerio Público sí puede llevar adelante una investigación para imputar penas, que de acuerdo a los ilícitos que se habrían cometido no alcanzan a llegar al cumplimiento efectivo de cárcel.
A partir de una denuncia que presentaron los diputados Gabriel Silber (DC) y Daniel Farcas (PPD), la Fiscalía Metropolitana Sur comenzó a investigar este caso. El jefe de la mencionada zona, Raúl Guzmán, designó hoy como fiscal especial para investigar este caso al fiscal jefe de Puente Alto, Cristián Galdames, el que también -entre muchas causas- fue el último fiscal titular del caso del incendio de la cárcel de San Miguel.
Los hechos que habría de investigar Galdames, de momento, girarían en torno a la alteración fraudulenta de precios, delito que por sí sólo contempla penas que oscilan desde los 541 días a 3 años como máximo, lo que no considera cárcel, y también se le suma una multa que en su monto máximo apenas supera los 400 mil pesos.
De acuerdo a los parlamentarios, CMPC y SCA -ex PISA- habrían logrado obtener cerca de 480 millones de dólares en ganancias a partir de la fijación de precios.
Fuente: ElDinamo
