Los conflictos, la inseguridad, las instituciones débiles y el acceso limitado a la justicia continúan suponiendo una grave amenaza para el desarrollo sostenible.
Algunas regiones del mundo tienen niveles estables de paz y buen gobierno, mientras que otras se encuentran en situación permanente de conflicto, violencia e ingobernabilidad.
Aunque cada vez son más los países que fortalecen sus esfuerzos para luchar contra la vulneración de los derechos humanos y para diseñar leyes y normativas que promuevan sociedades más justas.
En 2018, el número de personas que huían de la guerra, la persecución y el conflicto superó los 70 millones, el nivel más alto registrado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en casi 70 años.
En 2019, las Naciones Unidas registraron 357 asesinatos y 30 desapariciones forzadas de defensores de los derechos humanos, periodistas y sindicalistas en 47 países.
¿Cómo promovemos sociedad más pacificas?
Para conseguir sociedades pacíficas e inclusivas que promuevan el desarrollo sostenible es necesario impulsar el estado de derecho a nivel nacional e internacional.
Esto significa promover sociedades basadas en: la transparencia y el buen gobierno, con instituciones públicas transparentes y responsable.
El respeto a los derechos humanos, con ciudadanos que cuenten con las libertades y condiciones básicas para vivir en dignidad; y la paz y la estabilidad, con escenarios estables, donde los ciudadanos puedan ejercer sus derechos en igualdad y las instituciones puedan desarrollar sus funciones de forma segura.
La corrupción perjudica la democracia y el estado de derecho, lleva a violaciones de derechos humanos y permite prosperar el crimen organizado y el terrorismo.
Un estado de derecho eficiente también ha de garantizar el acceso a la justicia a todas las personas. Actualmente dos tercios de la población mundial carece de acceso significativo a la justicia.
Estos fenómenos impactan de forma significativa en las personas que quedan expuestas a diversas formas de abuso, incluida la trata, la violencia y la toma de decisiones no inclusiva, viéndose especialmente afectados determinados grupos más vulnerables, como las mujeres y los niños.
El ODS 16 pretende promover el estado de derecho a nivel nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos, reduciendo la corrupción y el soborno y creando instituciones responsables y transparentes, acabar con todas las formas de violencia y delincuencia organizada.
Especialmente contra los niños, impulsar el respeto de los derechos humanos, fortalecer la participación de los países en desarrollo en las decisiones globales y promover leyes y políticas en favor del desarrollo sostenible a nivel internacional.
El sector privado tiene un rol claro en la consecución de este Objetivo, incorporando el respeto a los derechos humanos y procesos de transparencia en la organización, evitando cualquier forma de violencia en su cadena de suministro e impulsando el estado de derecho en aquellos países en los que opere.
