Actualmente nuestros vecinos, vecinas y consumidores cuentan con el amparo de la Ley Nro. 21.249, que de manera excepcional dispone medidas a favor de los usuarios finales de los servicios sanitarios, electricidad y gas de red, garantizando así la continuidad del servicio hasta el 31 de diciembre de 2021.
A la fecha y según el informe presentado por la SEC se han firmado más de 196 mil convenios de pagos durante el periodo de pandemia, siendo este el mecanismo establecido por ley para regularizar la deuda de los clientes de servicios básicos. No obstante, la anterior normativa no garantiza un tratamiento de la deuda acumulada en el periodo en cuestión, situación que producirá graves problemas futuros una vez que finalice la protección legal que evita la realización de corte del servicio por parte de las empresas concesionarias, pudiendo estas ejercer acciones de presión en un contexto difícil para las familias de nuestro país.
Sumado a ello, con el fin de la vigencia del “mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía”, se proyecta un aumento en el monto de la tarifa eléctrica que pagan los clientes regulados a partir del segundo semestre del año 2022, dificultando aún más el escenario económico y financiero para los usuarios de estos servicios fundamentales y básicos para el desarrollo de la vida humana.
Te invitamos a ver y compartir la opinión de Hernán Calderón, presidente de Conadceus.
