Por Mauro Tamayo, alcalde de Cerro Navia y presidente de la Asociación de Municipios Libres, columna de opinión publicada en diario La Tercera
En medio de la actual crisis económico-sanitaria resulta innegable la importancia de los servicios básicos y su impacto en la vida de las personas. Hemos alertado como Asociación de Municipios Libres (AML) un grave problema: la alta morosidad en los servicios básicos, que podría generar graves consecuencias en el bienestar social por un eventual corte del suministro. Hasta el momento, hemos observado con preocupación solo silencio por parte del gobierno, transformando en su sello llegar tarde con las soluciones a los problemas que afectan a la ciudadanía.
Actualmente, solo en el sector eléctrico existen más de 720 mil clientes morosos, acumulando una deuda superior a los US$ 350 millones. De ese total, cerca de US$ 215 millones corresponde solo a la deuda contraída desde el inicio de la pandemia (marzo 2020); y lo peor de todo, que esto solo es la punta del iceberg de un problema estructural que seguirá creciendo día a día, que afecta también a los servicios de agua potable y gas de red.
En este momento, la continuidad del servicio se encuentra garantizada en la Ley 21.249, cuya vigencia expira el 31 de diciembre de 2021, pudiendo quedar la población expuesta a cortes del servicio debido a la deuda generada en el período de pandemia, en caso de no ser regularizada.
Por si esto fuera poco, a fines de 2021, las cuentas de electricidad subirán entre 15% y 20% producto de la finalización del fondo de estabilización del precio de la energía, incrementando previsiblemente la carga financiera de los más vulnerables.
Es urgente que el gobierno actúe y proteja los derechos de cientos de miles de familias del país. Nuestra campaña #ChileSinCortes busca visibilizar este problema, proponiendo tres medidas que permitan salvaguardar los derechos de la ciudadanía y garantizar la continuidad de los servicios: i) Ampliar el mecanismo de estabilización del precio de la energía, con el fin de evitar aumentos en las cuentas eléctricas durante el año 2022; ii) Generar un subsidio permanente al pago del servicio eléctrico para el 60% de la población en situación de vulnerabilidad; iii) Convocar a todos los actores del mercado, gobierno y empresas, para elaborar una metodología de pago a la deuda generada en pandemia, siguiendo el ejemplo de la experiencia internacional, donde el Estado asuma parte de la deuda y las empresas renuncien a parte de sus utilidades.
Como AML, junto a Conadecus y la Red de Pobreza Energética, pedimos al gobierno hacerse cargo de este grave problema público y generar propuestas que resuelva esta grave situación que afecta a cientos de miles de familias de nuestro país. La ciudadanía no puede seguir esperando soluciones y tampoco ser las perjudicadas en estos momentos tan difíciles. El Estado debe garantizar su protección y no hacer oídos sordos a situaciones que acrecientan las brechas de acceso y la pobreza energética, por lo que el llamado es a generar una instancia de diálogo cuyo resultado garantice los servicios básicos como un derecho social y un mecanismo para terminar con el endeudamiento.
