Mientras el país enfrenta una crisis sanitaria que se agrava día a día, junto a una de las mayores crisis económicas del último medio siglo y una crisis social que amenaza con volver a explotar en cualquier momento; el gobierno de Sebastián Piñera parece habitar muy lejos de nuestra larga y angosta faja de tierra y de las preocupaciones de la ciudadanía.
Mientras los movimientos sociales y las mayorías políticas muestran hambre por cambios sustanciales en el modelo social y económico que ha regido al país los últimos cincuenta años, el actual gobierno ha lanzado una ofensiva legislativa, destinada a impedir los cambios en todos los ámbitos, mientras que, de un modo que produce asombro, intenta profundizar aquel modelo e institucionalidad que el 80% del país rechaza.
Mientras la clase media ve disolverse la frágil prosperidad que por largos años se le presentó como definitiva, los sectores populares ven crecer en sus filas la pobreza, e incluso el hambre. Mientras tanto, el gobierno ha colocado dogmáticamente su foco en la mantención de los equilibrios fiscales y no en la recuperación económica, ni en el apoyo a las familias que soportan duras condiciones económicas, ya sea por caer al desempleo o por ver reducidos sus ingresos.
El grueso de los aportes que hacen parte del paquete de USD 12 mil millones ha sido financiado con ahorros del país y el resto con los recursos de los propios afectados: retiros de AFP, Fondos de Cesantía privados, ahorros familiares y créditos de difícil acceso y costo altos, el gobierno sigue poniendo su foco en la defensa de los equilibrios fiscales y propugna darle rango constitucional a una relación máxima Deuda Pública /PIB que no supere el 40%, mientras los principales países del mundo han decidido sobrepasar el 100% en ese indicador.
Los programas de apoyo a las familias son exiguos, con baja cobertura y carecen de impacto real por defectos operativos y de una extremada focalización, el resultado de ello ha sido un aumento exponencial de la pobreza y un agravamiento de la crisis sanitaria, pues en ausencia de ayudas públicas, la gente debe salir a las calles a buscar su sustento.
Los criterios de selección de comunas parecen más bien destinados a excluir beneficiarios que a incluirlos de modo de generar impacto en el empleo y/o la demanda agregada. Los montos asignados al IFE no generan efectos significativos sobre el empleo y los ingresos familiares, al ser marginales juegan un rol solo en el terreno de la propaganda, pero acrecerán de efectos sociales o económicos significativos.
La clase media ha quedado, en términos prácticos, excluida de recibir ayudas significativas; la definición de quienes califican es muy restrictiva, los montos ofertados muy reducidos y los mecanismos operativos muy complejos.
Para la clase media es central considerar como ingresos que califique a las familias como sujetos de ayuda en base a los ingresos 2020 y no 2019. Las clases medias tenían ingresos a niveles que no les permitían calificar para estas ayudas, pero al perder sus ingresos entre 2019 y 2020, no calificarían si sus ingresos auditables se estiman para años anteriores.
Los montos de la clase media debieran ser revisados en cuanto a montos o al menos igualados a los de los sectores más vulnerables, pero con acceso fluido y universal.
De momento es claro que el anuncio de medidas que benefician a 14 millones de personas es irreal; en materia de créditos a Mipymes estas, de un total de 1,3 millones de empresas, solo presentan 150 mil beneficiadas, de un total de 300 mil beneficiados (la diferencia son medianas y grandes empresas).
Estas cifras difícilmente subirán por sobre las 400 mil empresas adicionales este año; luego no existen 13,5 millones de personas que reciben IFE u otras ayudas relevantes, como se dijo, luego las cifras presidenciales son erróneas.
Los montos restringidos de recursos, las dificultades de acceso y los criterios de definición de beneficiarios, asegura un lento uso de los recursos públicos y altas dificultades para el desembolso de estos, por ende, puede predecirse que existirá sub-ejecución de recursos, presencia de ahorros públicos con relación a los presupuestos definidos y un muy bajo impacto sobre la demanda agregada e ingresos familiares. La situación catastrófica que el gobierno presenta de las finanzas públicas es irreal, lo único que esta amenaza es la decisión de mantener bajo el déficit fiscal, algo asi como preocuparse de la limpieza del uniforme de los marineros durante el naufragio del Titanic.
La única sensibilidad y relajamiento en los aportes fiscales surge cuando se trata de transferir fondos a grandes empresas, usar los recursos del Estado en provecho de amigotes, o salvar de la quiebra a empresas en que, las altas autoridades, poseen intereses financieros, pero que están hoy en mala situación por razones imputables solo a sus gestores.
Continúa pendiente el diseño de un plan que permita la subsistencia de las familias en cuarentenas prologadas, a la espera del efecto de la campaña de vacunación, sin ello se estará desvistiendo un santo para vestir otro y todos los programas gubernamentales orientados a enfrentar la pandemia fracasarán.
La bochornosa tramitación y los miles de reclamos por el bono de clase media, es la estocada final de un gobierno que agoniza en su inoperancia, lástima que las y los ciudadanos no tengamos el poder del mandato revocatorio, tal vez seríamos escuchados ex ante, renta única universal, financiado con parte de los fondos soberanos, audacia en el gasto público para proteger a las familias del pueblo Chileno, así debemos enfrentar la crisis, todo lo contrario que ha hecho este gobierno.
