Por Javier Piedra Fierro, Ingeniero Civil Mecánico de la Universidad de Concepción. Integrante Red de Pobreza Energética. Director Ejecutivo de la Fundación Energía para Todos.
Publicado en Ciper el 15.08.24
Primero fueron las alzas en la «cuenta de la luz», ahora son los prolongados «cortes de luz». Como nunca, la agenda pública de estos meses ha estado cargada de energía eléctrica. El tema incluso llegó a la más reciente encuesta CADEM, con resultados nada halagadores para Enel.
Recordemos que ya en junio había sido noticia el «cascabel al gato» que el Banco Central le puso al tema de la tarifa eléctrica, cuando, a través del IPOM de junio, transparentó las alzas de un 57% al año 2025, provocadas principalmente por la implementación de la ley «de estabilización tarifaria», que, ya sabemos, no cumplirá su promesa [ver columnas previas del autor sobre el tema en CIPER-Opinión]. En julio hubo alzas (20% a 30%), que veremos en las cuentas de agosto, y tendremos otras nuevas en octubre y enero próximos, ambas del orden del 20%.
Se trata de una noticia «en desarrollo», pues aún está pendiente conocer si hay ampliación del subsidio y otro tipo de medidas frente a esta coyuntura acordados por la «mesa técnica» (compuesta por los ministerios de Energía, Hacienda, y Desarrollo Social y Familia junto a parlamentarios de las comisiones de minería y energía de la Cámara y Senado), cuyas sucesivas reuniones aún no arrojan propuestas concretas para efectivamente reducir la tarifa. De hecho, la única propuesta de reducción de un 7% de la tarifa anunciada desde La Moneda el pasado 1 de julio, luego fue profundamente modificada, dejando al gobierno sin medidas concretas para la reducción de tarifas.
En otras palabras, seguimos en las mismas; o, quizás, peor, pues ahora «la luz» no solo sube de precio, sino que también «se corta», y su reposición toma varios días. Tras el frente de mal tiempo del pasado 1 de agosto, y que dejó a más de un millón de familias sin suministro eléctrico, aún quedan algunos miles de hogares que no pueden volver a la normalidad. La respuesta de las empresas ha sido deplorable; especialmente de ENEL, que falseó información a la SEC, no respondía a sus usuarios, no cumplía con los plazos de sus propios planes, y, así, ha mostrado estos días un largo etcétera de cómo no se tienen que hacer las cosas.
Frente a todos estos problemas, desde el Ministerio de Energía nos hablan de multas y compensaciones —bienvenidas, ciertamente—; también de caducidad y estatización. Son discusiones válidas, por cierto, pero que en términos concretos no logran evitar que con la próxima lluvia se vuelva a «cortar la luz».
Ante este panorama hablar de «crisis en el sector eléctrico» no es una exageración, sino que un diagnóstico natural.
Lo primero que se debe tener en cuenta a la hora de pensar en soluciones para la actual crisis son las expectativas ciudadanas. No es difícil saber que la solución que las familias esperan es simple: frenar las sucesivas alzas tarifarias y mejorar el servicio eléctrico.
Como nuestro sistema de distribución eléctrica —fuertemente regulado, debido a su condición de monopolio natural— funciona bajo la lógica de que el «usuario paga todo» (la frase que el ex presidente Piñera acuñó a propósito de la polémica de los medidores inteligentes), las grandes inversiones en infraestructura suponen, sí o sí, alzas en la tarifa. Por otro lado, y según nuestra regulación, hoy en día el Estado prioriza el cumplimiento de la normativa, pero no regula que se realicen las inversiones necesarias para tener redes más resilientes, ni obliga a las empresas distribuidoras a presentar planes de inversión que sean públicos y transparentes, que se puedan fiscalizar, y ante los cuales todo ciudadano sepa en qué se va la plata para mejorar el servicio.
Cualquier medida que se tome debe, como base, aparejar mayor transparencia.
Sabemos que, en términos generales, la «cuenta de la luz» se divide en 70% generación (contratos) y 20% distribución (el resto es transmisión). Si se baja en generación, renegociando los contratos antiguos y caros, se podría abrir espacio para subir en distribución. En un ejercicio matemático simple, si bajamos un 20% en generación, podemos lograr una baja de un 14% en la cuenta; y si, a la vez, subimos un 20% en distribución, aumentaría en un 4% la cuenta, por tanto el resultado final en la cuenta sería de un 10% menos en la tarifa final y mayor disponibilidad de recursos para mejorar las redes eléctricas.
La renegociación de contratos antiguos, caros y fósiles que vengo planteando hace más de un año a través de CIPER como alternativa a la reducción tarifaria, si bien no ha encontrado apoyo en el Ministerio de Energía ni en el gremio de las generadoras (las cuales se han opuesto tenazmente), sí ha sumado cada vez más parlamentarios. El senador Rafael Prohens (RN) se manifestó en esta dirección hace algunas semanas, como también lo hizo el nuevo presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, el diputado Marco Sulantay (UDI). De esta manera, la propuesta que instaló políticamente la transversal «Bancada Eléctrica» hace ocho meses, puede llegar a ser la forma de resolver la crisis en el sector eléctrico.
La empresa ENEL Generación tiene el 40% de la energía contratada este año 2024, pero además su último contrato termina el año 2047, por lo que existiría un gran espacio para renegociar. Además, ENEL sí que sabe de renegociaciones, como lo demostró ya en Colombia, justamente para reducir la tarifa para los ciudadanos. Por otro lado, si se analiza lo que un ciudadano de la Región Metropolitana paga en su «cuenta de la luz», poco más del 50% de esta llega a ENEL, sumando generación y distribución. Entonces, si ENEL quiere dejar de ser solo un problema en esta crisis, podría perfectamente sentarse a renegociar y ser parte de la solución.
Recordemos que tenemos un contrato con ENEL al año 2027 indexado (o asociado) al carbón; o sea, que sube el precio del contrato, y por ende la «cuenta de la luz», si sube el precio del carbón. Pero ENEL ya no produce energía eléctrica con carbón, y entonces le pagamos por un carbón que ni siquiera llega a Chile. Pasa lo mismo con la empresa ENGIE, con la cual tenemos un contrato al año 2032 indexado al carbón, si bien, y a propósito de su plan de descarbonización, para 2025 dejará de producir con carbón (de esta manera, le pagaremos siete años por un carbón que no comprarán).
Esto demuestra que renegociar los indexadores es clave, como, también, que la renegociación puede significar un mayor impulso a las renovables.
Superar la crisis del sector eléctrico tendrá que ser una tarea abordada por todos: gobierno, parlamentarios, empresas y ciudadanía (que es la que al final paga la cuenta). Esperemos que las empresas se abran a realizar lo que normalmente hacen en el mundo privado, que es renegociar sus contratos. Y que, por su lado, el Ministerio de Energía deje de improvisar y plantee soluciones que efectivamente resuelvan los problemas que afectan a las familias en Chile.
