Por Rubens A. Francois Inostroza, Ingeniero Comercial, Economista y socio de Conadecus.
La magnitud del esfuerzo que exigirá la recuperación económica tras la pandemia pone al Estado en un lugar destacado, único e insustituible.
La fase de recuperación, propiamente tal, o sea, volver a lo menos lo que ocurría en los años 2018, 2019, ya es un desafío, donde el sector privado requerirá la dirección del gobierno y un fuerte apoyo fiscal por un tiempo prolongado.
Lo anterior, abre una nueva alternativa de participación del Estado. En efecto, se trata ni más ni menos que de impulsar un crecimiento sostenido de la economía, asociado y orientado prematuramente a enmarcarse en una estrategia de industrialización en la perspectiva de ir migrando el modelo del actual estado subsidiario a uno de un estado emprendedor para responder efectivamente a la posibilidad de aprovechar esta coyuntura y proceso de crisis en una oportunidad para provocar un salto en la manera de crecer y en el nuevo rol que necesariamente debe jugar el Estado para permitirlo y lograrlo.
La tarea es generar certezas, apoyos reales, compromisos con los empresarios y trabajadores para emprender e innovar conjuntamente en un nuevo ciclo de desarrollo económico, que obligue a plasmarlo en un Plan Estratégico que se extienda a lo menos por 5 años.
Planeamiento, que le asegure al país un nivel de inversiones, de capacitación laboral y de incentivos potente, como para alcanzar en un quinquenio una tasa de crecimiento sostenido del PIB de 4% a un 5%, en el marco de un proceso de industrialización con énfasis en las actividades extractivas mineras y en la explotación de los RRNN, con encadenamientos productivos que agreguen aceleradamente valor a los productos y servicios, empleando tecnología de punta, en el marco de una economía que se digitaliza aceleradamente, al tiempo que la globalización va imponiendo nuevas exigencias en el comercio y las finanzas internacionales.
Una nueva Constitución y un nuevo gobierno para el país constituyen el formato obligado en el que se deberá encausar el esfuerzo que necesita Chile para que realmente pueda emprender definitivamente su desarrollo pleno.
La carta de navegación para este impostergable proyecto deberá enmarcarse en un Plan Quinquenal, ajustable anualmente y consistente con el presupuesto fiscal de cada año, diseñado por los actores de la gobernanza en Chile: El Estado, los empresarios y los trabajadores.
Sin embargo, el mayor desafío en el corto plazo será, en primer lugar, contener la pandemia generando las acciones que reduzcan al máximo los contagios y fallecimientos, procurando una inmediata vacunación masiva a la población, sin exclusiones. Ganarle a la pandemia, es una condición, sine qua non, para iniciar sólidamente el proceso de recuperación económica que permita despejar la cancha y proveer un camino confiable, estable y seguro para enfrentar el complejo y desafiante proyecto de un desarrollo sustentable, equitativo y democrático para Chile.
La articulación de un plan quinquenal se deberá apoyar en una voluntad política mancomunada que no excluya a nadie y que cubra a todas las regiones del país.
Será, además, la resultante de un proceso constituyente que ayudará a cambiar la perspectiva y la praxis política actuales por un concepto no sólo moderno sino también más integrado e inclusivo de la sociedad, más solidaria, democrática y que cristalice e incorpore el avance civilizatorio de la humanidad.
La economía del siglo 21 será global, digital y, a la vez, proambiental y con énfasis en el desarrollo humano. La solidaridad y la paz mundial deberán ser los pilares de un planeta que enfrenta su autodestrucción y que no dispone de más tiempo para revertir este proceso.