Por Rafael Urriola U. , Economista U de Chile y magister Economía Pública y Planificación U de Paris X Francia, especialista en economía de la salud y socio de Conadecus
23 de marzo de 2023
Este 22 de marzo se conmemoró el Día Mundial del agua. La mayor parte de la gente no tiene ninguna conciencia de que el agua (la creciente escasez) se está transformando en uno de los problemas más importantes de la humanidad.
Estadísticas internacionales indican que 1,4 millones de personas mueren anualmente a causa de enfermedades relacionadas con el agua y 74 millones verán acortada su vida por el saneamiento y una higiene deficientes. Ciertamente, en Chile la situación es menos dramática, pero en ningún caso despreciable; en efecto, el 8% de la población (1,5 millones de personas) según la encuesta CASEN, viven en hogares sin agua potable. Las tareas de recolección del agua, ancestralmente, ha sido responsabilidad de las mujeres que ante esta carencia recargan los tiempos de trabajo doméstico porque deben trasladar bidones desde lugares, no siempre próximos.
Lo que es peor es que en Chile -el único país del mundo en que el agua incluyendo las napas subterráneas son propiedad privada- se han ido secando ríos y lagos por el cambio climático, la sobreexplotación de la agroindustria y la exacerbación del uso del recurso por parte de las grandes empresas mineras.
La mayor parte de las privatizaciones de las empresas de agua potable se realizaron en los gobiernos de los presidentes Frei Ruiz Tagle y Lagos y no antes, es decir, en el período de la Concertación. El agua potable segura y asequible para todos es esencial para la salud humana y es un derecho humano. El probable racionamiento del agua por una legislación permisiva es una amenaza para toda la ciudadanía. Este peligro estaba claramente expresado en la propuesta constitucional que se rechazó. No obstante, si no se establece en la nueva constitución que “redactan expertos” el acceso al agua como un derecho humano se creará un gran descontento más temprano que tarde.
Actualmente, “el 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivas (no devuelven un caudal al río) se encuentra en manos de empresas mineras y agroexportadoras, mientras que prácticamente el 100% de los derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos (devuelven un caudal al río) se encuentra en manos de transnacionales como ENDESA.” Indica el Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos presidido por el Dr Edgardo Condeza. Asimismo señala que “Es fundamental que en la nueva constitución queden incorporados los sistemas de democracia directa: plebiscitos regionales, nacionales convocados por los ciudadanos y su resultado sea vinculante, la revocatoria de las autoridades elegidas, la iniciativa popular de la ley… así revertiremos situaciones como lo sucedido con el agua; con nuestras riquezas de la naturaleza, y otros servicios públicos…”
Hay aspectos que pudieron estar mal -o confusamente- redactados o explicitados en el texto constitucional que se rechazó pero, en cambio, hay temas que son imprescindibles de transformar para darle una real legitimidad al nuevo texto constitucional. Entre ellos, la salud como derecho; el derecho a pensiones (jubilaciones) dignas; el derecho del sector público de crear empresas que se encarguen de los bienes públicos o comunes; el derecho al agua, entre otros. Sin estas definiciones centrales, el texto constitucional será deslegitimado incluso antes de votarse.
