Por Marcela Romo, Antropóloga, directora de proyectos de Arista Social y socia de Conadecus.
El 23 de enero pasado, luego del estallido social, el gobierno ingresa el proyecto de ley que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural (Bol. 13218-06). Esta iniciativa ha tenido diversas críticas debido a lo extemporáneo de su presentación, y que diversos temas no están bien resueltos como el paso de la Subsecretaría de Pesca a Agricultura. Hoy la tramitación cuenta con suma urgencia, siendo un tema tan delicado el que se está abordando, al reunir en un mismo ministerio el fomento, orientación y coordinación de los sectores agropecuario, alimentario, acuícola, pesquero y forestal del país. Este proyecto traspasa las acciones de fiscalización de la inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano, desde el Ministerio de Salud al de Agricultura (Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)) incluyendo los procesos de elaboración, envasado, etiquetado, conservación y almacenamiento de los alimentos. La propuesta de ley mezcla las actuaciones propias de un ministerio del sector económico orientado al fomento productivo, con las actividades de fiscalización de la inocuidad de los alimentos que son parte de las acciones de protección de la salud.
Dicho proyecto adiciona sin mayor reflexión nuevas funciones al SAG, el que carece de competencias técnicas para establecer y verificar el cumplimiento de las medidas de fomento y la protección de la salud de los habitantes, derivadas de los peligros presentes en los alimentos. Un ejemplo de la falta de visión sanitaria, es que en todo el articulado del proyecto de ley se refiere solo en un artículo a la salud de los consumidores, como si las personas, en tanto se comporten como adquirentes de alimentos, sean objeto de medidas de prevención y protección de la salud. Esto está en concordancia con la visión económica y agrícola de quienes redactaron el proyecto, que en una misma línea del párrafo se refieren en igualdad de prioridad a la salud animal y vegetal. Más aún, en todas las sesiones realizadas para el desarrollo de este proyecto, no ha tenido participación alguna el Ministerio de Salud, correspondiéndole actualmente a este ministerio las actividades de control de la inocuidad de los alimentos y las consecuencias en salud pública. Esto no es extraño porque la existencia de este proyecto no tiene que ver con la protección de la salud sino solo con el fomento productivo.
Esa visión economicista puede tener graves consecuencias para nuestro país. Ejemplos de catástrofes relacionadas con tales prioridades abundan, entre ellos se encuentra la intoxicación masiva con mercurio de la población japonesa en Minamata, más recientemente, el brote de encefalitis espongiforme bovina que afectó a animales y seres humanos en Europa y otras partes del mundo, dioxinas en huevos ocurridas también en Europa y, en nuestro propio país, la situación sanitaria en las llamadas zonas de sacrificio que lo que sacrifican realmente es la salud y años de vida de la población de Puchuncaví, La Greda, Ventanas, Mejillones, Coronel, entre otros.
El ex Ministro de Salud Jaime Mañalich firmó en enero este proyecto de ley, haciendo vista gorda del traspaso de esta función esencial de la inocuidad de los alimentos. Hoy día, con la experiencia de la pandemia de Covid-19, los ciudadanos tenemos claras las letales consecuencias que ocurren cuando los criterios económicos priman por sobre los de salud. Esperamos que los parlamentarios estén alertas y rechacen este proyecto, que solo busca debilitar una vez más la institucionalidad de salud pública del país.
