Por Rafael Urriola de la Asociación APROB | [email protected] y Economista U de Chile y magister Economía Pública y Planificación U de Paris X Francia, especialista en economía de la salud y socio de Conadecus.
Se acaban de publicar los resultados de un estudio a nivel mundial que observó un aumento en la prevalencia de obesidad entre 1990 y 2022[1]. Este estudio -como otros realizados en Chile- concluye que existe una necesidad urgente de prevenir la obesidad, apoyar la pérdida de peso y reducir el riesgo de enfermedad en las personas con obesidad.
No obstante, no todos los medios que actualmente se usan para combatir el sobrepeso son igualmente eficientes. Por ejemplo, Eva Van Steijvoort y Pascal Borry destacan que el uso del Índice de Masa Corporal (IMC) para definir la obesidad, no es un método adecuado porque no distingue la grasa de la masa libre de grasa e ignora otros factores como la edad, el sexo y la raza. Además, el IMC no tiene en cuenta la ubicación, distribución o función de la adiposidad. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud alerta que, ante la creciente demanda de medicamentos para bajar de peso, es crucial priorizar la salud en lugar de fijarse únicamente en el peso. En concreto, los científicos llaman a centrar los diagnósticos en la situación de salud y no solamente en el tamaño corporal que es, más bien, una percepción estética estereotipada.
Los autores del estudio (Phelps et al) replicaron que el IMC y la relación cintura-estatura son en todo caso buenos predictores del estado de hipertensión. El hecho de que el peso sea más fácil de medir que la circunferencia de la cintura en las encuestas de salud de la población y en los centros de atención primaria, hace que el IMC sea una métrica adecuada para la detección y el seguimiento del riesgo asociado a la obesidad, contestaron.
En Chile el flagelo del sobrepeso y obesidad llega al 40% de la población. Las medidas o políticas públicas para enfrentarlo son escasas, aunque algunas de ellas han tenido efectos. Por ejemplo, el etiquetado de productos altos en azúcares o la reducción de la proporción de sal en el pan. No obstante, la obesidad infantil persiste y continúa creciendo porque no existe una decisión combinada y masiva de la Atención primaria de salud y los establecimientos educacionales para enfrentar el problema desde la infancia y con participación de las familias.
La población obesa en Chile aumentó a 6,1% anual entre 2009 y 2016 según las Encuestas Nacionales de Salud del ministerio de Salud. Otro estudio realizado por el Departamento de Economía de la Salud del Minsal, hace una estimación por rango tal que en el escenario más conservador, se estimó el costo en salud atribuible a la obesidad en 1.088 millones de dólares anuales [739.840 millones de pesos], lo que representa un 4,3% del gasto total en salud y un 0,39% del PIB.
Con estos antecedentes, es urgente tomar medidas contra la obesidad porque además de ser sanitariamente urgente podría lograrse ahorros significativos en recursos que son reclamados por la población para otras necesidades sanitarias.
