Académicos y expertos en derechos de consumo analizaron la situación de los consumidores de América Latina y el Caribe ante la llamada “nueva normalidad”, generada por la COVID-19, y sugirieron a los gobiernos tomar medidas para mitigar los efectos de la crisis sanitaria en los sectores más vulnerables de la población.
Entre las sugerencias proponen reformas legales para incorporar medidas extraordinarias, como la regulación de precios aplicables a cuestiones excepcionales, de índole similar a la que presenta la pandemia; e implementar la llamada Renta Básica Universal, que permita, con un enfoque de derecho humano, atender las privaciones que padecen los consumidores.
Para el abogado y exministro de Economía de El Salvador Armando Flores, la realidad no es tan nueva para los consumidores más vulnerables y los que tienen poca capacidad de consumo: “para ellos la crisis económica y sanitaria se expresa en nuevas amenazas a sus condiciones de vida y en la satisfacción de sus necesidades básicas. La nueva realidad para ellos es aumento del desempleo, del costo de la vida, la inseguridad alimentaria y nutricional, más pobreza y más desigualdad”.
En su exposición en un foro auspiciado por el Instituto de Consumo de la Universidad San Martín de Porres, que dirige el experto Jaime Delgado, Flores recordó cifras de la CEPAL que señalan un retroceso de al menos 15 años en la región, donde la pobreza llega a los 231 millones de personas y la pobreza extrema implica una regresión a los años 90, con 96 millones de personas. Adelantó que con esta proyección no se logrará el Objetivo 2 Hambre Cero, planificado en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Los cuatro expertos que participaron en el Foro coincidieron en que lo nuevo en el mundo real es la pérdida del protagonismo del dinero en efectivo, las marcas blancas y propias, la digitalización acelerada, el crecimiento del Comercio Electrónico, lo que supone también nuevas regulaciones de cara a la protección de los datos personales, la privacidad y otros derechos de los ciudadanos relacionados con el mercado de bienes y servicios.
Para el brasileño Marcelo Gomes, académico de la Universidad de Sao Paulo, durante la pandemia el consumidor no ha cambiado, ni han cambiado los proveedores ni los gobiernos en su papel de protector de sus consumidores; lo único novedoso que observa es la forma de pago y una nueva modalidad de exclusión social para aquellos que están fuera del mundo digital y del sistema bancario.
Sugirió leyes fuertes para la protección de la privacidad de los consumidores, evitar la invasión de la intimidad con las ofertas del mercado, evadir las trampas en las cuentas bancarias y los recibos falsos como la novedad de engaño a los consumidores en el comercio digital. “En la pandemia se han acentuado relaciones de consumo por los medios digitales. Los procesos de transformación de las personas son lentos y necesitamos seguir actuando en el sentido de conseguir relaciones de consumo más armónicas y justas”, señaló Gomes.
El doctor Jaime Lorenzini, académico de la Universidad de Chile, explicó las medidas Antiabusos, implementadas por el Gobierno de su país, que protegen la dignidad humana, y sugirió la prolongación de los pagos, una readecuación de los modelos de responder en el sector financiero, debido a las deudas por casos fortuitos como los que presenta la pandemia.
Finalmente, el anfitrión Jaime Delgado se refirió a que los fondos de pensiones se han comprometido en Chile y Perú, lo que estimó como un riesgo y lo atribuyó a que los servicios de salud son excluyentes en nuestros países.
Altagracia Paulino, con una vasta trayectoria a la cabeza de ONPECO, Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor de República Domincana
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