Cristian Apiolaza Acevedo. Abogado, Director Legal de la Fundación Vegetarianos Hoy.
El pasado martes 06 de junio, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputadas y Diputados, dentro de la norma, pero en un tiempo récord, rechazó todas las indicaciones realizadas al Proyecto de Ley Boletín N° 12599-01. Conocido inicialmente cómo el proyecto de ley que buscaba restringir únicamente el uso del término “carne” sólo para las proteínas de origen animal, la verdad es que hoy se ha ampliado sin fundamentos y busca prohibir que cualquier producto de origen vegetal (alimentos en base a legumbres, algas, cereales y semillas, entre otros) sea etiquetado usando términos generales como “hamburguesas” o “salchichas”, entre otros.
A pesar de la solicitud de la diputada Consuelo Veloso (RD) para suspender la sesión y así poder escuchar la opinión del Ejecutivo a través del Ministro de Agricultura y sus agencias técnicas, el Presidente de la Comisión, diputado Juan Antonio Coloma (UDI) siguió adelante manifestando que ya se habían dado suficientes espacios para opinar. De ahí, de las siete indicaciones presentadas, cinco de ellas fueron rechazadas sin discusión (las de las diputadas Gazmuri y Musante) y las otras dos, las presentadas por la diputada Daniela Cicardini (PS) y redactadas por la Fundación Vegetarianos Hoy, fueron declaradas inadmisibles. Ni siquiera se discutieron.
Al voto por el rechazo a las indicaciones del Presidente de la Comisión se sumaron los de Benjamín Moreno (Republicano), Felipe Donoso (UDI), Paula Labra (RN), Jorge Rathgeb (RN), Hector Ulloa (Ind.- PPD) y Gloria Naveillan (Indep – Social Cristiana). El diputado Harry Jürgensen (Republicano), patrocinador del proyecto, a pesar de tener acciones en empresas de producción animal en el distrito al que representa, no se inhabilitó y también voto contra las indicaciones. El único voto del oficialismo a favor del avance de este proyecto fue de la diputada Emilia Nuyado (PS), quien en su intervención se refirió a una supuesta guerra entre “vegetarianos y veganos” contra gente que come carne del centro-sur de Chile. Pero la diputada se equivoca: la guerra es en contra de la seguridad alimentaria de toda la población de nuestro país.
El principal argumento de los patrocinadores de este proyecto, los diputados Harry Jürgensen (Republicanos), Gastón Von Mühlenbrock (UDI), Miguel Mellado (RN) y el ahora senador Iván Flores (DC), es que los productores de alimentos de origen vegetal engañan y confunden de manera flagrante a las y los consumidores; en palabras del senador Flores disfrazan sus productos para “poder atraer a los clientes” (Diario de Valdivia, 8 de agosto 2022). Ni en los fundamentos del proyecto de ley ni cuando se les solicito directamente en la discusión en Comisión, los patrocinadores del proyecto fueron capaces de entregar evidencia sobre esta afirmación. Y esto, porque no existe tal información.
Mientras que en Chile no hay ningún informe que establezca que las y los consumidores se confunden entre alimentos de origen animal y de origen vegetal cuando van de compras al supermercado, por ejemplo, a nivel internacional hay al menos seis informes que establecen que pasa todo lo contrario: EE.UU., 2020; Holanda, 2020; Europa, 2021 (p. 35); España, 2021; Portugal, 2021; y Australia, 2022. Todos estos informes apuntan a que no existe tal confusión y que, además, las y los consumidores necesitan más información en los etiquetados de los productos para evitar cualquier tipo de confusión. Y esta confusión es la que creará este proyecto de ser aprobado.
Pero sus consecuencias en otros ámbitos son incluso peores. Primero, coloca en una posición de desventaja económica al sector productivo de proteínas alternativas, mientras la producción animal queda en una posición privilegiada: en la práctica, una verdadera competencia desleal en términos económicos.
Lo anterior, y, en segundo lugar, es inconstitucional ya que atenta contra los derechos constitucionales a desarrollar una actividad económica (art. 19 n° 21 de la Constitución); a la no discriminación en materia económica, entre otros (art. 19 n° 22 de la Constitución); e incluso, el derecho de propiedad (art. 19 n° 24 de la Constitución) toda vez que se atenta además contra la propiedad industrial e intelectual de los productores de alimentos de origen vegetal
Tercero, en un contexto de crisis ecológica y de problemas en la producción de alimentos en Chile y en el mundo, esta medida limita la innovación y el desarrollo de la producción de proteínas alternativas, principalmente en cuanto a inversión público-privada nacional e internacional. Todo esto mientras la incorporación de la producción de alimentos de origen vegetal es vital en toda política de seguridad alimentaria para la población (cómo recientemente lo ha hecho EE.UU.)
Y cuarto, la aprobación del proyecto coloca a Chile como el país con la norma más restrictiva del mundo hacía la producción de proteínas alternativas, cuestión que afecta la imagen país, principalmente, en el ámbito de la promoción de innovación y desarrollo en el contexto de la producción de proteínas alternativas, su posible exportación y, por sobre todo, la estimulación de la inversión extranjera en Chile en esta materia.
Aún tenemos la oportunidad de rechazar este proyecto y legislar en base a evidencia científica y en función de las necesidades reales de nuestra población, y no a propósito de la desinformación e intereses económicos personales de un grupo de legisladores. Aún podemos evitar la guerra contra la seguridad alimentaria de nuestro país.
