Por Rodrigo Lobos Palacios, Periodista y socio de Conadecus
Cuesta entender la falta de fiscalización permanente que los distintos gobiernos de turno y en particular el gobierno del ex presidente Piñera, han mostrado a lo largo de los años. Los mismos se han hecho patentes con mayor fuerza tras la pandemia y la explosión de precios de los productos desinfectantes, de limpieza y muchos otros de la canasta básica que se dispararon sin razón justificable mas que el aprovechamiento de las grandes cadenas y supermercados.
La falta de dichas fiscalizaciones y la ausencia de un cuerpo legal fuerte que sancione conductas que afectan los derechos de los consumidores buscando una compensación económica y que castigue punitivamente a los responsables de abusos o acciones impropias a su rubro, simplemente nos dejan en la indefensión.
Sabemos que al Sernac se le critica por ser un león sin dientes, que no da abasto para responder a los reclamos, que estadísticamente, no hacen más que aumentar desde que explotaron las ventas por internet y los delivery producto de la pandemia.
Es aquí donde se reafirma el rol de las asociaciones de consumidores, que han sabido dar pelea por los consumidores y sus derechos. No en vano el presidente Gabriel Boric, mencionó en su cuenta pública, que el Sernac se hará parte de la demanda que la Corporación de Consumidores y Usuarios, Conadecus interpuso contra la empresa Metrogas, a raíz de enriquecimiento indebido. Un merecido apoyo y reconocimiento a la primera asociación de consumidores que presentó una demanda colectiva en Chile, nada menos que contra BancoEstado.
Ejemplos sobran y por mencionar una verdadera ironía de nuestra legislación, recordamos el caso de la sanitaria Essal, que vertía aguas no tratadas a los ríos porque la multa salía más barata que el tratamiento de las mismas. A nuestro entender una conducta impropia que debiese ser causal para terminar con la concesión y cuya premisa evitaría dichas conductas anti ecológicas y fuera de toda norma.
Nuestra legislación resulta demasiado permisiva para grupos económicos que prefieren, dado los volúmenes de sus ganancias, pagar las multas dispuestas en la ley chilena, que por lo general, no se condicen con el daño ecológico generado en desmedro de las comunidades, los territorios y el país. Conductas que empresas extranjeras jamás se atreverían a seguir en sus países de origen, producto de legislaciones fuertes que no dudan en sancionar millonariamente e incluso revocar licencias o terminar con negocios que afecten seriamente los sistemas ecológicos y la sociedad.
En dichas sociedades existen cuotas de mercado para que la competencia regule los precios y no se produzcan anomalías propias del acaparamiento de dichas cuotas. Lamentablemente nuestra realidad es diferente y nos enteramos permanentemente de colusiones y abusos que afectan directamente la calidad de vida de los chilenos. La pregunta es si estamos condenados a la ineficiencia del Estado en fiscalizar mínimamente a empresas de interés público, como pueden ser las relacionadas con servicios básicos y por principio monopólicos, como pueden ser los servicios de distribución de agua, luz y gas.
Lamentablemente nos vemos expuestos frecuentemente a los abusos de mercado que se expresan a todo nivel, desde “el rata” que tras una emergencia natural, aparece vendiendo botellas de agua a cinco lucas, hasta las grandes empresas que infringen las leyes a su antojo y juegan al borde de la ilegalidad.
El Estado no logra encontrar la ecuación que le permita respaldar a su gente, si bien se hizo un esfuerzo con la parafina y la bencina, podríamos haber eliminado el IVA a los alimentos considerados básicos y así tender una mano a una gran mayoría que debe hacer milagros para llegar a fin de mes. Nuevamente las familias chilenas están recurriendo a las tarjetas de crédito para pagar la mercadería en el supermercado. Las deudas vuelven apremiar a un gran número de compatriotas y el fantasma de los remates hipotecarios vuelve al acecho.
El punto es que todo está caro y cuando digo todo, es todo: pan, aceite, huevos, carne, remedios, parafina, bencina, arriendos, deudas y un gran etcétera nos dejan sin un peso en el bolsillo y la disyuntiva de elegir comer esto o aquello, generalmente adultos de la tercera edad que sin duda, no lo merecen.
Se culpa a la inflación generada por los retiros y se nos olvida la colusión y falta de ética total de las grandes cadenas de supermercados, que especulan con los precios y no son fiscalizados. El Estado no ha participado de los “acontecimientos” de modo eficaz, de hecho les costó asumir la instalación y flaquearon comunicacionalmente al punto de no comunicar. Un tema no menor si consideramos la responsabilidad que conlleva la conducción de un país fragmentado, con la derecha política -y su campaña del miedo- luchando por defender el rechazo a la nueva constitución, y con ello, evitar que les quiten la torta. Mientras se nos olvida que Chile tiene Litio, el petróleo del futuro.
Pero no perdamos el rumbo, ya pasó con las cajas de mercadería -con productos de marcas poco conocidas- que Piñera le compró a su amigo del grupo Saieh que por ese entonces ya se había declarado en quiebra) otro arreglín que no estuvo a la altura de las necesidades inmediatas de la gente y que se compraron con sobreprecio, una verdadera vergüenza.
Para coronar la jugada, nos enteramos del enriquecimiento indebido que la empresa Metrogas ha usufructuado producto de un resquicio legal que les permitió crear una empresa espejo -Agesa- que actúa de intermediario en la compra de gas natural y que vende a sus propios dueños -Metrogas- con un sobreprecio que luego es traspasado a los consumidores, abultando las ganancias de la empresa en un estimativo de quinientos millones de dólares a la fecha.
El panorama no es auspicioso, la pandemia se recrudece y la inflación no da tregua. Poco ayudan los especuladores y la falta de fiscalización. Sin duda nos falta mucho camino por recorrer para estar a la altura de los nuevos tiempos en materia de políticas públicas que protegen con la debida fuerza los derechos de los consumidores frente al conglomerado de empresas, prestadores e intermediarios. El mercado debe ser regulado, pero mucho más importante, debe ser fiscalizado férreamente. No podemos dejar al libre arbitrio de las empresas el acatamiento de la normativa vigente, es el Estado en su rol de garante, quien debe disponer de los medios y recursos para ejercer dicho control y evitar con ello, las infracciones recurrentes que tanto nos perjudican.
