Columna de Opinión de Andrés Uthoff Académico de la Facultad de Economía y Negocios U. de Chile y co-escrita por Álvaro Gallegos, ex director, vice-presidente y socio de Conadecus. Publicada en El Mercurio el 2 de octubre. https://bit.ly/33DYLia
La publicitada y sorpresiva propuesta del financiamiento de las pensiones a través del IVA es una política regresiva que debe ser rechazada de manera terminante. Tal política infringe un grave daño a la mayoría ciudadana, en especial a los segmentos de ingresos medios y bajos. Además, eleva la incidencia del IVA en la carga tributaria en Chile, la más alta de la OECD.
Dado que los hogares más pobres destinan al consumo una mayor proporción de sus ingresos, no hay debate entre los profesionales de la disciplina económica en cuanto a que el impuesto indirecto al consumo es regresivo.
En la realidad chilena, donde predomina una tasa pareja, ese rasgo es más marcado. De acuerdo a datos del Servicio de Impuestos Internos, el índice Gini de los ingresos de los hogares es de 0,472, pero, medido el mismo índice respecto del ingreso disponible neto del IVA pagado, éste aumenta a 0,544.
Si aumenta la tasa del IVA, el daño a los hogares se produce porque se eleva el precio de todos los bienes y servicios, afectando negativamente su presupuesto. El mayor impacto lo sufrirán los artículos de primera necesidad de la canasta familiar, cuya demanda es inelástica. El ingreso disponible de los hogares vulnerables será el más afectado.
El consumo presente de los hogares se contraerá, como si las difíciles circunstancias de la actual crisis no lo hubieren hecho. Ese sacrificio se haría con la peregrina esperanza de ser compensado en un futuro lejano por una incierta mejoría en el nivel de las pensiones.
Más daño se produce si, se orienta una proporción del IVA pagado por los consumidores hacia las cuentas de capitalización individual. Ello implicaría una afectación de tributos recaudados que presionará las deficitarias cuentas fiscales, junto con restar recursos del gasto público corriente y del gasto social. En ese caso, tales fondos serían desviados a inversiones financieras, domésticas y en el exterior, quedando sujetos a la volatilidad de los mercados.
En ambas situaciones, el resultado concreto sería, por un lado, que los recursos pasarían a incrementar los ya gigantescos fondos de pensiones que administran las AFP. Por otro, el costo de la eventual mejora de sus pensiones recaería en trabajadores activos y pensionados, sea por caídas en su consumo o con cargo a menores transferencias sociales o a servicios públicos deteriorados en calidad y cantidad.
Atendida la elevada concentración de los ingresos de los hogares, donde el decil más rico obtiene sobre un tercio del ingreso total, la regresividad de la medida se expresará en que el mayor costo relativo será asumido por los segmentos más pobres de la población, pero también por las clases medias.
En suma, se trata de una manera encubierta de elevar la tasa de cotización para acumular mayores recursos en el fracasado sistema de capitalización individual, buscando mantenerlo incólume.
El país exige algo muy distinto. Demanda avanzar en una reforma estructural del sistema, eliminando las lógicas de mercado y sentando las bases para una seguridad social pública, solidaria y tripartita que entregue certezas a los trabajadores respecto de sus derechos de pensión
