Por Rafael Urriola U. , Economista U de Chile y magister Economía Pública y Planificación U de Paris X Francia, especialista en economía de la salud y socio de Conadecus.
El conflicto generado por las isapres ha ido escalando en función de la convicción de las instituciones aseguradoras de que el Gobierno debe salir a salvar su funcionamiento tal como lo hizo la dictadura con el sistema bancario en 1981.
Una de las aristas a que han echado mano las isapres es amenazar con presentar una demanda ante tribunales internacionales. La Isapre Cruz Blanca, propiedad de Bupa de Reino Unido, es uno de los holdings importantes del sistema Isapre. En efecto, Bupa tiene, además de la isapre, cuatro grandes clínicas y 27 centros médicos en Chile. Cruz Blanca amenazó con esta demanda basada en el Acuerdo firmado en 1995 entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para la promoción y protección de las inversiones, que es el único vigente entre las partes.
United Health Group, también ha anunciado por la prensa la intención de iniciar un litigio internacional –a través de los mecanismos de resolución de controversias establecidos en el Tratado de Libre Comercio con EE.UU.–, argumentando falta de certeza jurídica para las isapres.
En la actualidad, de las 7 isapres abiertas, Banmedica y Vida 3 pertenecen a la empresa estadounidense United Health Group; Nueva Masvida pertenece al grupo Nexus Partners, que declara sede en EE.UU.; Cruz Blanca al grupo británico Bupa; Colmena pertenece al grupo Bethia y a un fondo de LarrainVial que está vinculado a Falabella; Consalud pertenece a la Cámara Chilena de la Construcción; y, finalmente, la isapre Esencial, que ingresa al sistema en 2022, pertenece a la Corporación Chileno Alemana de Beneficencia (CCAB), institución propietaria de la Clínica Alemana.
Debe recordarse que Nueva Masvida intentó adquirir Colmena, pero la Fiscalía Nacional Económica (FNE) prohibió la operación tras concluir que ella reduciría sustancialmente la competencia en el sector.
Al revisar el articulado del Acuerdo Chile – UK, se verifica que no existe argumento alguno que pueda ser vinculado a un incumplimiento del Estado de Chile. Por ejemplo, en el artículo 2 del Acuerdo se estipula que “… las inversiones de los inversionistas de las partes recibirán en todo momento un tratamiento justo y equitativo…” y que “ninguna de las partes contratantes aplicará medidas injustificadas o discriminatorias… o enajenación de las inversiones efectuadas en su territorio por inversionistas de la otra parte contratante…”.
Agrega el articulado que “en su territorio ninguna de las partes contratantes someterá a los inversionistas de la otra parte contratante a un tratamiento menos favorable que aquel que concede a sus propios inversionistas…”.
Estas son las únicas causales que podrían justificar un litigio en tribunales internacionales. Es fácil concluir que ninguna de estas causales está en la situación actual. Son las isapres las que han cambiado la “reglas del juego” redefiniendo arbitrariamente los planes. Es el Poder Judicial el que ha determinado la ilegalidad de estas alzas tanto para empresas chilenas como extranjeras. Nadie pretende expropiar las isapres. Por el contrario, el problema para el Estado de Chile –que asume la responsabilidad de la salud de su población– es cómo evitar la quiebra empresarial de las isapres y, si esto ocurre, que no perjudique la salud de su población y, para ello, se están examinando alternativas porque las lógicas empresariales de aseguramiento individual no son fácilmente asimilables con las lógicas de seguridad social que tiene el Fonasa de Chile.
La amenaza de las isapres de concurrir a tribunales internacionales no tiene sustento jurídico sino, más bien, se ajusta a una línea de acción comunicacional que trata de colocar a los usuarios detrás de las isapres, en circunstancias que estos usuarios son los únicos perjudicados por la política arbitraria de alza de precio de planes de las isapres.
