Por Javier Piedra Fierro, Ingeniero Civil de la Universidad de Concepción, integrante de la Red de Pobreza Energética, Director Ejecutivo de la Fundación Energía para Todos y docente del Departamento Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción.
¿Qué pagamos cada mes en la llamada «cuenta de la luz»? Frente a las alzas que afectarán desde este mes a los residentes de Puerto Montt, un especialista en temas de energía detalla en esta columna para CIPER los componentes de las tarifas de uso residencial, sus cambios recientes, y lo que a su juicio es una oportunidad para que las autoridades asuman la comunicación de todo aquello como un imperativo de cercanía con la ciudadanía.
Ningún organismo público en Chile tiene la obligatoriedad institucional de informarle a la ciudadanía de manera proactiva ni dar explicaciones sobre el qué, cuánto y por qué paga lo que paga en su «cuenta de la luz» y todo lo que conlleva tener electricidad en su domicilio. Por ejemplo, ¿Quién le explica a lo/as ciudadanos de Puerto Montt que a partir de enero de 2023 su cuenta mensual subirá dos mil pesos? ¿Quién entrega los datos básicos que contextualicen ese nivel de aumento?
En Chile existen procesos claros, metodologías conocidas e institucionalidad suficiente orientados al objetivo final de regular el precio del suministro eléctrico para la población. Existe un sistema de tarificación regulada por el Estado, que en definitiva permite conocer con claridad el rango de precios y el costo final que una familia tendrá que pagar al consumir energía eléctrica en su vivienda. Así, y luego de un montón de cálculos regulados por una normativa nacional, el vínculo cotidiano de la ciudadanía con el mercado eléctrico es básicamente el de un servicio aparejado a un costo por consumo.
Según el estudio «Análisis de las tarifas del sector eléctrico» (CEPAL 2020), el costo final de la electricidad en Chile para uso residencial es el segundo más caro de Sudamérica, luego de Uruguay. En cuanto al gasto en electricidad de los hogares más pobres, Chile muestra la mayor desigualdad de la región entre el primer y último quintil, pues la población con menos recursos gasta porcentualmente el triple respecto de su ingreso en este ítem que los hogares más acomodados. Estos datos generan preocupación a la hora de abordar la Pobreza Energética en Chile, y la necesidad de generar políticas públicas para su superación [ver columna previa del autor en CIPER-Opinión, 26.07.2022]
Si mes a mes pagamos nuestro consumo de electricidad —y, más de alguna vez, lo hacemos con retraso—, pienso que es importante preguntarse: ¿Qué es lo que pagamos? O, ¿por qué pagamos lo que pagamos?. ¿Y quién nos informa, o debiese informarnos, de los cambios en las tarifas?
Si las respuestas a estas preguntas fueran de conocimiento popular, bajo mi parecer tendríamos una ciudadanía más empoderada, que por un lado podría fiscalizar naturalmente a quienes le ofrecen este servicio básico, y por otro ya no sería pasiva ante cualquier cambio que afecte su bolsillo.
1. ¿QUÉ PAGAMOS? Lo que en realidad pagan los clientes residenciales (tarifa BT1, en su gran mayoría; o sea ciudadanos comunes y corrientes) cada vez que pagan su «cuenta de la luz» es la acumulación de varios conceptos, costos y cargos de la cadena de producción completa de electricidad; los cuales se pueden agrupar en tres grandes cargos distintivos:
a) la componente de generación, que es la energía eléctrica que se genera en una represa, termoeléctrica, o un parque eólico o solar;
b) la componente de transmisión, que son las torres de alta tensión que se ven desde caminos, carreteras y también en ciudades, y que cumplen el papel de transportar la energía eléctrica que producen las generadoras a las ciudades;
c) la distribución; o sea, los postes y cables que vemos afuera de las casas, y que hacen que la energía eléctrica finalmente llegue a nuestra vivienda.
d) existe, además, un cargo por la administración del servicio, que es el costo para que funcione el sistema de medición, cobranza, atención al cliente, etc.
Estas componentes se pagan en formas distintas: la mayor parte de la administración del servicio, por cliente de manera mensual (un costo fijo que no varía según el nivel de consumo, que según el lugar del país varía entre $600 y $1.400); para todo el resto se paga un precio por el nivel de consumo («pesos por cada Kilowatts-hora», que es la unidad de medición de la energía). Como puede verse en la siguiente tabla, los precios varían según localidad:
Hablar de gasto-promedio anual es complejo, pues el consumo de electricidad tiene que ver, entre otros factores, con los artefactos eléctricos utilizados y sus distintos usos finales, y la cantidad de personas que habitan una vivienda.
2. ¿POR QUÉ PAGAMOS LO QUE PAGAMOS? El costo de energía eléctrica para los clientes residenciales, según el lugar varía entre el 50% y 65% del costo total de la cuenta de electricidad. La generación es, por lejos, el costo más relevante. El precio se determina gracias a licitaciones públicas realizadas por el Estado, las que finalmente determinan contratos de largo plazo entre las empresas generadoras y distribuidoras para que el costo de la generación sea pagado por los usuarios. Cada licitación genera contratos, algunos con precios altos y otros con precios bajos, con vigencia de por lo menos quince años, y siempre el precio queda estipulado en dólares. Como existen varias licitaciones, y cada una genera múltiples contratos, se realiza un cálculo que promedia todos los contratos, a través del cálculo semestral del Precio de Nudo Promedio, lo que permite saber cuál será el precio de la energía eléctrica en los siguientes semestres.
Pero a esto se suman las leyes aprobadas para estabilizar el precio de la energía eléctrica: «PEC 1: Ley 21.185» (2019) y «PEC 2: Ley 21.472» (2022), las que en definitiva han permitido contener en los últimos tres años el aumento del precio de la energía eléctrica en base a deuda, a cambio de que tampoco baje hasta el 2032. Cabe señalar que la primera Ley llegó este año al techo de la deuda máxima (US$1.350 millones) antes de lo previsto, y que la segunda Ley, aprobada este año, tiene un tope de US$1.800 millones que se debe monitorear constantemente, cosa de no tener que llegar un PEC 3, que nos obligue a seguir manteniendo el precio alto más allá del 2032.
En definitiva, tenemos dos certezas para los próximos nueve años: el costo de la electricidad para los usuarios residenciales no bajará, y el precio estabilizado está en dólares; o sea que, si sube el dólar por cualquier circunstancia, igual puede subir el precio de la energía eléctrica para la ciudadanía (de lo contrario, aumentará la deuda acumulada). Esto último se puede ver de manera muy clara en el siguiente gráfico, que muestra el precio de la energía eléctrica para los usuarios residenciales en dólares y pesos en los últimos años. Allí se logra apreciar un precio en general más o menos estable en dólares, pero una tendencia alcista del costo en pesos, que es el que al final pagamos todos y todas.
PRECIO MEDIO CLIENTES RESIDENCIALES (EN DÓLARES Y PESOS)
Fuente: datos precio medio de mercado de CNE en $ y convertido a US$ elaboración propia.
3. TRANSMISIÓN: EL COSTO DE TRANSPORTAR LA ENERGÍA ELÉCTRICA. El costo del transporte de la energía eléctrica a los lugares de consumo, dependiendo del lugar varía entre el 12% y 15% del costo total que pagamos por el consumo de energía eléctrica. El año 2016 se efectuó la gran reforma a la transmisión, que en definitiva determinó con claridad los diferentes cargos de transmisión que se aplican por el uso de instalaciones nacionales y zonales, entre otras. Además, estableció la manera de remunerar las obras que entran en operación, entre otros elementos a remunerar. Para lo anterior, de manera semestral la Comisión Nacional de Energía (CNE) determina el nivel de precio o tarifa a pagar para remunerar el segmento de transmisión; es decir, determina los «pesos por kilowatt-hora» que se deben pagar al dueño de las instalaciones de transmisión.
Desde fines de 2019, la tarifa de transmisión fue «congelada» por parte de la CNE, manteniendo desde entonces el nivel de precios con algunos ajustes. Pasado el tiempo, se han incorporado instalaciones de transmisión al sistema, y el proceso tarifario llegó a su término, generando saldos de pago de las instalaciones de transmisión, producto de las diferencias entre lo cobrado y lo que se debía cobrar. Todo lo anterior confluyó en que, hace una semana, la CNE, a través de la resolución exenta N°898, decidió que para el siguiente período de cobro semestral (1 de enero 2023 a 30 de junio 2023) se apliquen cambios en las tarifas. Esto hará que la cuenta de la luz suba de manera considerable en algunas zonas del país, mientras que en otras incluso disminuirá. En la siguiente tabla se muestra un resumen de la situación de alzas o alivios en los pagos de algunas ciudades para usuarios residenciales.
4. DISTRIBUCIÓN: LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN TU VIVIENDA. El costo de distribuir la energía eléctrica en la ciudades y zonas rurales del país varía entre el 20% y 35% del costo final de lo que pagamos por consumir electricidad. Este costo aumenta al doble entre abril y septiembre si superamos el «límite de invierno», que es el mayor valor entre el promedio de consumo del periodo de verano (octubre del año previo a marzo del año en curso), incrementado en 20% y 350 kWh. Además, el cobro del «límite de invierno» se activa una vez sobrepasados los 430 kWh/mes, lo cual genera un verdadero castigo por el uso de la electricidad [ver columna previa del mismo autor en CIPER-Opinión, 23.05.2022].
Las empresas de distribución eléctrica, al igual que las sanitarias, son monopolios naturales. Esto no constituye una anomalía, pues difícilmente podemos imaginar una ciudad con muchos tendidos eléctricos o alcantarillados distintos. Sin embargo, en muchas partes del mundo existe una sola empresa dedicada a mantener e implementar los tendidos eléctricos («los fierros»), y múltiples empresas ocupadas en comercializar la energía. Pero en Chile es siempre la misma empresa la dueña de los tendidos eléctricos y la que comercializa la energía eléctrica, y por lo tanto no hay opción de competencia en el rubro de la comercialización.
Como bien indicaba el expresidente Sebastián Piñera hace tres años, a propósito de la discusión del fracasado proyecto de los medidores inteligentes, al igual que en la generación y transmisión, acá «el usuario paga todo». El sistema para calcular los costos de la distribución que pagamos todos y todas, se basa en función del cálculo, cada cuatro años, de los costos de una «empresa modelo»; o sea, que se calculan los costos de una empresa hipotética, ciento por ciento eficiente, con una tarifa final que busca remunerar los costos que son eficientes, y no necesariamente los costos que las empresas incurren en la realidad [MORENO 2019].
El informe que establece las tarifas de Distribución para el cuadrienio noviembre 2020/noviembre 2024, recién ha visto la luz el pasado 23 de diciembre. Dicho proceso no está exento de problemáticas y ya ha acumulado un importante atraso. Por lo anterior, hay que estar atentos al proceso y cómo culmina para los efectos de potenciales aumentos o reducciones de las tarifas.
5. ¿QUIÉN NOS INFORMA, O DEBIESE INFORMARNOS, DE LOS CAMBIOS EN LAS TARIFAS? Todos los cambios de tarifas en Chile son regulados por la Comisión Nacional de Energía, la cual por cada cambio —ya sea en generación, transmisión o distribución— emite una resolución o informes técnicos que derivan en decretos tarifarios del Ministerio de Energía. Pero definitivamente no está entre sus funciones comunicar de manera activa a la ciudadanía.
¿Cuándo fue la última vez que leímos una resolución de la CNE? Probablemente nunca, para un ciudadano común y corriente que no trabaje en el rubro. Pero el Ministerio de Energía tampoco se hace cargo. Si uno revisa el mensaje presidencial para la creación del ministerio en 2009 (Ley 20.402) y los distintos cambios que ha tenido la ley, no encontrará nada sobre la responsabilidad o el deber de informar a la ciudadanía de los cambios tarifarios que nos afectan. En el fondo, no existe obligatoriedad institucional de ningún organismo público de informar a la ciudadanía de manera activa y dar las explicaciones sobre lo que paga y por qué este monto sube o baja para todo lo que conlleva tener electricidad en la casa. Por ejemplo, ¿quién le explica a lo/as ciudadanos de Puerto Montt que a partir de enero de 2023 su cuenta mensual subirá dos mil pesos? ¿Quién entrega los datos básicos que contextualicen ese nivel de aumento?
Si la ciudadanía no tiene acceso a esta información de manera simplificada, y además no comprende las razones de los cambios tarifarios, naturalmente su único vínculo con todo el mundo del mercado eléctrico será solo pagar la «cuenta de la luz». Jamás será un actor relevante para generar cambios, y tampoco podrá opinar de manera organizada para cambiar lo que considere le genere prejuicio. Por otro lado, el Estado, más allá de su rol regulador, en esta relación de la ciudadanía con el mercado eléctrico es un mero observador; no comunica ni da explicaciones a la ciudadanía de los cambios tarifarios que afectan sus bolsillos, y a la vez pierde la oportunidad de comunicar lo que sí está haciendo para mejorar la situación en el plano eléctrico, y de esa manera mejorar la calidad de vida de las personas.
Tengo la impresión de que el Estado no se ocupa de informar de manera activa sobre todo cuando la cuenta de electricidad sube, pues a nadie le gusta comunicar malas noticias ni asumir un costo político por aquello. Sin embargo, ello calienta una olla a presión de disgusto ciudadano; mes a mes, cuenta a cuenta.Pienso que el Ministerio de Energía tiene hoy una gran oportunidad para tomar este tema, atreverse a mirar a la ciudadanía y comenzar a explicar cómo es que funciona el mercado eléctrico. Es un esfuerzo que, a través de una cuenta «de luz» ya incorporada a la ciudadanía, permitirá vincular su amplio trabajo en el área con el aporte de la electricidad sobre las vidas concretas de las familias. En palabras simples, permitirá que la ciudadanía vea al Ministerio de Energía, como una institución que trabaja por mejorar la calidad de vida de las personas, y no como un ente técnico ocupado de temas lejanos que casi nadie entiende.
