Columna de opinión de Mauricio Pavéz Aravena, Presidente Comunal Colegio de Profesores de Maipú y socio de Conadecus, publicada en El Mostrador
Durante todo este tiempo de pandemia se ha generado una discusión artificial malintencionada, en la que se pone a los profesores y profesoras en una falsa postura de no querer volver a clases. Los profesores y profesoras han manifestado en todo momento su deseo y voluntad de atender a sus alumnos en las escuelas en forma presencial, porque ha quedado demostrado que nada reemplaza a la sala de clases, cosa distinta es haber tenido una posición de denuncia de las precarias condiciones de infraestructura de los establecimientos educacionales que quedó al descubierto tras esta pandemia, como parte de la brecha que existe en la atención de estudiantes según el lugar donde viven, los medios y el tipo de escuela donde estudian.
No querer volver a clases, ha sido una insana caricatura que ha servido a la autoridad para enfrentar esta crisis sanitaria escondiendo como siempre la precaria realidad de las escuelas y liceos del país, esas en las que se atiende a los niños, niñas y jóvenes de sectores populares y de mayor vulnerabilidad.
Entonces tanto antes como ahora, la pregunta si los profesores quieren o no volver a sus escuelas es una excusa mañosa y burda que se maneja comunicacionalmente para desviar los temas de fondo.
Lo que corresponde preguntarse es si la autoridad ha dado por superada la pandemia y los riesgos de esta enfermedad, si ha mejorado la infraestructura de sus escuelas y en consecuencia ahora les da exactamente lo mismo los aforos o medidas de prevención, la cantidad de alumnos por sala, y en definitiva si los estudiantes se siguen contagiando de forma leve o más grave, porque al final la ecuación e interés que prevalece es el cuidado y desarrollo de la economía y no la vida de las personas.
Asumir con sinceridad esta decisión y hacerse responsables, sin distorsionar ni construir falsas realidades ni usar los medios para difundirlas, es el verdadero imperativo moral que tiene el gobierno, el ministerio de salud y en la práctica los alcaldes responsables de lo que pasa en cada uno de sus territorios.
