Luego de darse a conocer la denuncia presentada por el Director del INE ante el Ministerio Público, para que se investiguen los hechos que constituirían una supuesta manipulación a las cifras del Índice de Precios del Consumidor, IPC, como Conadecus manifestamos nuestra más profunda preocupación por las irregularidades denunciadas, que de llegar a comprobarse darían lugar a acciones legales para corregir las pérdidas sufridas por las y los consumidoras.
Por una parte, desde esta vereda debemos estimar las implicancias económicas que repercuten directamente en el bolsillo de las personas más vulnerables. Ya que este índice reúne un conjunto de productos y servicios, conocido como “canasta familiar”, y mensualmente se realiza un monitoreo de la variación del precio de cada uno de ellos. En Chile esta canasta tiene más de 300 ítems, todos con distintas ponderaciones, donde se incluyen cosas tan básicas como los alimentos y la ropa, hasta otras un poco más peculiares como entradas al cine, alimentos para mascotas y discos de música.
El IPC es un indicador usado mundialmente para representar la economía interna de los países, ya que no considera los precios de las exportaciones.
Si las manipulaciones denunciadas ocurrieron durante el mes de agosto del 2018, y aparentemente fueron detectadas, y en una suerte de enmienda, ¿se corrigieron en septiembre?, entonces hay varias preguntas:
¿En septiembre se manipuló al alza o a la baja el IPC?
¿El Ministro de Economía, estaba en conocimiento de esta situación? y si estaba en conocimiento,
¿Por qué no tomó las medidas inmediatas?
Esta situación, lamentablemente no es nueva en Chile, algunos estudios realizados en los años ochenta, revelaron que en los tres primeros años de la dictadura de Pinochet se manipuló la inflación para recortar varios índices que parecían preocupantes. Entonces, resulta que las irregularidades denunciadas, ya habrían ocurrido y claramente distorsionaron la realidad de las relaciones de consumo en nuestro país. Y no solo eso, ¿estaremos frente a una forma de modificar la institucionalidad por la vía de la trampa?
La denuncia del Director del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, abre un campo de especulaciones económicas, financieras, legales, y por supuesto que políticas, de las cuales alguien debe hacerse cargo. Por una parte está el Estado y sus agentes, con su responsabilidad extracontractual y las responsabilidades individuales de los funcionarios públicos involucrados, pero cómo hacemos efectivas dichas responsabilidades.
Como Defensores de las y los Consumidoras estamos analizando las alternativas que nos ayuden a compensar por los daños ocasionados por esta ilegalidad, pues una vez más nuestros derechos han sido vulnerados.
