Por Javier Piedra Fierro, Ingeniero Civil Mecánico de la Universidad de Concepción. Integrante Red de Pobreza Energética. Director Ejecutivo de la Fundación Energía para Todos.
Publicado en Ciper el 27.07.2024
Hace meses que se nos anuncian novedades para nuestras cuentas eléctricas. Leemos un día que la «Cuenta de la luz subirá 40%», luego que el «gobierno ingresa proyecto de ley para que no aumenten los precios de la luz» (el que se discutió en el Congreso), y al fin que se «despacha proyecto de ley que crea fondo para estabilizar precios de las cuentas de luz». En muy resumidas cuentas, lo cierto es que, y en base a deuda, en definitiva se logró contener el aumento inminente del costo de la energía eléctrica —que se transa en dólares— y esta será pagada por las y los habitantes de Chile una vez que el precio de la energía esté más bajo por la entrada de más energías renovables; esto se estima para el año 2027. Esto implica que estaremos pagando tal deuda hasta 2032.
El proyecto de ley para la estabilización de precios ya fue aprobado. Destacamos el rol del Congreso por haber logrado instalar la necesidad de un subsidio para la población más vulnerable, así como la implementación de una mesa de trabajo que tendrá por objeto evaluar la implementación del beneficio.
Pero, sobre todo, nos parece interesante que por primera vez una ley chilena incorpora el concepto «pobreza energética». En términos muy simples, la pobreza energética es la relación de las personas con la energía, vista desde el acceso, la calidad y equidad.
¿Tienes electricidad? Es casi seguro que sí (la tiene un 99,6% de la población chilena).
¿Calefacción? Un 17,8% de los hogares urbanos del país no la tiene, de ningún tipo.
¿Agua caliente? En la ruralidad, la respuesta del 28,6% es que no [datos del Ministerio de Desarrollo Social, 2017].
Y, a continuación, la pregunta de rigor es: ¿te alcanzan tus ingresos para pagar la electricidad, gas licuado, parafina, leña, etc.; o sea, toda la energía que consumes?
La respuesta determina el nivel de pobreza energética en cada hogar. Su consideración por parte de la autoridad permitirá diseñar políticas mejor ajustadas y de directo beneficio a las personas más vulnerables del país.
Apareció por primera vez en nuestra institucionalidad el concepto de pobreza energética en la política energética del año 2016 («Energía 2050»), cuyo lineamiento n° 11 disponía: «definir el concepto y medición de la pobreza energética, con el objetivo de establecer políticas específicas para su reducción». Al año siguiente, nació la «Red de Pobreza Energética», plataforma de colaboración transdiciplinaria, que comienza a generar discusión y posicionar la pobreza energética como factor relevante para la disminución de la desigualdad a nivel país. A comienzos de 2022, el Ministerio de Energía publica el documento «Acceso equitativo a la energía sostenible», que es un muy buen trabajo y posiciona la equidad como un valor.
Si revisamos algunas cifras del consumo energético en una vivienda chilena vemos que solo el 22% corresponde a energía eléctrica. El 78% restante es energía térmica y se desglosa en: 53% para calefacción o climatización al interior de una vivienda; 20% para agua caliente sanitaria; y 5% para cocinar [In-Data, CDT, 2019]. De esta manera, lo más relevante es saber que el consumo de electricidad, y sus costos asociados, siempre dependerán en primera instancia de los artefactos eléctricos que se usen y el tiempo de uso, siendo los calefactores eléctricos los que más consumen. Por otro lado, la electricidad, al ser más cara que el resto de los energéticos —para que decir la leña—, genera un gasto considerable en el hogar (un 47% del gasto total de energía) [Ibid.].
Y, entonces, ¿quien más tiene, más consume?
No necesariamente es así. El nivel socioeconómico de cada hogar influye, pero lo determinante es la cantidad de personas que allí habitan y consumen. Así, podemos ver que en Lo Espejo o San Ramón el consumo promedio es mayor que en Ñuñoa o Providencia, o que un cliente promedio de Peñalolén consume más que uno de Las Condes. Los niveles de hacinamiento se relacionan directamente con el consumo, y las personas cuyas viviendas comparten medidor (o sea, que son el mismo cliente para la empresa distribuidora) suman su consumo y quedan expuestas a que se les aplique lo que en este mismo sitio hemos llamado el «castigo del límite de invierno» [ver nota previa en CIPER del mismo autor; 23.05.2022].
Fuente: Elaboración propia en base a (Comisión Nacional de Energía, 2022), (INE, 2017), (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2022) y (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2022). El «porcentaje viviendas comparten empalme comuna» se construyó bajo el supuesto de que las viviendas que comparten cliente lo hacen de a 2 viviendas por cliente.
En un contexto de crisis climática, la pobreza energética también tiene un fuerte vínculo con la energía eléctrica, pues si aspiramos a sistemas de energía con cero CO2 se impone la «electrificación generalizada del sistema energético, incluidos los usos finales» [ver informe 2022 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático – IPCC]. En un contexto como el nuestro, el cambio a electricidad en el uso de artefactos que utilizan combustibles fósiles, como una estufa a gas o parafina, inevitablemente aumenta los costos. Todo esto se suma a un problema estructural en Chile: un 63% de las viviendas no está aislada térmicamente [Ministerio de Energía, 2022]; o sea, el calor no se retiene en las viviendas y se pierde al exterior fácilmente.
**********
Un estudio 2020 de CEPAL para Latinoamérica certifica que «los hogares urbanos más pobres son los que más gastan en electricidad. Pero en el caso de los países bajo análisis, se observan diferencias bien marcadas, lo cual está íntimamente relacionado con los diferentes niveles de subsidios que cada uno de ellos ha implementado». Esto es evidente en Chile, donde tal desigualdad se ve claramente al observar la diferencia de consumo energético entre cada quintil [gráfico siguiente]:
>GRÁFICO: Participación porcentual del gasto de electricidad en el gasto total por quintil – Área urbana (en porcentaje)
Por esto, si se implementan subsidios y otros tipos de ayuda a los hogares, es importante formular las preguntas correctas: ¿cómo se mide la pobreza energética?; ¿qué tipo de subsidio es más correcto implementar y cómo?; ¿a quiénes se busca beneficiar y cómo se les seleccionará (por consumo o por selección administrativa)?
También considero relevante no abandonar per se lo que ya tenemos, como la potestad para subsidiar el consumo eléctrico que permite el artículo 151 de la Ley General de Servicios Eléctricos. Un subsidio mal diseñado puede afectar el comportamiento de los usuarios de manera negativa, existiendo probabilidad de «derroche de energía», más aún en el contexto de crisis climática, en el que es muy importante entregar señales claras para que los usuarios consuman energía de manera responsable.
Desde un punto de vista político, conviene observar la experiencia de Magallanes. A través del subsidio que allí entrega el Estado al gas, estamos diciendo que como sociedad entendemos la dura realidad del extremo sur del país, y que el apoyo a sus ciudadanos cabe dentro de un contrato social que no puede romperse (basta recordar las movilizaciones de 2011 en la región. En definitiva, la correcta implementación es un problema político que puede acarrear costos o enormes beneficios dependiendo de su implementación (en tal sentido, es comparable a lo sucedido con los retiros previsionales).
Pronto comenzará a funcionar la mesa de trabajo dictaminada por ley para evaluar la aplicación de un nuevo subsidio a la energía eléctrica en Chile. Aquellas organizaciones que estamos en permanente atención y búsqueda de soluciones para enfrentar las brechas de acceso a energía de calidad esperamos que el trabajo colaborativo entre los ministerios de Energía, Hacienda, y Desarrollo Social y Familia, en conjunto con la comisión de Minería y Energía del Senado, entreguen las pautas necesarias para superar la pobreza energética y contribuir a disminuir la desigualdad estructural que mantenemos.
