Álvaro Gallegos, economista, exsuperintendente de Pensiones y exvicepresidente de Conadecus. Experto en materias de regulación financiera, trabajó en la Superintendencia de Bancos y fue asesor del Ministerio de Hacienda para la promulgación de la ley de bancos de 1997.
No habrá ningún efecto negativo relevante en la liquidez o en la solvencia de las compañías de seguros de vida por el retiro de 10% en trámite legislativo. Al contrario, tiene el potencial de mejorar los índices patrimoniales de las aseguradoras si la reducción equivalente de activos y pasivos se gestiona de modo de obtener un mayor margen financiero.
La industria puede cubrir holgadamente el retiro, cuyo monto total esperado ha sido estimado por la CMF en US$ 1.666 millones. En un escenario alternativo que plantea la misma CMF, el retiro total podría alcanzar cerca de US$ 2.869 millones, monto representa poco menos del 5% de la cartera de inversiones agregada.
Estimaciones razonables señalan que las aseguradoras disponen de un flujo de vencimientos y activos de fácil liquidación en el mercado por un monto superior a US$ 4.000 millones, de modo que es posible generar la liquidez requerida sin pérdidas por realización ni afectar el patrimonio de las compañías. Para las compañías, el retiro supone reducciones equivalentes en el activo y en el pasivo.
Se trata de una devolución de prima pagada que se financia con la disminución proporcional de la cobertura, operación que nada tiene de inusual en el mercado. En el caso del prepago de créditos de consumo, si la prima de los seguros asociados ha sido enterada de forma anticipada, se devuelve al deudor la prima pagada por la cobertura que ya no es necesaria. Similar es la situación en los seguros totales cuando el asegurado renuncia a la cobertura.
En rentas vitalicias, se venderían activos de la cartera y se reduciría la obligación de pago al asegurado. El capital no es tocado y, dado que se trata de montos equivalentes, no hay efecto en la solvencia patrimonial de las compañías.
Por otra parte, la cartera de obligaciones incluye una proporción significativa de contratos antiguos. Esas rentas vitalicias fueron comprometidas a tasas del orden de 4% real o superior, las que más que duplican la tasa actualmente vigente. Así, el retiro se transforma para las compañías en una oportunidad de aumentar el alicaído margen financiero entre su cartera de activos y su obligación de pago de rentas vitalicias.
El retiro permitiría a más de 630.000 pensionados bajo modalidad de renta vitalicia solicitar voluntariamente un anticipo del flujo de pagos contratado con las respectivas compañías de seguros. Dado que el monto mensual promedio de las rentas vitalicias es de $ 300.000, el sacrificio en la pensión será del orden de $ 30.000. Este menor flujo debe ser comparado con un retiro promedio del orden de $2,1 millones, recursos que los pensionados podrán destinar a cubrir sus necesidades inmediatas.
La decisión es de los asegurados y, en su calidad de ciudadanos investidos de la libertad de contratar en el mercado, no hay fundamento para negarles la opción de resolver por sí mismos
