Organizaciones sociales y de pueblos indígenas cuestionan la Ley de TV digital

Organizaciones de sociedad civil mediante comunicado público expresaron su preocupación que después de cinco años de un largo debate legislativo, donde se prometían cambios profundos en cuanto a la calidad y diversidad de los contenidos, pero que queda en deuda.
Por su parte la Coordinadora Latinoamericana de Comunicación de los Pueblos Indígenas, CLACPI, planteó que la ley no fue consultada y dará paso a que la regulación de la libertad de expresión quede en manos del mercado, y es además una ley fue consultada como establece el Convenio 169, por lo que piden que sea reformada.
Organizaciones de la sociedad civil y de pueblos indígenas cuestionaron fuertemente la nueva ley de televisión digital que la Presidenta Michelle Bachelet promulgó este jueves en el Palacio de La Moneda, normativa que establece el cambio desde la tecnología analógica a la digital para las transmisiones de televisión en un plazo máximo de cinco años.
La mandataria destacó que “es una ley que permite al país dar un salto enorme en materia de televisión, incorporando los medios tecnológicos que hoy día están disponibles en el mundo.  Esta transformación es aún mayor que aquella que marcó el paso de la televisión de blanco y negro a color hace tres décadas, porque en el mismo espectro en el que hoy se transmite un canal de televisión, en el nuevo sistema digital, se podrán transmitir hasta seis, ampliando la posibilidad de canales de una manera no vista en Chile”, señaló.
Sin embargo, mediante declaración pública las organizaciones hicieron importantes reparos a la normativa recién promulgada indicando que “la ley no promueve la participación de los pueblos originarios, ni apoya un verdadero desarrollo de la televisión regional, menos aún la comunitaria y local”.  Así como que la información recibida por la mayoría de los chilenos sobre la tramitación, se hizo sin un verdadero debate público, como sí lo ha habido en otros temas relevantes para el país.
Aspectos que preocupan
Entre los aspectos que preocupan a las organizaciones, es que con la mencionada ley se elimina el Fondo de Antenas y producto de ello, no habrá dinero público para apoyo en infraestructuras a canales comerciales medianos o pequeños, para canales sin fines de lucro (comunitarios u otros) o que se encuentren en zonas extremas apartadas o con dificultades de cobertura.
La ley tampoco establece cuotas de pantalla para la producción audiovisual independiente o externa a los canales de televisión.  Además, proyectos comunitarios y de pueblos originarios quedarán sin posibilidades reales de emergencia o sustentabilidad, ya que no contarán con ningún apoyo específico para poder incorporarse al nuevo sistema televisivo, pese a ser los que presentan mayores condiciones de precariedad económica y reconocimiento institucional y á que el proyecto hoy ley no apoya ningún cambio a esta condición, indican.
 
Agregan que “no hay planificación para la adjudicación de concesiones de televisión, la ley contempla la incorporación de nuevas concesiones regionales, locales y comunitarias, educativas y culturales (40% del espectro para todas ellas) pero se ha legislado sin saber cuántas de cada una de este nuevo tipo de concesiones existirán. Además falta de articulación entre contenidos y cobertura de canales locales y regionales”, sostienen.
Pueblos indígenas sin consulta y excluidos
En los cinco años de debate, Clacpi denuncia que solo “se consideró tibiamente las voces de los pueblos originarios del país”.  Recuerdan que en el año 2012 dicha instancia hizo presente al Congreso Nacional que la TV Digital impactaría directamente y de modo específico a los pueblos indígenas, en sus derechos culturales y de comunicación, y que el debate de la ley debía transformarse en una gran oportunidad para crear condiciones para el pluralismo cultural en el país, recordando el mandato de la UNESCO, relativo a que “la migración a la TV Digital no se trata sólo de un cambio tecnológico sino que también de una oportunidad para comprender la TV desde una mirada de derechos ciudadanos y colectivos”.
CLACPI subrayó la importancia de garantizar el acceso de los pueblos indígenas al espectro radioeléctrico, y a contar con canales de TV digital propios, así como que los medios públicos y privados transmitan programación audiovisual indígena.  Se trata de propuestas fundadas en la propia Ley indígena 19.253, el Convenio 169 de la OIT, los Pactos de Derechos Humanos, y en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  Por otra parte, el proyecto de ley de Televisión Digital debió ser consultado con los pueblos indígenas, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT, sin embargo, no se hizo.
Jeannette Paillan Coordinadora General de CLACPI, quien entregó personalmente una carta a la presidenta con las observaciones, dijo que la Ley de Televisión Digital debe ser reformada con una perspectiva de pluralismo cultural y democrático.  “Tal como valoramos el reciente anuncio de fortalecer la conectividad de las comunidades indígenas, por medio del Fondo de Telecomunicaciones, asimismo, esperamos la implementación de un plan de radiodifusión indígena con financiamiento para el periodo 2014-2016, comprometido por el Estado de Chile ante el Comité Para la Eliminación de la Discriminación Racial ante las denuncias mapuche realizadas en el año 2013”, finalizó la cineasta.
Declaración de las organizaciones sociales, ciudadanas y comunitarias sobre la promulgación de la Ley de TV digital en Chile.
Las organizaciones venimos  trabajado hace años por una televisión más democrática, participativa y de mejor calidad para todos los chilenos, queremos declarar lo siguiente, en relación a la promulgación de la ley de TV digital.
Vemos con preocupación que después de 5 años de un largo debate legislativo, se publique una ley que en un principio prometía cambios profundos en cuanto a la calidad y diversidad de los contenidos del principal y más influyente medio de comunicación, pero que queda en deuda con esa promesa. Esta legislación podría haber generado una profunda reforma al sistema televisivo nacional, incorporando a personas e instituciones que hoy no tienen cabida en la TV. Es así como esta ley no promueve la participación de los pueblos originarios, ni apoya un verdadero desarrollo de la televisión regional; menos aún la comunitaria y local.
También lamentamos que esta ley, que regula la principal fuente de información de la mayoría de los chilenos, se haya hecho sin un verdadero debate público, como si lo ha habido para otros temas relevantes para el país.
Entre las cosas que más nos preocupan de la ley recién promulgada destacamos:
Con esta ley se elimina el Fondo de Antenas y producto de ello, no habrá dinero público para apoyo en infraestructuras a canales comerciales medianos o pequeños, ni tampoco para sin fines de lucro (comunitarios u otros) o canales que se encuentren en zonas extremas apartadas o con dificultades de cobertura.
La ley no establece cuotas de pantalla para la producción audiovisual independiente o externa a los canales de TV. Los actuales concesionarios no son partidarios de crear cuotas, pero tampoco de abrir segundas o terceras señales (con la consecuente infravaloración del espectro radioeléctrico otorgado).
La tecnología de la TV digital permite desarrollo de herramientas interactivas, que pueden ser muy útiles para la educación o la inclusión de personas con discapacidad, pero esta ley no las considera.
Proyectos comunitarios y de pueblos originarios quedarán sin posibilidades reales de emergencia o sustentabilidad, pues no contarán con ningún apoyo específico para poder incorporarse al nuevo sistema televisivo, pese a que son los que presentan actualmente mayores condiciones de precariedad económica y reconocimiento institucional y el proyecto de ley sigue sin apoyar ningún cambio a esta condición.
Un plan de espectro oculto al debate público y sin garantías para la reserva de espectro. No hay planificación para la adjudicación de concesiones de televisión, la ley contempla la incorporación de nuevas concesiones regionales, locales y comunitarias, educativas y culturales (40% del espectro para todas ellas) pero se ha legislado sin saber cuántas de cada una de este nuevo tipo de concesiones existirán.
Falta de articulación entre contenidos y cobertura de canales locales y regionales. Actualmente,  las  definiciones  que  hace  la  ley  de  canales  de  TV  nacionales, regionales y locales, operan únicamente en base a un criterio técnico: el alcance de la zona de cobertura. Se pierde así la oportunidad de establecer por ley otras diferencias más profundas, en base a la relación entre los contenidos y los territorios.
Esperamos que en la aplicación de la ley se tomen en cuenta todos estos aspectos y se abra por fin un debate público en el que puedan participar las organizaciones ciudadanas, académicas, los realizadores audiovisuales, los sindicatos de profesionales ligados al medio, los canales de TV nacionales, regionales, locales y comunitarios y por supuesto el Estado, a través de las instituciones correspondientes.
Mientras, seguimos esperando que se cumpla aquella promesa de “más y mejor televisión para todos”.
Instituciones que firman esta declaración: Mesa de ciudadanía y TV digital:  ICEI de la Universidad de Chile – Colegio de periodistas – AMARC – ACCIÓN (Asociación chilena de ONGs) – La morada – Observatorio ciudadano –  Observatorio de medios FUCATEL – Red de medios de los pueblos – Red de televisiones populares – Señal 3 La Victoria – Sindicato del cine – Movimiento Por una TV educativa.
CLACPI – CONADECUS.
Foto Clacpi: Jeannette Paillan entrega observaciones a Presidenta Bachelet
Por Elías Paillan C.-
Observatorio Ciudadano, 23 Mayo, 2014