Los diputados Daniel Farcas (PPD), Gonzalo Fuenzalida (RN), Felipe Letelier (PPD), Alejandro Santana (RN), Fernando Meza (PRSD), Enrique Jaramillo (PPD), Manuel Monsalve (PS), Claudio Arriagada (DC), Juan Luis Castro (PS) y Joaquín Tuma (PPD), acogieron las ideas presentadas por Hernán Calderón, presidente de CONADECUS relativas a la libre competencia y presentaron un proyecto para solicitar la reforma del Decreto N°211 que regula estas materias.
La moción fue aprobada por 63 votos a favor, 7 en contra y 23 abstenciones en la Cámara baja, con los cual los diputados aprobaron el proyecto de resolución N° 297, que solicita a la Presidenta de la República modificar el Decreto Ley N° 211 de 1973, cuyo texto refundido se encuentra establecido en el DFL 1 del Ministerio de Economía de 2005.
Los parlamentarios afirmaron que la legislación presenta problemas derivados del régimen actual de control de concentraciones, el cual a todas luces y en vista de la situación actual de comportamiento de nuestro mercado nacional, resulta insuficiente. Por ello es que en la presente iniciativa buscan fortalecer la fiscalización, la competencia de diversos actores del mercado y los derechos de los consumidores.
La propuesta plantea establecer la consulta obligatoria al Tribunal de la Libre Competencia, para que se pronuncie siempre que fusiones de empresas provoquen una concentración de mercado superior al 25%.
Además, que se establezcan penas aflictivas a los integrantes de los órganos de administración de una empresa que hayan contribuido en el desarrollo de prácticas contra la libre competencia.
También se llama a establecer la prohibición a las empresas proveedoras para sugerir o condicionar que se establezcan precios de venta al consumidor final; y que los proveedores y distribuidores que abastecen al pequeño comercio al detalle no puedan discriminar precios por el volumen de compras y, en todo caso, las condiciones de venta incluyendo precios y costo del crédito si los hubiera, no podrán significar un recargo de más de un 10% sobre los precios por volumen entre grandes y pequeños compradores.
“Se debe establecer un nuevo marco normativo en relación a las sanciones aplicables, en que las multas se fijen siempre en directa relación con el daño causado, para generar un efecto disuasivo”, agrega el texto.
Por último, se llama a dotar expresamente al Servicio Nacional del Consumidor de legitimidad activa para denunciar al Tribunal de la Libre Competencia todas las conductas monopólicas u oligopólicas que perjudiquen a los consumidores, y regulación del Interlocking, la como lo viene promoviendo CONADECUS.
Por Laura Medel
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19 Dic 2024
