Políticos llamaron a aprobar modificaciones para sancionar colusión

Repudio generó en la ciudadanía el fallo que absolvió a los 10 ejecutivos de las empresas Fasa, Cruz Verde y Salcobrand. Más aún al conocerse que fue el Presidente Ricardo Lagos quien propuso en el año 2003 que los llamados delitos de “cuello y corbata”, es decir la colusión, sólo fueran sancionados con multas de carácter administrativo, cuando estos antes contenían penas de cárcel efectiva.
De esta manera argumentó también Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile, Conadecus, quien responsabilizó a Lagos de esta absolución: “la legislación del gobierno del Presidente Lagos que cambió esta legislación permitió que no puedan ser sancionados con cárcel, se cambió por infracción y por lo tanto son solamente multas”, indicó.
La absolución en el caso Farmacias, desató el descontento en las calles de Santiago, donde hubo manifestaciones en rechazó al veredicto del tribunal.
Dictamen que el abogado de la Fundación Sol, Benjamín Sáez, en conversación con el “Tema del Día” de nuestra emisora, calificó como “preocupante”, debido a que no ha habido voluntad política en legislar sobre la materia.
Sáez sostuvo que de esa falta de voluntad se podría inferir que las empresas farmacéuticas aportan a las campañas políticas de los legisladores: “Uno perfectamente podría poner en duda que ciertos actores del mercado farmacéutico están influyendo o no en la legislación y este es un tema sobre el que el país debiese tener gran preocupación”.
Desde el Congreso, el Senador Guido Girardi hizo un mea culpa sobre el rol que tuvo el poder legislativo en la modificación de la ley en 2003, que permitió que los delitos de colusión no fueran más sancionados de forma penal.
Además, Girardi atribuyó la inmovilidad del Congreso a la existencia de “lobby” por parte de las cadenas, tal y como sucedió con las tabacaleras: “Yo creo que ha existido siempre, como las tabacaleras”, puntualizó.
También desde la Cámara Baja hubo críticas al fallo entregado por la justicia. La diputada socialista, Maya Fernández expresó que con este veredicto la ciudadanía queda desprotegida: “A algo más de dos años desde que la Corte Suprema condenara a las tres cadenas de farmacias, con este veredicto absolutorio se configura una lamentable realidad que sólo afecta a los consumidores, una vez más”.
La parlamentaria (PS) agregó que es necesario que se avance de forma concreta en el proyecto que está en la comisión de Economía y que establece un tipo penal específico de colusión, sancionando con penas de cárcel de entre 5 años y 1 día a 10 años y de inhabilidades de 5 años para ejercer cargos públicos, de director o gerente en empresas del Estado y en sociedades anónimas abiertas, así como cargos directivos en asociaciones o colegios profesionales, que incurran en ese delito.
“Este proyecto, que actualmente está siendo votado en particular en la Comisión de Economía de la Cámara, es muy relevante. La criminalización de la colusión permite disuadir y sancionar como corresponde una práctica que es inaceptable y que perjudica especialmente a consumidores y a empresas de menor tamaño. Las altas sanciones son el único incentivo posible para que los ejecutivos, que son los que toman las decisiones al interior de las empresas, puedan comportarse de acuerdo con la libre competencia”, explicó la diputada.
En tanto, desde la otra vereda, el senador de Renovación Nacional, Alberto Espina, culpó al gobierno de “frenar” una iniciativa que fue aprobada por el Senado en septiembre de 2009 y que contiene una pena de cárcel para este tipo de delitos, aunque menor a la que figura en la iniciativa que se debate en la Cámara Baja: “Nuestro proyecto de ley establece una pena de tres años y un día a diez años a quienes celebren o ejecuten acuerdos contrarios a la libre competencia con uno o más de sus competidores para fijar precios de venta o de compra de bienes o servicios en uno o más mercados, limitar su producción, dividir, asignar o repartir zonas o cuotas de mercado”, explicó.
Espina sostuvo otro punto que también contiene el proyecto que está en trámite en la comisión de Economía: “Simultáneamente el proyecto establece como sanción la inhabilitación absolutamente temporal para ejercer el cargo de director, gerente o administrador de una sociedad mercantil y el cargo de director en una sociedad gremial y profesional”
El senador de RN aseveró que se comunicó con el presidente de la comisión de Constitución del Senado, el socialista Alfonso de Urresti para despachar la iniciativa.
Teniendo en cuenta los antecedentes que existen sobre la mesa, además  del voto disidente del Juez Flores, la Fiscalía buscará, luego que se conozca la sentencia el 28 julio próximo, la nulidad de esta. Además, uno de los abogados querellantes en la causa Jorge Mario Saavedra, también haría lo mismo: “Claramente, rotundamente, estas personas participaron en el delito tipificado en el 285, están las pruebas y la prueba misma está basada y va a ser el mismo criterio que tuvo el juez para condenarlo, la sentencia del juez Flores que es brillante”.
Pese a estos antecedentes, el ministro de Economía Luis Felipe Céspedes, sólo criticó el veredicto que dejó en libertad a los 10 ejecutivos de FASA, Salcobrand y Cruz Verde, pero no se manifestó sobre la necesidad de darle urgencia a algunos de los dos proyectos que tipifican el delito de colusión.
 
Fuente: RadioUChile