Durante la última década, el valor del gas licuado sufrió un fuerte incremento en Chile. Diferentes factores explican el alza de precios, pero la falta de regulación a las empresas distribuidoras es uno de las más importantes y que incluso llevó a pronunciarse a la Fiscalía Económica Nacional.
Según los datos entregados por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), en plena pandemia de COVID-19, el valor del balón de gas licuado catalítico de cinco kilos tuvo un precio promedio de 11.082 pesos chilenos (13 dólares) en la Región Metropolitana, cifra considerablemente mayor a los de 5.770 pesos chilenos (7 dólares) que tenía en agosto de 2010.
Esta alza significativa del valor del gas ha impactado fuertemente en la vida de los ciudadanos chilenos. El alcalde de la comuna de Pudahuel, al poniente de Santiago, Ítalo Bravo, comentó a Sputnik que “el precio del gas afecta directamente a las vecinas y vecinos de los barrios como este, pues es un elemento vital como lo es el agua, la electricidad”.
“Entendemos que se cocina con gas, se hierve el agua, en invierno muchos vecinos, sobre todo personas mayores se calefaccionan con este elemento. El alto valor del gas es un golpe directo a los bolsillos y a la calidad de vida de los habitantes de las comunas como Pudahuel”, agregó.
¿Por qué aumentó el valor del gas en Chile?
Fue la Fiscalía Nacional Económica la que elaboró un informe que dejó de manifiesto que tanto el gas licuado y el gas natural tenían precios superiores a los que deberían existir.
El fiscal Ricardo Riesco detalló a la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados el pasado 12 de octubre de 2021 que cada año los consumidores pagan en total, de manera agregada, 181 millones de dólares de más por el gas licuado que se consume en Chile, mientras que por el gas natural el sobreprecio ronda los 78 millones de dólares.
Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), explicó a Sputnik que la distribución de gas licuado prácticamente no tiene regulación de precios y quedó expuesto a la oferta y la demanda.
El presidente de la Conadecus señaló que “hasta los años 90 la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP), abastecía a Chile con más del 90% de la distribución del gas. Luego, la distribución se comenzó a privatizar y dejó abierta la posibilidad de que las empresas pudieran importar gas y, además, estas empresas tenían relación con las plantas de gasificación. Toda la infraestructura que hay para este mercado, transporte, envasado, todo estaba en manos de tres empresas: Gasco, Abastible y Lipigas”.
La Conadecus interpuso una demanda contra Gasco, Abastible y Lipigas el pasado 11 de noviembre, en representación de todos los consumidores de gas licuado del país, que son más de siete millones de usuarios y sus familias.
La organización presidida por Calderón señaló en un comunicado que “desde 2014 y hasta la fecha, esas empresas han efectuado un aprovechamiento económico masivo y billonario, usufructuado de la baja sostenida en los costos de ese insumo, ocultándose a los consumidores y, por el contrario, han llevado adelante una práctica sistemática de alza de sus precios de venta al público, efectuando cobros indebidos de aproximadamente 181 millones de dólares anuales”.
Según Conadecus, las empresas mantuvieron “al alza los precios del gas, por un afán de lucro insaciable, pese a que los costos a los que ellas accedían experimentaron una caída sistemática”.
La iniciativa Gas Popular
Durante agosto de 2021, ENAP vendió el kilo de gas licuado a 556 pesos, por lo cual un cilindro de 15 kilos costaba 8.340 pesos (10 dólares). Abastible, Gasco y Lipigas llegaron a cobrar 21.500 pesos (27 dólares) por el mismo balón a la comunidad.
Producto de la considerable alza de gas y el encarecimiento de la vida en Chile, una treintena de alcaldes a lo largo del país levantaron la iniciativa Gas Popular, por la cual se establece que los municipios sean quienes compren el gas a ENAP para distribuirlo directamente a la comunidad.
El alcalde de Pudahuel Ítalo Bravo explicó a Sputnik que la iniciativa de Gas Popular surgió de propuestas municipales para combatir el alto precio del gas y que los vecinos pudieran obtener descuentos al momento de comprar los cilindros.
“La Fiscalía Nacional Económica investiga una posible colusión, al igual como lo hace la Cámara de Diputadas y Diputados. En esos términos, nació la iniciativa de Gas Popular como una alternativa para descomprimir el mercado y desde lo público buscar una alternativa que le haga competencia al comercio y que evidencie finalmente cómo es que lucran, cómo es que indiscriminadamente adicionan un valor al gas”, dijo Bravo.
La propuesta levantada por diferentes municipios fue declarada inconstitucional por la Contraloría General de la República bajo la afirmación de que “las municipalidades no poseen facultades legales para vender gas licuado”.
Ítalo Bravo comentó respecto al dictamen de la Contraloría que “se declara inconstitucional, puesto que estamos regidos por una constitución que tiene cerrojos, que le impide a lo público competir con lo privado, que ha permitido que lo privado esté por sobre lo público y que cuando compiten lo hacen en desigualdad de condiciones”.
A pesar del revés sufrido por el dictamen, los alcaldes y alcaldesas que conformaron la Asociación Nacional de Municipalidades para la Energía y el Combustible a Precio Justo exigieron al Congreso una ley corta que les permita vender el gas a sus vecinos. El proyecto fue declarado admisible y espera ser discutido y votado por el Parlamento que asumirá el 11 de marzo.
Al mismo tiempo, el Gobierno, siguiendo las recomendaciones de la Fiscalía Económica Nacional, ingresó el pasado 10 de enero el proyecto de ley que regula el mercado del gas para beneficiar a millones familias. El texto tiene tres ejes centrales: reestructuración del mercado de gas licuado envasado, garantizar acceso abierto al mercado de gas natural de red y perfeccionamiento de negocios entre empresas relacionadas.
Reportaje de Alexis Polo publicado en Sputnik
