Mario Ybar A.
Fiscal Nacional Económico (S)
En relación con el artículo publicado ayer, titulado “Fiscalía Económica descarta que integración entre isapres y clínicas genere prácticas anticompetitivas”, aclaramos:
La resolución a la que alude dicho artículo cerró una investigación iniciada a partir de tres denuncias que imputaban conductas exclusorias a determinadas isapres. Las denuncias acusaban a estas de favorecer a los prestadores con los que están verticalmente integrados, en desmedro de centros con los que no presentan vínculos de propiedad.
Dichas denuncias -circunscritas a prestadores de la Región Metropolitana- fueron analizadas en particular, concluyéndose que ninguna de ellas reunía los requisitos necesarios para ejercer acciones ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
En ningún caso el archivo de tres denuncias concretas podría interpretarse como un pronunciamiento de la FNE respecto del modelo de integración vertical en el ámbito de la salud previsional. Tampoco significa que la FNE descarte que la “integración vertical entre isapres y clínicas genere prácticas anticompetitivas”, como se señala en la edición del día de ayer.
El modelo de integración vertical presenta diversas eficiencias, por el ahorro de costos de transacción y disminución del riesgo moral. Y presenta también riesgos competitivos: No solo el riesgo de exclusión de competidores no integrados, materia de las denuncias, sino que también, como señala el informe “Mercado de la Salud Privada en Chile”, encargado a la Universidad Católica de Valparaíso, que la propiedad común de aseguradoras y prestadoras genera una alineación de incentivos entre ambas que distorsiona la función de agencia que el seguro está llamada a cumplir: representar a la colectividad en la negociación y compra de prestaciones de salud.
Sopesar esos riesgos y eficiencias, a objeto de establecer la mejor política pública en la materia, es una tarea que requiere de una visión general de la que carecen las investigaciones particulares efectuadas por la FNE, y que por lo mismo está en las manos del legislador y del regulador sectorial.
Fuente: ElMercurio
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19 Dic 2024