Presidente Nutre Chile: La deuda del Estado con los proveedores de Junaeb es de $ 66 mil millones

Darío Calderón es el presidente de la Asociación Gremial Nutre Chile, que reúne 14 empresas proveedoras del Programa de Alimentación Escolar, de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb). El grupo representa el 70% de las firmas que participan en esta licitación, la más grande del país y que entrega 2 millones 400 mil raciones diarias. Actualmente, las empresas enfrentan una indagatoria de la Fiscalía Nacional Económica luego de que la Junaeb denunciara faltas a la libre competencia. Además, algunas de estas compañías son investigadas por el Ministerio Público por presuntos delitos. En esta entrevista Calderón cuenta su visión de lo que está ocurriendo y alerta sobre uno de los más grandes problemas que están enfrentando.
¿Qué ha hecho el gremio frente a las acusaciones que enfrenta?
Contamos con una estricta guía de competencia y un Código de Ética. Por eso no hacemos defensas corporativas y colaboramos estrechamente con las instituciones pertinentes cada vez que se nos pide. Las empresas del gremio que han sido nombradas en distintos hechos, deben aclarar individualmente esas situaciones, mientras que el gremio se aboca al resguardo de la alianza que ha formado.
¿No ve incompatibilidad en que empresas que compiten estén en la misma mesa de un gremio?
Este gremio surgió hace ocho años, cuando las empresas proveedoras se vieron en la obligación de demandar al Estado por incumplimientos de contrato de Junaeb. Además, esa vez identificamos una serie de problemas comunes que ponían en riesgo la continuidad del programa. Así surgió la necesidad de profesionalizar el trabajo, desde el mundo privado, para proyectarlo en el tiempo.
Junaeb pidió a la Fiscalía Nacional Económica que las investigara porque pueden existir elementos que atenten contra la libre competencia, acusando que las empresas están relacionadas y concentran el mercado. ¿Es así?
Niego enfáticamente cualquier tipo de colusión o coordinación (entre las empresas del programa de alimentación). Esta asociación gremial no se presta para eso. Jamás ha habido una concertación de precios. Lo único que hay es una asociación gremial que se reúne para discutir mesas técnicas y que todas entregan transparentemente a la autoridad. Nos reunimos y detectamos problemas comunes.
¿Nunca vio algo irregular en la Junaeb o en las empresas, que hubiera algún tratamiento especial o extraño hacia alguna?
Nada. Nunca he tenido conocimiento de absolutamente nada de eso. Pero porque tampoco nos corresponde. Yo soy el presidente, junto con el gerente general, Eduardo Barbé Ilic, no tenemos ningún interés directa ni indirectamente en ninguna empresa. Y por eso es que nos mantienen en nuestros cargos. Nos juntamos fundamentalmente con los gerentes técnicos y les consultamos por sus problemas. Reclaman que hay una alta concentración de empresas en una zona, pero para poder resistir que no se paguen $ 22 mil millones por mes necesitas empresas sólidas.
¿Cómo es eso de resistir un mes con ese déficit?
En la actualidad tenemos el gravísimo problema de que la Contraloría aún no toma razón de la licitación adjudicada en enero y cuyos contratos fueron firmados en marzo. Esto significa que en un tercio del país las empresas han sostenido el servicio de alimentación de manera íntegra de sus propios recursos. A la fecha la deuda del Estado con los proveedores es de $ 66 mil millones. Son prácticamente tres meses, cada mes las empresas han puesto $ 22 mil millones de su bolsillo. Pero esta situación no resiste. Normalmente se demoraba 45 días en tomar razón, pero ahora ha sido el doble. Quiero poner el grito de alerta: esta es una situación dificilísima, gravísima y no quiero que se culpe a los concesionarios.
¿En qué sentido?
Nosotros no participamos en la redacción de las bases de la licitación. Nosotros nos ceñimos a las bases, presentamos nuestras ofertas, se nos adjudicó por la autoridad competente y si la Contraloría se está toman este tiempo, probablemente es porque encontró algún tipo de problema en las bases. Nosotros oportunamente reclamamos por estas bases ante el Tribunal de Compras, quien no accedió a suspender la licitación, pero esa reclamación sigue abierta. Reclamamos porque había muchas cosas que eran absolutamente inconexas, como la manera de evaluar la situación financiera, que tenía que ser más precisa. Hubo más empresas que recurrieron al tribunal, cada una por su cuenta. No quiero que esto se entienda como que nosotros tenemos un manto de impunidad, aquí hay cero manto de impunidad. Nosotros estamos en contra de la corrupción, en contra de cualquier asomo de irregularidad, pero el no pago a las empresas es un problema real que afecta a los niños.
A principios de año acusaron “linchamiento público”, acusando que la Junaeb estaba tratando de “meterlos a todos en un mismo saco”.
Absolutamente. Se cuestionó a todo un gremio y se olvidó todo el aporte que se ha hecho por irregularidades que, a lo mejor, acontecieron, pero que aún no está acreditado que así sea. Se afectó a la industria. Estamos pagando ‘justos por pecadores’. Nosotros queremos que se investigue lo que sea necesario y si hay responsables que los encuentren.
 
Fuente: LaTercera