Álvaro Gallegos fue el primer superintendente de Pensiones del Gobierno actual. Dejó su cargo a los pocos meses de asumir, dañado por su ácida labia contra las AFP y por algunos antecedentes que lo vinculaban con el caso Inverlink de comienzos de la década pasada.
Desde entonces ha aparecido en algunos eventos públicos y ha dado varias opiniones a medios. Sin embargo, esta semana estuvo presente en las dos jornadas del encuentro organizado por la Superintendencia de Pensiones en conjunto con el Ministerio de Trabajo y la Subsecretaría de Previsión Social, instancia que congregó a diversos centros de estudio y pensamiento.
Gallegos no solo fue parte de los asistentes sino que realizó una presentación en nombre de la Fundación Chile 21, junto a Rafael Urriola.
En esa condición y siendo parte de mismo panel en que participaba Libertad y Desarrollo, el economista revivió su dura retórica, haciendo particular alusión a la Presidenta Bachelet, a propósito de las características y el reajuste del Sistema de Pensiones Solidario (SPS) anunciado por el Ejecutivo recientemente.
Tablas de mortalidad
Su primera crítica fue a la idea planteada por Bachelet en agosto pasado de unificar las tablas de mortalidad entre hombres y mujeres, pues hoy estas últimas, al tener una expectativa de vida mayor, deben distribuir sus ahorros en un periodo más largo después de la edad de jubilación que los hombres, lo que significa casi un 15% menos de pensión en promedio para las mismas.
Bachelet anunció que unificarán las tablas, pero Gallegos cree que debe hacerse en forma segmentada por nivel socioeconómico, puesto que las personas de mayores ingresos tienen mayor expectativa de vida y, a su juicio, significaría que las de menores rentas subsidien a las de ingresos más cuantiosos. Sería “extremadamente regresivo”, apuntó.
Y, junto con ello, se mostró contrario a hacer dicha unificación dentro del sistema de capitalización individual. “No tiene sentido hacer esta unificación en el sistema de cuentas individuales, porque se pondría un impuesto al hombre para pasárselo a las mujeres. Si se entrega bono a la mujer entiendo que el costo fiscal no es sustentable”, señaló.
Pero sus dardos más duros apuntaron al Pilar Solidario, su estructura, incentivos y, en particular, al alza anunciada por el Gobierno vía presupuesto.
“El Pilar Solidario tiene un factor asistencial que es bastante humillante. No sé si alguno ha tenido la experiencia de escuchar a alguien que ha postulado. Demora seis meses. Le entregan documentos y cuando es muy viejito debe ir con alguien, porque no puede moverse o firmar. Es súper humillante y no puede ser asistencial, debe ser un derecho”, lanzó.
Tras realizar su propuesta de reforma, que incluye instalar un pilar de reparto que se financie por distintas vías, elevando de inmediato las pensiones y, según Gallegos, sin requerir mayor gasto fiscal, fue consultado por el director de Libertad y Desarrollo, Luis Larraín, para que explicara mejor por qué es más sostenible financieramente el sistema de reparto que el de capitalización individual, pues, a su parecer, dicha conclusión “fue un poco apresurada”.
Gallegos respondió aludiendo a la crítica hecha por algunos integrantes de la Comisión Bravo que apoyaron la propuesta B, inclinada a levantar un pilar de reparto paralelo al actual de cuentas individuales, en el sentido que el Ejecutivo nunca dio espacio para que se estudiara el financiamiento de la misma.
“La propuesta B no tiene cálculo porque el Gobierno se ha negado hacerlo, así es que el que le pidan a un modesto instituto de pensamiento… lo agradezco (la pregunta), porque pedimos al Gobierno que financie estas corridas y simulaciones”, dijo.
De paso, y a propósito de lo complejo de estos estudios, lanzó otra crítica en relación con las tablas de mortalidad que fueron modificadas en 2014, luego que él dejara la institución a mediados de ese año. “Cuando planteamos la reformulación de las tablas, dijimos que es medida de mediano plazo porque es complejo. Cuando hicieron tablas de 2014 se demoraron más de un año, porque es un trabajo complejo y tuvieron que hacer filtros, y tengo serias dudas de cómo se hizo, pero da lo mismo”, disparó, agregando que de hecho en Chile nunca se han efectuado estudios de expectativas de vida distinguiendo niveles socioeconómicos.
Pero el ex superintendente no eludió la pregunta de Larraín y respondió que se trata de dos sistemas “paradigmáticos”, en que el de capitalización individual que rige en Chile, “que es una particularidad”, se sustenta en los retornos que pueden obtener los ahorros invertidos en el sistema financiero. “Eso puede funcionar en otro momento de la economía mundial, pero cuando tenemos en países desarrollados la discusión sobre políticas de tasas de interés cero o negativas, quienes pierden son los ahorrantes, que acumulan para pensiones en particular. Este modelo chileno basado en ahorro no tiene ese drama, porque se ajusta por bajas pensiones (ahorrar menos tiene una pensión más baja) y pasa el costo del problema al fisco”, sostuvo, apuntando al hecho de que el sistema de reparto permite dar certezas al ahorrante de que recibirá una pensión digna.
A propósito del mayor gasto fiscal que implica tener un sistema de pensiones como el chileno, Gallegos lanzó una ácida crítica a Bachelet por el nivel de la Pensión Básica Solidaria (poco más de $ 90 mil) y el Aporte Previsional Solidario (APS), que complementa marginalmente las pensiones de quienes alcanzan estas autofinanciadas, con tope de $ 250 mil.
“Por eso (por el problema de gasto fiscal para subsidiar las bajas pensiones del sistema de capitalización individual) tuvimos esta cosa medio forzada que entregó el ministro (de Hacienda, Rodrigo) Valdés, de elevar 10% el Pilar Solidario que, la verdad, en la parte alta, significa un apoyo mínimo. Las PBS reciben un 10% más y el APS recibirá solo 3% más y va a ser perverso, porque alguien que ahorró más (que lo requerido para la PBS) va a recibir menos, todo lo contrario de lo que los defensores de sistema dicen de premiar el ahorro y el esfuerzo. Pero, cuidado, que perjudicamos a los que se retiran y quieren el excedente de libre disposición, porque requiere al menos 63 millones de pesos, que es lo que financia una AP más. Pero como el promedio de acumulación es 19 millones en mujeres y 44 millones en hombres, lo alcanza poca gente. Ya es un esfuerzos enorme trabajar años, para vivienda, salud, vestuario, universidad y que, además, les digas que no se pueden quedar con su plata”, criticó.
Su cuestionamiento subió de tono al analizar la realidad que enfrentan los que quieren jubilarse pero deben esperar a cumplir la edad de 60 años, en mujeres, y 65, en hombres, para recibir los aportes del SPS.
“Cuando una mujer acumula a los 60 años un promedio de 19,1 millones de pesos, esa mujer va a recibir una pensión autofinanciada de 70 lucas. Le dicen ‘pero no hay problema, tiene PBS’. ¡Si supiera la Presidenta Bachelet que esa persona que se está jubilando hoy y va a pedir PBS le dicen ‘cumple (los requisitos)’, pero le dicen ‘faltan cinco años, porque es 65 para arriba’, eso es una bofetada! Si no abrimos la mente, estamos poniendo en riesgo todo”, sentenció.
En su cierre ante la pregunta de Larraín, Gallegos dejó una idea para el bronce, a propósito del desafío que tienen quienes desean sostener el sistema de capitalización individual sin reconocer la necesidad de dar un salto importante en pensiones.
“En tiempos de Franklin D. Roosevelt, que quería cambiar las cosas… un señor millonario mormón en Utah decía a la audiencia empresarial: ‘Nosotros, los capitalistas, debemos determinar cuánto debemos pagar por mantener el capitalismo’. Y esa es la pregunta que debieran hacerse hoy los dueños de las AFP: ‘Cuánto debemos pagar para mantener este negocio brillante desde el punto de vista privado’”.
Fuente: ElMostrador
